Muchos pensaron que con aprobar una contra reforma educativa, la controversia que generó la anterior y reciente reforma, quedaría cerrada.
Si bien es cierto la reforma aprobada en el mandato de Enrique Peña Nieto estaba plagada de errores, nunca tuvo problemas económicos para operar.
Un servidor realizó su tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho, sobre la Reforma Educativa propuesta y aprobada el anterior sexenio, en donde critiqué arduamente que la misma abordaba con mayor dureza las relaciones laborales que un fondo académico.
Cuando el Presidente en funciones anunció la abrogación (dejar sin vigor una o un cuerpo de leyes) de las leyes relacionadas con la reforma educativa en comento, generó una expectativa enorme, en virtud de que la educación es, sin duda alguna, la base sobre la que un pueblo debe cimentar su desarrollo.
La reforma se aprobó y de inicio nos causó una primera buena impresión, pues manifiesta que el Estado garantizará la educación pública, incluido el nivel superior y que será el gobierno quien dote de recursos a las Universidades públicas para que éstas no cobren cuotas de recuperación (colegiaturas).
¿Qué mejor noticia para la educación? Lo anterior pareciera una forma de garantizar, de inicio el acceso a la preparación profesional, pues muchos no estudian, no sólo por la falta de oferta educativa y/o cobertura, sino por la carencia de recursos económicos.
El problema resulta cuando vemos en conjunto la economía del país, pues deseamos la educación superior sea gratuita, pero por otra parte los niños que tenían la oportunidad de contender como representantes de México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, no asistirán porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidió quitar los recursos que el CONACYT otorgaba para este fin.
¿Hecho aislado? No, pues si vemos el presupuesto de más de 200 Universidades (entre Tecnológicas y Politécnicas), éstas en lugar de ser beneficiadas con un incremento para su subsistencia, tal y como lo prometió el Presidente López Obrador, el 18 de diciembre pasado, en las instalaciones de la Politécnica de Francisco y Madero, en Hidalgo; su presupuesto bajó, en promedio 3.5% anual.
Sumemos la cancelación de proyectos como el aeropuerto de Texcoco o el constante cambio de decisiones para construir una refinería, el tren maya, programas de entrega de dinero directo a la gente, junto con la desaceleración de la economía mundial, que impacta de manera directa las finanzas nacionales.
Ahora, sin llegar al fondo de la reforma, en virtud de la falta de espacio en la presente columna, recordemos los criterios “novedosos” para quienes estudian la educación básica, en donde sólo bastará asistir a un salón de clase sin necesidad de demostrar aprendizaje alguno.
Por último, pareciera nadie recuerda que el 5% de la población tiene alguna clase de discapacidad y hasta el día de hoy, queda bajo sombras y dudas el trato a este sector, no menos importante de la población.
Los buenos deseos son muchos, la realidad económica para lograr que las propuestas se transformen en realidades, es lejana y desproporcionada.
Esperemos ahora, nos digan cómo piensan cumplir con esa larga lista de propuestas, pues hasta el momento, nos han dicho el “Qué”, más no el “Cómo”.
Por hoy me despido, esperando tus comentarios.
Hasta la próxima.