Al igual que la empresa española Befesa suspendió hace ocho años la construcción de un confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, la transnacional TransCanada canceló en días pasados la edificación de su red de gasoductos en Hidalgo que suministrarían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ambos casos tienen en común que fueron impulsados desde gobiernos federales, además de que provocaron la inconformidad de los habitantes que acusaron no ser consultados, aunado a que los dos proyectos no lograron consolidarse después de transiciones de gobiernos locales.
En la Sierra Gorda surgió Todos Somos Zimapán, encabezado por José María Lozano, quien argumentó que el confinamiento provocaría daños al medio ambiente.
A esto se sumó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no consultaron a los habitantes de la región sobre la instalación del basurero.
Según este documento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal otorgó en 2004 los permisos para la construcción del confinamiento de residuos peligrosos, es decir, en la recta final de la administración estatal 1999-2005.
Y el basurero fue cancelado durante la administración siguiente 2005-2011, luego del conflicto social generado en Zimapán documentado por la CNDH.
Del otro lado está TransCanada, que inició en 2016, por adjudicación de la CFE, la construcción de una red de gasoductos, pero topó con pared en las comunidades de San Pablito, Puebla, así como en Santa Mónica y San Nicolás, de Tenango de Doria.
Los habitantes de esas localidades indígenas enclavadas en la Sierra Otomí Tepehua iniciaron la defensa de la tierra al negar el derecho de piso, también con el argumento de que no fueron consultados para su instalación.
Su oposición fue férrea, al señalar que defendían su ecosistema y tradiciones, al grado que los trabajadores de la empresa no podían entrar a esas comunidades.
A semejanza de Befesa, pero con la diferencia del tiempo, TransCanada inició la construcción en la recta final de la administración estatal 2011-2016 y planeaba que estuviera en funcionamiento a principio de este año, pero en recientes días anunció su cancelación.
El conglomerado Abengoa, al cual pertenecía Befesa, demandó ante un tribunal del Banco Mundial al Estado Mexicano por la cancelación del confinamiento en Zimapán y ganó una indemnización millonaria.
Aún no se sabe si TransCanada, a través de su filial Gas Natural de la Huasteca, solicitará indemnización por la infraestructura que ya había construido y que valuó al inicio del proyecto en el orden de 500 millones de dólares.
A diferencia de Befesa, cuyo confinamiento solo estaría asentado en un municipio, TransCanada tuvo que negociar durante casi dos años con ejidos y más de 17 alcaldías para obtener el derecho de piso. El trabajo fue mayor, falta ver de qué dimensiones será la reacción.