Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo entregó al Congreso del Estado tres iniciativas de reforma legal que buscan sancionar con mayor severidad a quienes cometan delitos contra niños y mujeres.
Registro de agresores sexuales
La primera iniciativa propone la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, un sistema público que concentrará datos de quienes hayan recibido sentencia por delitos sexuales contra niños y adolescentes. La mandataria explicó que el registro será también un instrumento de política pública para la prevención.
“Una agresión sexual cometida contra nuestras niñas y niños no debe quedar en el olvido, ya que las víctimas de estos delitos quedan marcadas por el sufrimiento de por vida y quien los agreda debe saber que serán parte de un registro público que los va a identificar para evitar futuras agresiones”.
Si este daño queda marcado para siempre en la vida de nuestras niñas y niños ¿por qué el agresor no sufre las mismas consecuencias? Es lo justo”, señaló.
Reformas al Código Penal en violencia familiar
La segunda iniciativa plantea reformar el Código Penal en materia de violencia familiar. La Gobernadora explicó que no se trata solo de incrementar las penas, sino de impedir que los agresores puedan salir libres mediante beneficios procesales como la suspensión condicional.
Queremos que nadie, que ningún agresor, se escude en beneficios procesales que favorecen la reincidencia y que pueden terminar incluso en consecuencias fatales para las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia”.
Agregó que la violencia contra hijas, hijos y mujeres es grave y no debe quedar impune:
“La sanción penal no puede ser cambiada por ningún beneficio para el agresor”.
Acoso sexual como falta administrativa grave
La tercera iniciativa es una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que el acoso sexual cometido por servidores públicos se considere una falta administrativa grave.
“Aunque el acoso sexual hoy es considerado un delito, no está considerado como una falta administrativa grave. Cuando una mujer denuncia al interior de las administraciones públicas, tenemos que despedir al agresor, pero por otra causa, lo cual no es justicia para la víctima”.
Con esta reforma, el acoso sexual cometido por servidores públicos se considera ya una falta grave, aun cuando sea un hecho aislado y no exista relación de subordinación. Que quede claro: en el servicio público no cabe la violencia ni la sexual, ni ninguna otra, solo la ética y el respeto”.
Finalmente, la Gobernadora reiteró el compromiso de su administración para combatir la violencia de género:
“En el Gobierno continuamos trabajando cada vez con más fuerza, para erradicar y combatir la violencia en todas sus formas, pero muy especialmente aquella que se ejerce en contra de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres”.
AM