La Secretaría de Salud de Hidalgo no ejerció 31 millones 661 mil pesos del programa de atención y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la cuenta pública 2019.
El 15 de enero de este año, la dependencia estatal reintegró a la federación 26 millones 358 mil; y el 31 de marzo devolvió 5 millones 177 mil pesos, lo cual suma 31 millones.
El programa fue signado entre el gobierno federal y el anterior secretario, Marco Antonio Escamilla Acosta, por un total de 145 millones 727 mil pesos. Esto, sustituye el componente Prospera y es ejercido a través del Instituto de Salud para el Bienestar.
La finalidad es garantizar el acceso a los servicios de salud que demanda la población sin seguridad social, preferentemente en regiones con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH).
En cambio, la Secretaría de Salud de Hidalgo contrató a 246 trabajadores para la prestación de servicios de este programa, pero la auditoría detectó pagos en exceso, por lo que la dependencia reintegró 2 millones 366 mil pesos.
La ASF revisó 16 contratos de obra que se adjudicaron por licitación pública nacional, de los cuáles sólo se localizó en el padrón de contratistas a un proveedor y en cuatro no presentaron el dictamen de evaluación, ni el fallo.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la secretaría estatal debe aclarar 64 millones de pesos por concepto de recursos pendientes de pago o en su caso reintegrar a la Tesorería de la Federación.
La ASF presumió daño de 15 millones 147 mil pesos por pagos en exceso a siete trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo, aunque apunta que la cantidad fue 43 mil 351 pesos.
En esta observación también incluye pagos por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo a personal estrato unidad urbano, cuando el pago debió realizarse únicamente en unidades médicas rurales por 15 millones 535 mil pesos.
La secretaría abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo; pero no fue la única ya que se transfirieron a ocho más con la finalidad de cumplir con el pago de nómina e impuestos.
Ante ello, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.