Tlahuelilpan obtuvo un incremento de solo 2.8 millones de pesos en sus ingresos que ejercerá durante el actual año, dinero insuficiente para sanear el tejido social del municipio donde estalló un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) con saldo de 137 personas muertas.
El incremento del presupuesto en el municipio contrasta con los 72.6 millones de pesos que costaron los daños y pérdidas que provocó la explosión, según contabilizó el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
A días de cumplir un año, 18 de enero, siguen sin ser castigados los responsables de la fuga clandestina que derivó en la tragedia y continúan pendientes las inversiones de los dos órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este municipio.
Las promesas de ayuda por parte de las autoridades, de plano no se ven reflejadas en el presupuesto. Tlahuelilpan recibirá este año 59 millones 90 mil pesos, mientras que durante 2019 obtuvo 56 millones 204 mil pesos, según las leyes de ingresos de dicho municipio aprobadas por el Congreso de Hidalgo.
El municipio solo dispondrá de 13 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales, principalmente etiquetados en servicios personales y generales del ayuntamiento.
Ante ello, en reiteradas ocasiones el alcalde Juan Pedro Cruz Frías señaló que la ayuda del gobierno federal en Tlahuelilpan nunca llegó para la construcción del centro de desarrollo cultural y económico del municipio.
En tanto, la explosión dejó secuelas en el tejido social del municipio debido al incremento de delitos durante los cinco meses después de la tragedia.
De enero a mayo aumentaron los casos de violencia familiar, narcomenudeo, lesiones dolosas y robo de motocicleta, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Prueba de esta tendencia es la violencia familiar en Tlahuelilpan. De cero denuncias en enero y una en febrero, pasó a seis en abril y siete en mayo, para un total de 14 carpetas de investigación iniciadas por este delito.
La justicia tarda en llegar. En mayo la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que identificó a las personas que convocaron a la población para que acudieran a la toma clandestina en San Primitivo, el 18 de enero; pero ya no hubo noticias de detenciones.
También mantuvo un proceso de investigación sobre posibles atrasos de personal de Pemex en la atención de la fuga de combustible, por lo que solicitó la intervención de peritos del FBI con la finalidad de determinar responsabilidades.
El próximo sábado 18 de enero, en el primer aniversario de la explosión, los habitantes de Tlahuelilpan y municipios aledaños esperan las políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida y que las autoridades esclarezcan los detalles de la tragedia, sin discursos huecos.
La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.