El linchamiento de dos personas en Santa Ana Ahuehuepan, Tula, y otra más en Texcatepec, Chilcuautla, no debe quedar en el olvido gubernamental, ni en el calor pasajero de las declaraciones para sortear la opinión pública estatal y nacional.
Es una derrota para toda una sociedad, un retroceso a la época en que un niño moría por falta de hospitales y medicamentos. Cuando no había carreteras, sistemas de agua potable y un cacique podía robar la tierra de los campesinos y nadie decía nada.
Involucra a una autoridad que no fue capaz de impedir los asesinatos producto de rumores, que no evitó la orfandad de tres jóvenes, así como a los pobladores que rociaron gasolina en los cuerpos de un hombre y una mujer y les prendieron fuego.
Con toda la complejidad que significa vivir en comunidades que su única forma de sobrevivir es el robo de hidrocarburo, el Valle del Mezquital, por años rezagado de los índices de bienestar y desde siempre protagonista de conflictos agrarios y religiosos, arrastra una ofensa más.
Realmente cuesta trabajo creer que policías capacitados en escuelas creadas para ello, además de las inversiones millonarias en patrullas y equipo táctico, no hayan podido hacer nada para evitar estos asesinatos.
Las cifras quedan ahí: dos semanas, tres linchados y las constantes retenciones de personas acusadas de robar y estafar en el Valle del Mezquital.
Los paseos de personas semidesnudas, con cartulinas de “Soy ratero”, amarradas, golpeadas, sin la presencia, incluso con la anuencia de la policía municipal y estatal, tuvieron su máxima expresión en Tula.
Mientras que en Chilcuautla dos hombres acusados de robar un auto fueron detenidos por policías. Uno logra escapar y después fue retenido por los pobladores de Texcatepec que lo golpearon, amarraron, prendieron fuego y luego murió en el hospital.
Surgen estos acontecimientos en la lógica del robo del hidrocarburo, de las tomas clandestinas que diario causan estragos, de los carros en llamas, de alcaldías vandalizadas, en medio de rumores propagados en redes sociales que incitan a la violencia, de falsas noticias.
De seguir ese impulso de justicia por propia mano y de violencia “huachicolera” es difícil no preguntarse qué pasará, hasta dónde llegará.
Ahí están las cifras del gobierno federal que documentan una tendencia a la alza de los robos y secuestros, así como las constantes tomas clandestinas que Petróleos Mexicanos (Pemex) contabiliza cada mes.
Toca a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) investigar, quizá para evitarnos un poco la vergüenza de propiciar que tres personas murieran linchadas.