Apenas hace unos días, recibí un mensaje en el que me pedían abordar el tema de hoy, a través de esta columna en AM hidalgo.
Me hicieron llegar fotos de un “Memorándum”, mediante el cual el Presidente de la República ordena la “desocupación” de las plazas “no autorizadas” en la estructura orgánica de todas las dependencias federales.
Sin pretender ser técnico en la presente, al no ser una columna de opinión jurídica, sino académica y social, resulta imperante señalar datos básicos que nos pueden dar luz para comprender las consecuencias que vienen con esta decisión y la forma de implementarla.
Resulta que la Suprema Corte de Justicia (máximo órgano jurisdiccional), ha emitido criterios para otorgar certeza a los trabajadores al servicio del Estado, dentro de los que destacan el que, sin importar la forma de contratación, cuando se extienden contratos consecutivos a los empleados por más de 6 meses (sin importar si en este lapso hay dos o tres contratos), la persona que presta su trabajo subordinado, será considerada trabajador de base.
Sin importar si la baja se hace con palabras distintas a la rescisión, como la citada “desocupación”, sin existir una causa justificada de la separación del encargo, será considerada como despido injustificado (en caso de que se demande por la vía laboral) o nulidad (si el despido se realiza en forma de acto administrativo).
Toda orden, sea del titular del ejecutivo federal, máxima autoridad administrativa en este país, o del más humilde servidor público, debe cumplir con requisitos básicos, establecidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y las leyes y reglamentos especiales, según sea el caso.
Lo anterior no es más que el mandato que la Constitución establece, destacando que la misma es consecuencia del poder soberano emanado del pueblo, por lo que toda autoridad deberá ajustarse a lo que la ley le ordena.
Me causó sorpresa la “forma” en que se expide la instrucción de baja de los trabajadores (serán alrededor de 300,000 los afectados), sin que esto sea una crítica a la decisión.
Se violan las normas y procedimientos básicos, establecidos para estos casos, y por tanto el despido se convierte en injustificado e ilegal, pero además trayendo consecuencias en la cadena económica nacional.
Por un lado, se entrega dinero a quien no estudia ni trabaja, sino a quienes se les “capacita” en algún oficio por unos meses, pero que no les garantiza, después de esto, una fuente de empleo, y por la otra se deja sin empleo a gente que SIN ser corrupta (en su inmensa mayoría), han dado su vida al servicio público, aún sin prestaciones sociales.
Coincide con que los especialistas nacionales y extranjeros, opinan que estamos en franca desaceleración de la economía nacional y la baja de inversión para generar empleos, con lo cual el panorama para las familias de los despedidos, se ve poco optimista.
La solución será, sin duda alguna, la generación masiva de empleos, el problema para esas familias, es que ante el panorama actual, no se ve cuantos años pasen para que esto suceda, mientras tanto, será importante que la sociedad nos solidaricemos y apoyemos a quien requerirá de una mano.
Ya Felipe Calderón despidió de un plumazo a 16,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, para según su dicho, sustituirlos por una empresa “de clase mundial”, que demostró, durante su gobierno, ser un nido de corrupción. Hoy ¿será diferente?
Por hoy me despido, esperando tus comentarios.
Hasta la próxima.