El presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede hacer muchas cosas, todas muy importantes, y que rebasan con mucho, la esfera de los derechos del ciudadano común.
Las facultades del presidente se establecen en el artículo 89 de la Constitución, y son una muestra del presidencialismo exacerbado que distingue a nuestro sistema político.
Gracias a sus atribuciones constitucionales, el presidente puede, por ejemplo, promulgar y ejecutar leyes; convocar a sesiones extraordinarias del Congreso; nombrar y remover secretarios de Estado, así como otros cargos federales de alto rango.
También puede proponer ternas para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia; intervenir en los nombramientos de los órganos regulatorios en materia económica y en el del Fiscal General de la República; y objetar el nombramiento de los comisionados del INAI.
Yo, como ciudadano, puedo presentar iniciativas de ley mediante la iniciativa popular, establecida en el artículo 71 de la Constitución, pero no puedo aprobarlas o publicarlas; mucho menos, puedo nombrar o remover secretarios de Estado, aunque me encantaría darles las gracias a varios de los actuales.
En México, el jefe de Estado es también el jefe del Ejército; por ello, la Constitución faculta al presidente para nombrar, con la aprobación del Senado, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. También le permite disponer del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional, para preservar la seguridad nacional y la seguridad interior.
Asimismo, el presidente es el único mexicano que puede declarar la guerra a otro país, y si ello ocurriera, comandará a las Fuerzas Armadas en la defensa de la nación.
El presidente es responsable de dirigir la política exterior. Con la ratificación del Senado, puede nombrar y remover embajadores y cónsules, y celebrar tratados internacionales, entre muchas otras atribuciones muy interesantes. Para el presidente actual, fuera del T-MEC, el tema internacional no es prioridad, lo cual es otra forma de ejercer esta extraordinaria atribución.
Al jefe del ejecutivo le toca, según el texto constitucional “facilitar al Poder Judicial los auxilios para el ejercicio de sus funciones” y “habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación”, dos tareas esenciales para el equilibrio de poderes y las relaciones internacionales, respectivamente.
Además, tiene la facultad de indulto, de la concesión de privilegios para inventores y descubridores, e incluso de optar por un Gobierno de coalición; esta última atribución hoy suena un poco fuera de contexto, pero también existe.
Estas son las atribuciones constitucionales del presidente de México. Ninguna incluye o menciona el ámbito electoral.
Sin embargo, hace unos días, Andrés Manuel López Obrador anunció que, dado que el INE es muy caro y no garantiza elecciones limpias, él será el garante de la pulcritud electoral en nuestro país. Como no tiene facultades para ello, aclaró posteriormente que lo hará en su calidad de ciudadano, y no como presidente.
Ha quedado demostrado que el presidente ni es un ciudadano común, ni es un ciudadano con atribuciones legales para intervenir, garantizar o participar en una elección, fuera de su derecho al voto.
Su pronunciamiento tan agresivo en contra del INE es la continuación de la farsa del Bloque Opositor. Apenas estamos viendo los inicios de esta historia, que busca construir una narrativa para contrarrestar una posible derrota electoral en las elecciones del próximo año.
La pregunta es, ¿qué necesidad? Los índices de aprobación de AMLO han bajado, pero siguen siendo sólidos, y en la mayoría de los Estados que renovarán gubernaturas, Morena lleva ventaja.
¿No le ayudaría más al país que el presidente haga lo que la Constitución que es un poco su descripción de puesto le permite hacer?
¿Qué sentido tiene agitar el clima preelectoral, cuando los factores de riesgo que enfrenta, son limitados?
Pienso que esta pregunta puede tener dos respuestas: la primera, que el presidente está preparando un golpe contundente para tomar el control de la revocación de mandato en 2022, y de la elección presidencial de 2024.
La segunda es que, debajo de la fuerza que el presidente y Morena exhiben en las encuestas, existen tendencias que no les son favorables, inducidas por la situación tan negativa de pandemia, crisis económica y niveles históricos de inseguridad en la que vivimos.
Es un hecho que el presidente y su movimiento no son invencibles; lo saben y están preocupados.
Cualquiera que sea el escenario, en Hidalgo debemos prepararnos y exigir que nuestro proceso electoral, que iniciará próximamente en un contexto inédito, se realice en condiciones de igualdad y equidad, permitiendo la participación libre e informada de todos los hidalguenses.
Los ojos del país estarán puestos en nosotros, y mucho de lo que pase en Hidalgo formará parte de la narrativa con la que el presidente buscará apropiarse de estas nuevas atribuciones electorales, que fortalecen su proyecto.