Paco Madero, con el pelo teñido de púrpura y los labios de un rojo intenso, se hizo tendencia gracias al cambio de look. Ahora su nueva imagen es hasta motivo de subasta en compañía de otros reconocidos personajes de la historia mexicana como Pepe Morelos, Hidalgo e incluso el predilecto de la 4T y Benemérito de las Américas, Benito Juárez García.
La intervención pictórica se encuentra afuera del edificio sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual permanece en control de grupos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, quienes reclaman incompetencia del organismo para ayudar a las personas vulneradas.
Al asegurar que la institución autónoma encargada de apoyar y acompañar a víctimas de abusos y delitos es incapaz de hacer su trabajo, las inconformes optaron por ocupar las instalaciones y ofrecer la ayuda con propios recursos. Aseguran que ya han recibido a personas que buscan asesoría y acompañamiento, y que continuarán en el sitio para realizar esa labor.
El año pasado el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH causó escozor por la suspicacia de ser afín al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien podría así controlar el organismo autónomo. Los desconfiados vieron vulnerada dicha autonomía y la cesión de la autoridad al Ejecutivo nacional. Se convertía, pues, en mera y descarada ramificación presidencial al servicio del mandatario.
López Obrador fue uno de los que reaccionaron ante la toma de la CNDH, acudió al popular dicho de que “no son las formas” y lamentó que el padre revolucionario fuera ofendido y vilipendiado pues nadie debe ser ultrajado de tal manera. Me preguntó si habrá contemplado una queja por la violación de los derechos del retrato de Madero, supongo tendría prioridad sobre las vidas de víctimas y el dolor de familiares.
Al respecto, precisamente una familiar de víctima, Yesenia Zamudio, respondió a los dichos del presidente: “Debería darles vergüenza estar protegiendo pinches cuadritos y no a sus ciudadanas y ciudadanos”.
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Ciudadanos comunes no son los únicos que ven grietas en el andamiaje institucional del país. Recientemente autoridades electorales regresaron a la sobremesa nacional.
Después de las elecciones presidenciales de 2006, el Tribunal Electoral respaldó el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa con nimia diferencia de 0.56 por ciento sobre su competidor Andrés Manuel López Obrador; en reclamo, además de instalarse en Reforma con su comitiva, este espetó: “Al diablo con sus instituciones”; luego aclaró que se refirió a aquellas que se encontraban bajo el control de la que llama “mafia del poder”.
La declaración del tabasqueño escandalizó a sus detractores, quienes defendieron a las autoridades electorales al señalarlas como guardianas de la legalidad y el Estado de Derecho. Sin las instituciones edificadas sobre la democracia viviríamos en salvajismo, era el discurso, por lo que vapulearon a Andrés Manuel por llamar a la anarquía e incivilidad, propias de los resentidos, acusaron entonces.
El triunfador de las presidenciales de 2006, por supuesto, aprobó la decisión de las autoridades electorales, señal inequívoca de la legalidad del proceso, pues las instituciones son autónomas y están facultadas para dar fe de procesos de su competencia. Sin embargo, 14 años después, el mismo Felipe Calderón reniega que la institución electoral negó a México Libre el registro como partido político.
El expresidente y Margarita Zavala, quien encabeza México Libre, alegan ilegalidad y sospechan intervención presidencial en el revés que les impidió constituir el partido que pudiera llevar a Zavala a la añorada silla. Para ambos, la institución que otrora era guardiana indiscutible de la legitimidad democrática, ahora se ha convertido en súbdita del yugo autoritario del Poder Ejecutivo.
En correspondiente tesitura, el mandatario nacional ahora respeta la decisión del organismo electoral, pues ya no está en la garras del poder cupular fifí, “las cosas han cambiado”, asegura en un video donde agrega que el rechazo al registro de México Libre es un triunfo del pueblo de México.
Entonces, ¿es el INE (o cualquier otra autoridad o institución gubernamental) garante de la legalidad y producto de ejercicio y saludable régimen democrático, ¿o solo una brazo más al servicio de gobiernos en turno como sospecharon tanto López Obrador como Calderón en sus respectivos momentos? En cuyo lamentable escenario: ¿qué hacemos?, ¿al diablo con las instituciones?
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.