En días pasados, ante la filtración del supuesto paquete de iniciativas de reforma en materia penal para el 2020, elaboradas presuntamente por la bancada de MORENA en el Senado de la República y avaladas por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, abogados, estudiantes, periodistas y organizaciones de la sociedad civil levantaron la voz contra el contenido de estas disposiciones legales principalmente porque la gran mayoría consideraba que varios de los artículos que se pretenden modificar atentan contra los derechos fundamentales de las personas, entre ellos el de presunción de inocencia y debido proceso.
Más allá de que estas filtraciones de reformas que se plantean sean o no ciertas (Ricardo Monreal aseguró que la iniciativa se presentará hasta febrero de este año), uno de los puntos que se han venido discutiendo entre los expertos en materia penal y constitucional en México y que se contemplaba en este proyecto (no oficial) es el de la homogeneización de la ley penal, esto es, la creación de un código penal nacional, y con ello, la desaparición de los códigos penales estatales y por supuesto el código penal federal.
La creación de un código penal nacional implica asimilar todas y cada una de las exigencias de cada entidad federativa en cuanto a los estándares de criminalidad que atañen a los gobiernos locales, ya que la tendencia de esta administración es atacar a la delincuencia mediante la regulación cada vez más estricta de los delitos, así como el aumento a las penas para quienes resulten responsables por la comisión de aquéllos.
Ahora bien, es un hecho que los niveles delincuenciales, si bien podrían parecer similares, la realidad nos muestra que no lo es para todos los estados de la República; en Yucatán el delito de robo a casa habitación se comete con mucho menor frecuencia que en Hidalgo, entidad que aun contempla dentro de su código penal el tipo de abigeato, mientras que en la mayoría de los demás estados este delito ni siquiera se persigue porque no está regulado. Y como esta, muchas más circunstancias rodean la creación de una sola ley penal sustantiva para nuestro país. De ahí que la discusión en el Congreso no se deberá tomar a la ligera y se deberá, a través de las comisiones competentes, escuchar la voz de los expertos en la materia para, en caso de aterrizar el proyecto de unificación penal, contar con una normativa adecuada, entendible y sobretodo eficaz para la función punitiva del estado.
Otro de los retos aparejados a la homologación de la ley penal será la creación de un catálogo de delitos de atribución exclusiva a las empresas a fin de armonizar y dotar de eficiencia a lo dispuesto por el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla figura de la responsabilidad penal de personas jurídicas y el cual exige, para su adecuada implementación, que cada entidad federativa cuente con este catálogo reprochable a las organizaciones privadas, nacionales o extranjeras, siempre y cuando operen en nuestro país. Esperemos el contenido oficial de las iniciativas y exijamos a nuestros representantes un profundo análisis y estudio de la normatividad penal y de los factores económicos, sociales y culturales que rodean a la criminalidad mexicana, previo a la dictaminación correspondiente.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.