En Ixmiquilpan estallará un conflicto social en las próximas semanas, en caso de que el gobierno no asuma su función de garantizar seguridad a los habitantes del Valle del Mezquital.

El Tribunal Electoral de Hidalgo dio el primer paso hacia este escenario, luego de anular la elección de presidente municipal del pasado 18 de octubre y desconocer a Vicente Charrez como alcalde electo.

La Sala Toluca puede confirmar en las próximas horas la sentencia de los magistrados electorales, lo cual significará agravar el ambiente político en el municipio, donde un plantón permanece en la sede del ayuntamiento.  

También es probable que los magistrados revoquen la sentencia de la presidenta magistrada María Luisa Oviedo Quezada y devuelvan la alcaldía al Partido del Trabajo, lo cual, no es imposible, derivado del historial de correcciones que ha sufrido el tribunal local.

Ya en campaña, los magistrados comandados por Oviedo Quezada desconocieron las candidaturas de Ricardo Baptista, en Tula, y José Gerardo Olmedo Arista en Cuautepec, quienes a su vez, revivieron a través de sendas sentencias de la Sala Toluca y ahora tienen la posibilidad de ser regidores en sus respectivos cabildos.

Cualquiera que sea el sentido de la próxima sentencia de los magistrados, es necesario que los operadores políticos del gobierno dejen las charlas de café y empiecen a tender lazos para extender el periodo de funciones del concejo interino, en el supuesto de que no haya alcalde electo el próximo 15 de diciembre en Ixmiquilpan.  

Esto, para evitar un vacío de gobierno, de confirmarse la elección extraordinaria en mayo o en junio, no solo en este municipio, sino en Tulancingo, Huejutla y Acaxochitlán. 

Aunque poco, hay tiempo para evitar la intervención de la fuerza pública, como en Atitalaquia hace 14 años, cuando una sentencia del tribunal electoral federal dio el triunfo al PRI y provocó que los panistas tomaran la alcaldía para impedir la toma de protesta.

¿Y EL PRESUPUESTO 2021?

Solo unos cuantos saben los montos a detalle del presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, ya que transcurridos ocho días que los diputados locales aprobaron el paquete hacendario, en ningún lado han sido publicados sus anexos.

Por tanto, hasta el momento la sociedad desconoce el monto exacto del recorte presupuestal por cada uno de los 84 municipios del estado y cómo esta situación afectará la realización de obra pública.

Tampoco es público el dinero destinado a cada una de las secretarías para determinar si hubo incremento o disminución en los recursos que ejercerán el próximo año.

Si tenemos como antecedente que los diputados locales crearon un fondo de obra pública para unos cuantos y selectos municipios, o inventan conceptos que antes no estaban contemplados y después argumentan un error de redacción, este hermetismo resulta por lo menos sospechoso.

El hecho de que los legisladores aprobaran sin objeciones y rapidito el proyecto de presupuesto es un motivo más para desconfiar de los términos en que haya sido modificado en la Comisión de Hacienda.