El pasado miércoles 04 de agosto, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció la demanda que se presentará por parte del Estado Mexicano ante la corte federal de Boston, Massachusetts, en contra de Fabricantes de Armas del país vecino, Estados Unidos.
La intención de este acto jurídico por palabras propias del Canciller Marcelo Ebrard, tiene la intención de buscar una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que de acuerdo a estimaciones de la Cancillería podría alcanzar el 2% del PIB de México. También se demanda que estas poderosas empresas de fabricación, incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que estas sean usadas por personas no autorizadas. Estas peticiones derivan de las estadísticas presentadas por el Gobierno mexicano en las que afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17,000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas vienen de Estados Unidos.
Esta demanda lleva una preparación aproximada de dos años y busca fortalecer los estudios, programas, campañas y otros eventos que ya se realizan entre ambos países, todos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ya ocasionan más daños en México.
Es importante no dejar de lado que el país vecino se rige bajo enmiendas de las cuáles una de estas de manera particular la número dos hace referencia a la posesión y portación de armas. Así, Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego, por lo que será importante dar seguimiento al proceso de esta demanda ya que probablemente influya en la decisión final.
Por lo anterior, las grandes empresas fabricantes como era de esperarse, ya se manifestaron al respecto entre ellas La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), respondieron a la demanda y señalaron al gobierno mexicano de ser el responsable del crimen organizado desenfrenado en el país. “El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF. “Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”,
Finalmente podemos visualizar un proceso de gran trascendencia para México en el que sin duda se busca controlar y reducir la fuerza del crimen organizado, pero también el Gobierno de México tendrá que continuar reforzando los mecanismos y estrategias y tendrá que estar preparado para seguramente recibir un proceso similar en el que se pida controlar el tráfico de drogas a Estados Unidos en el cual se estima que los estadounidenses aportan a los carteles mexicanos entre 120 y 145 mil millones de dólares al año por la compra de este producto, problema de gran trascendencia para el país vecino. Estemos pendientes.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.