De acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos, el Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Un Decreto es un documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales por lo que representa el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo.
El día de ayer jueves 29 de julio el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su mañanera el impulso que dará la próxima semana mediante Decreto Presidencial para que los presos federales por delitos no graves con más de diez años sin sentencia, los mayores de 75 años, los de 65 años con enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión, diabetes, padecimientos renales, entre otros. y los torturados sean liberados. Señaló que todos los que estén en prisión, independientemente de la edad y el delito, y se compruebe mediante el protocolo de Estambul que fueron torturados, serán puestos en libertad.
El protocolo de Estambul aprobado por la ONU en 1999, proporciona el primer conjunto de directrices reconocido internacionalmente para los médicos y abogados sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada y como documentar los síntomas, por lo que la documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal. El Protocolo de Estambul se ha convertido en un instrumento crucial en el esfuerzo global para acabar con la impunidad de los responsables.
Si bien durante los próximos días, este Decreto será un tema de discusión de la diferente clase política, medios de comunicación y hasta académicos, la realidad es que este proceso que tiene como límite el 15 de septiembre para llevarse a cabo por palabras del propio Presidente, se convierte en una esperanza para algunas personas privadas de su libertad que están conscientes de vivir en un país en el que hasta el día de hoy la impunidad sigue latente, la violación de derechos humanos persiste y el fortalecimiento de las instituciones para garantizar en estos casos el denominado “debido proceso”, sigue verdaderamente como una deuda histórica para los mexicanos, mucho más que otros temas que recientemente hemos visto avanzar en las legislaturas de diversos estados incluyendo Hidalgo.
Actualmente se encuentran alrededor de 100,000 personas privadas de su libertad, sin recibir una sentencia, por lo que de este sector se realizarán las evaluaciones correspondientes para garantizar que cumplan las características incluidas en el Decreto.
Actualmente las condiciones dentro de las cárceles se mantiene en un nivel considerado como pésimas condiciones de vida de casi un cuarto de millón de presos: hacinamiento, falta de atención médica y la necesidad de apelar a los familiares para garantizarse la alimentación más básica forman parte de una tendencia que se ha profundizado en los últimos diez años, por lo tanto la administración de justicia también presenta graves deficiencias, desde las dificultades para investigar delitos complejos hasta la violación de las garantías legales. Es realmente inadmisible que en un periodo de 10 años, las personas no hayan podido recibir una sentencia derivado de diversos factores que se traducen en dos términos, corrupción e impunidad.
Este Decreto, permite cuestionar realmente a las autoridades, ¿Cómo va el trabajo en materia de impartición de justicia? ¿Cómo va el control de la corrupción? ¿Cómo vamos con la Impunidad? pero sobre todo ¿Qué están haciendo las autoridades al frente de las instancias correspondientes para garantizar el debido proceso? Seguramente en los próximos días seremos testigos a través de los medios de comunicación de una gran cantidad de historias de personas que serán beneficiadas con este Decreto y que contarán la infinidad de sucesos que tuvieron que pasar, para que llegará este día, el de su libertad.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.