Tanta experiencia acumulada por Rosario Robles dentro de la administración pública le permitió adquirir las tablas suficientes para enfrentar sin el menor recato a todo el sistema gubernamental, exculpándose primero de una investigación periodística que le atribuyó un primer fraude millonario y luego un segundo que le comprobó la Auditoría Superior de la Federación.
En estos actos de corrupción, sean ciertos o no, por desgracia fue alcanzada la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero de manera directa, al acusar un fraude por 185 millones de pesos a través de distintos trastupijes financieros.
Los auditores pudieron desentrañar la forma de operación hasta dar donde se cocinó este fraude cometido de forma directa a la Sedatu. Primero rastrearon los contratos multimillonarios realizados con universidades tecnológicas, entre las que figura la de Tepatepec.
Obvio es que el rector Juan de Dios Nochebuena Hernández de ninguna manera pudo firmar un contrato de esos alcances sin antes recibir la autorización o en su caso la orden, del entonces secretario de Educación Pública, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira y hasta en su momento del gobernador Francisco Olvera Ruiz.
Éste último, al igual autorizó la inserción de Luis Andrés Domínguez Alejandro, como rector en la Universidad Politécnica de la Huasteca Hidalguense, señalado también en la participación en otro gran fraude cometido en Tabasco, fraguado por José Antonio Meade y Rosario Robles , que la prensa lo nominó como La Gran Estafa.
Las universidades que se habían erigido como instituciones nobles en donde se habla de la formación de los nuevos profesionistas del país, difícilmente se podrían pensar o utilizar como receptorías de la ambición de funcionarios deshonestos, sin embargo ya sucedió. Los platos rotos son muy caros, y por necesidad oficial se deberán meter a la cárcel a los responsables de esa osadía, incluyendo a todos los cómplices.
Aquí, en Hidalgo, al menos deberán ser presentados ante un juez, desde el ex gobernante Olvera Ruiz, Cuatepotzo Costeira y el rector en funciones. Junto con ellos habría que revisar a los delegados de la Sedatu, Víctor Velasco que en su momento debió conocer de estas negociaciones y el actual delegado Onésimo Serrano.
Y por mientras, la actual administración estatal deberá despedir de sus encargos a los dos rectores metidos en sendos fraudes multimillonarios.
Porque claro, esta será la única manera de recobrar la confianza ciudadana y entonces sí, pedir transparencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con quien sostienen una lucha sorda por erigir un auditor interno.
Si bien es cierto que ninguna instancia que goce de recursos públicos puede guardar autonomía económica, también es cierto que se deben dar golpes de confianza que permitan saber, al menos, que existe un compromiso sino con la decencia si con las leyes que norman la vida de los mexicanos.
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