En los últimos doce años, los índices de violencia y la lucha contra el crimen dominaron los discursos de los gobiernos que hicieron de esta problemática la oportunidad de legitimar sus proyectos de estado.
De ahí que invirtieran en tecnología, inteligencia y armamento con tal de demostrar su capacidad de respuesta en regiones donde los asesinatos, secuestros, desapariciones de personas y el robo de hidrocarburo iban en aumento.
La eficacia o fracaso de esas estrategias impacta en la percepción de la ciudadanía, la cual padece directamente los resultados, por lo que valida o reprueba el desempeño de los gobiernos y decide su permanencia en el poder o en caso contrario su alternancia.
Pasamos de un sexenio panista como uno de los más violentos derivado de la guerra contra la delincuencia hacia un gobierno priista que dejó de combatir a estos grupos y que al final provocó su empoderamiento. Y ahora, una cuarta transformación que deja entrever una amnistía de los delincuentes con tal de serenar al país.
Pero esa paz no llega, ni se ve cerca. Policías municipales involucrados en la ordeña de Petróleos Mexicanos (Pemex), explosiones de ductos, comunidades que protegen a las personas que transportan hidrocarburo robado y encaran y golpean a los soldados, enfrentamientos entre bandas rivales, cuerpos en bolsas, calcinados, mutilados, son parte del discurso violento que, por desgracia, es una constante.
Sirva este prólogo para observar el caso Hidalgo a la luz de los últimos acontecimientos en materia de seguridad que han llenado las páginas de la prensa local, nacional e incluso internacional.
Luego de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, con saldo de 137 personas muertas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizó 45 comunidades involucradas en el robo de hidrocarburo y siete bandas delictivas dedicadas a esta actividad en Hidalgo.
Autoridades han señalado que los asesinatos ocurridos en la región Tula-Tepeji son producto de la confrontación de estos grupos, lo que podría ser una explicación a la incidencia de homicidios dolosos en la zona, pero no su justificación.
De las 45 comunidades relacionadas con el robo de hidrocarburo, Nopala concentra el mayor número y es precisamente en este municipio donde autoridades han reportado el hallazgo, en al menos dos ocasiones, de personas muertas.
Nopala colinda con Huichapan, Estado de México y está muy cerca de Querétaro, de donde, agregan las autoridades, son algunas de las víctimas.
El secretario de Gobierno, Simón Vargas, acompañado del procurador Raúl Arroyo y el titular de Seguridad Mauricio Delmar se reunieron en Huichapan luego del último acontecimiento violento: un comando armado incendió un bar, donde murieron tres personas, una de ellas se supo más tarde, era de Querétaro. Como antecedente, en las inmediaciones de este municipio hidalguense, considerado pueblo mágico, desapareció un grupo de personas hace meses.
Ante este panorama, es tiempo de que la estrategia en seguridad de resultados: preciso, sin daños colaterales, el ataque a la delincuencia.