La Ley de Seguridad Interior en México fue aprobada en diciembre del año 2017, esta ha generado una sorprendente controversia, ya que el objetivo de la propuesta puede ser considerado positivo, toda vez que trata de regular la actuación de las fuerzas armadas en su lucha contra el crimen organizado, esta ley forma parte de un proceso de transformación hoy en día.
La Seguridad Interior es la posición que proporciona el Estado mexicano, el cual permite salvaguardar la persistencia y continuidad de las órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la Ley.
Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia de seguridad.
Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y dominar las amenazas a la Seguridad Interior.
Es preciso que exista un debate más amplio y complejo ya que tiene implicaciones políticas, corporativas e incluso estratégicas que son necesarias. La incorporación de las fuerzas armadas a tareas policiales implica diseñar un tipo de fuerza necesariamente distinta a la tradicional, en la opinión se requiere un proceso de transformación que lleve consigo, en primer lugar acordar qué tipo de misiones deben realizar estas fuerzas armadas, lo que debería conllevar la delimitación de sus misiones, ya que se tendrá que lograr con esto un cuerpo de seguridad especializado que garantice que la doctrina, la formación, el adiestramiento, los recursos y el equipamiento militar estén de acuerdo con el modelo de fuerzas decidido.
El marco legal para regular la actuación, las competencias y la fiscalización de estas fuerzas es un proceso trascendental y equivalente al descrito.