Las estadísticas que arrojaron las corporaciones de seguridad y justicia nos muestran como en 2017 fue cometido un delito en Hidalgo cada diez minutos, cifra récord en muchos años, según las estimaciones oficiales.
Estos delitos, plantean estudiosos del tema, conlleva una secuela de daños colaterales que afectan no sólo a la víctima sino hasta su propia familia, lo cual hace que el impacto se reproduzca de manera escalonada.
Claro está que allí es cuando el Estado se obliga a prestar mayor atención a estas víctimas directas e indirectas a través de sus múltiples esquemas de protección, algo que no sucede como consecuencia en la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Hidalgo.
Y como mera casualidad, justo en 2017 cuando existen mayores víctimas del delito, es cuando menos productividad tuvo, al menos así lo muestra el número de recomendaciones que apenas llegó a ocho en todo el año.
Esto quiere decir que mientras en Hidalgo hay una víctima cada diez minutos, Derechos Humanos emite una recomendación casi cada mes y medio. Si justo no todos los casos requieren de su intervención, el número debería ser proporcional a la necesidad social de resguardo de sus garantías.
Nadie hemos conocido de voz de Derechos Humanos las atrocidades que se han cometido en la lucha contra los ladrones de hidrocarburo en donde son muchos los señalados y pocos los realmente efectivos, como tampoco hemos sabido de las atrocidades de las policías municipales o estatales en su desesperación por cubrir sus cuotas de detenidos.
A quien le sirve una comisión muda, incapaz de hacer valer su voz para denunciar hechos tan lamentables que se han sucedido en torno al nuevo sistema penal acusatorio, en donde aceptan los jueces negociaciones resarcitorias ante las caras asustadas de las víctimas menores de edad mancillados por la bajeza de adultos.
Es posible que un profesional del derecho pueda mantenerse inmóvil ante atrocidades legaloides que terminan con la confianza en las instituciones.
Ahora, esas ocho recomendaciones todas tienen al menos un año de atraso, es decir que no existen nuevos casos denunciados.
Una cosa es que se traten de organismos autónomos pero otra que sea permitido que uina instancia de buena fe, pueda estar en manos de funcionarios que buscan disfrazar algo que no existe, pretendiendo decir que no hay violaciones.
Esta omisión es criminal porque son muchas las víctimas que no verán sus derechos restituidos o al menos considerados dentro de juicios legales y honestos.
Nimiedades: Ahora resulta que no será ni siquiera senador, que caray.