En los últimos años, mucho se ha hablado de la transformación digital de los gobiernos locales en México. Sin lugar a duda, ha habido avances importantes en ciudades capitales como Monterrey, Guadalajara o Mérida, que han logrado digitalizar trámites, implementar sistemas de datos abiertos y generar ecosistemas tecnológicos que mejoran la calidad de vida de su población. En el caso de Monterrey, este proceso fue impulsado con visión y determinación por la administración encabezada por Luis Donaldo Colosio Riojas, quien convirtió la innovación tecnológica en un eje transversal de su gobierno y en un ejemplo nacional de cómo utilizar la tecnología para acercar el gobierno a la ciudadanía.
En la sultana del norte, se pudo construir una agenda digital local porque existieron condiciones favorables: voluntad política, escala metropolitana, universidades, talento humano, aliados estratégicos y, sobre todo, acceso a apoyos financieros y técnicos. Esa combinación permitió avanzar con fuerza. Pero esa no es la realidad para la mayoría de los municipios del país, ni del estado de Hidalgo.
Para aterrizar en nuestro contexto, hoy más que nunca debemos preguntarnos: ¿cómo se está midiendo el progreso digital en los municipios hidalguenses? ¿Qué se está haciendo haciendo para reducir la brecha entre municipios como Pachuca, con algunos avances, y otros como Eloxochitlán, Nicolás Flores o Pisaflores, que enfrentan rezagos históricos en infraestructura, conectividad y capacidades técnicas?
No se debe permitir que el desarrollo tecnológico aumente la desigualdad territorial en un estado tan diverso como Hidalgo. Si se mide el avance solo por cuántos trámites están en línea o cuántas dependencias municipales tienen redes sociales activas, corremos el riesgo de generar una falsa percepción de modernización.
Una verdadera política digital para Hidalgo debe partir del principio de equidad. Se trata de diseñar mecanismos de acompañamiento técnico, contar con fondos específicos para la digitalización local, formar talento en tecnologías cívicas desde y para el estado. Y, sobre todo, de hacer de la digitalización una política de Estado, no solo una ocurrencia de administraciones bien intencionadas.
Los municipios hidalguenses necesitan herramientas reales para transitar hacia la era digital. Herramientas adaptadas a su realidad, escalables, sostenibles. Necesitan saber que no están solos. Que existe una visión de gobierno que entiende que digitalizar no es solo subir trámites a una página, sino garantizar derechos: derecho a la atención eficiente, a la transparencia, a la participación ciudadana y, sí, también, a la justicia territorial en el acceso a las tecnologías.
A casi la mitad del año 2025, estamos frente a una oportunidad histórica para cerrar la brecha digital en los 84 municipios de nuestro estado. Para lograrlo, es indispensable diagnosticar, planear, presupuestar y evaluar con seriedad. Lo que no se mide, no se corrige. Lo que no se acompaña, no avanza. Lo que no se prioriza, se pierde.