Durante los últimos días se ha intensificado la discusión sobre la posible despenalización de la interrupción del embarazo en Hidalgo; especialmente luego de su aprobación en el Congreso de Oaxaca, con lo que este estado se convirtió en el segundo en el país en hacerlo después de la Ciudad de México que legisló el tema hace 12 años, tiempo en el que se han llevado a cabo 214 mil 165 procedimientos para mujeres de varias entidades en clínicas de la capital.
Mientras tanto, diputados hidalguenses han capoteado (cabe enfatizar la referencia taurina) la discusión de la iniciativa en el pleno del Congreso local con minucias legislativas y mofas rudimentarias como bien acusaron recientemente integrantes de la Marea Verde, quienes reclamaron la dilación y aludieron la efectividad de los legisladores cuando se trata de aprobar propuestas que repercutan en sus bolsillos o aspiraciones e intereses políticos, no así con esta iniciativa que parece que les quema las manos y se arrojan la responsabilidad entre ellos, presumiblemente por temor de asumir el costo político que implica.
Hace unos días, este medio realizó una encuesta por medio de redes sociales en la que invitó a lectores emitir su postura respecto a la iniciativa para despenalizar el aborto en Hidalgo. Los resultados fueron muy cerrados con ligera ventaja para rechazar la propuesta. Si bien es necesario aclarar que este ejercicio carece de rigor estadístico que permita utilizarlo como referencia representativa, no podemos hacer a un lado dos cosas; la primera, el gran interés que tiene un sector (o varios) de la sociedad en esta discusión, y que existe una considerable cantidad de ciudadanos (sean o no mayoría) que rechazan abiertamente la despenalización de la interrupción del embarazo, por lo que su posible aprobación podría acarrear consecuencias en las urnas durante el próximo año y bien sabemos que una de las prioridades de los políticos mexicanos son los votos.
Además, esta semana representantes y feligreses de iglesias, principalmente la Católica, han sido insistentes en reiterar su postura a los diputados locales para motivarlos a rechazar la iniciativa. La Congregación de los Ciervos Reparadores del Divino Corazón envió una carta abierta en la que pide a los legisladores reflexionar en la responsabilidad que cargan sobre sus hombros y emitir un voto contra la propuesta; asimismo enfatiza los argumentos “trascendentes” como que la legislación del aborto sería una afrenta directa a los mandatos de Dios y su respaldo tendría como resultado inmediato la pena de excomunión, lo cual, en un país todavía con abrumadora mayoría católica, no es amenaza inocua.
De igual manera agrupaciones religiosas llamaron a un movimiento a través de Twitter y WhatsApp para presionar a los representantes del Legislativo hidalguense con hashtags como #HidalgoesProVida y #SalvemosLasDosVidas, acciones que podrían repercutir en la decisión que tomen al momento en que la iniciativa sea presentada para su votación.
En contraparte, organizaciones sociales que integran la llamada Marea Verde en Hidalgo también han alzado su voz para que sea escuchada por los representantes electos. Increpados en las instalaciones del Congreso, los diputados han tenido que escuchar a las mujeres que exigen respeto a sus garantías y demandan la aprobación de la propuesta que ha permanecido por meses en comisiones. Tan solo el pasado fin de semana cientos de mujeres salieron a las calles en Pachuca para exigir la despenalización.
Los representantes electos tienen la obligación de escuchar los argumentos de ambas partes y de muchas otras que tengan algo que decir sobre el tema y por sí mismos informarse de manera amplia al respecto. Sin embargo, es necesario que también distingan que la decisión que tomen no debe estar influida por argumentos de carácter religioso como que la iniciativa presuntamente contraviene los mandatos divinos.
Como integrantes de la sociedad mexicana, grupos religiosos tienen derecho a expresar su pensamiento y sentir respecto a tema cualquiera; no obstante, los diputados, como representantes electos e integrantes de un Estado laico tienen la obligación de garantizar que sus acciones tendrán como fin último velar por los derechos de sus representados sin considerar para ello argumentos dogmáticos con intereses eclesiásticos.
Respecto al costo político que los legisladores buscan eludir, habrían de tomar en cuenta también que aun si la mayor parte de la sociedad estuviera contra la despenalización de la interrupción del embarazo, deben legislar para resguardar el derecho que tienen las mujeres de tomar una decisión respecto a sí mismas. Los derechos no deben ser sometidos a la voluntad de grupos mayoritarios o minoritarios, deben ser garantizados y resguardados.
214 mil 165 procedimientos han ocurrido durante los 12 años que la interrupción del embarazo fue regulada en la Ciudad de México, esta cifra corresponde a las mujeres que tuvieron la posibilidad social y económica de acudir a una de las clínicas en la capital para recibir atención segura. ¿Cuántas no tuvieron esa posibilidad? ¿Cuántas no tuvieron opción? ¿Cuántas murieron en clandestinidad?