Guanajuato, Guanajuato.- Este martes se llevó a cabo de forma privada una audiencia dirigida por el magistrado de la Novena Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Plácido Álvarez Cárdenas, en contra de Rosendo ‘N’, acusado de corrupción de menores y abuso sexual en agravio de sus hijos.
La audiencia concluyó sin un fallo concreto. La defensa ofreció 30 pruebas, de las cuales se aceptaron 13, que serán desahogadas en otra diligencia con fecha por definir.
Los argumentos de la defensa se centraron en cuestionar los datos recabados por el ministerio público en 2021 en Ciudad de México. Además, pretendían realizar nuevas periciales a los menores, las cuales, según los abogados de las víctimas, buscaban revictimizarlos.
“Fue una audiencia muy atípica porque lo que está pasando no está jurídicamente del todo bien”, manifestó una abogada del despacho que representa a las víctimas, a cargo del penalista Gabriel Castañeda Gómez Mont.
Asimismo, señaló que resulta extraño jurídicamente que una magistratura en segunda instancia esté admitiendo pruebas que no formaron parte de la audiencia inicial:
Es muy raro jurídicamente lo que está pasando”.
Durante la diligencia, el imputado no se declaró culpable ni inocente ni emitió declaración sobre los hechos. El área de comunicación social del Poder Judicial informó que se notificará por escrito a las partes el resultado de las pruebas aceptadas.
Fundación exige justicia
La Fundación María Teresa Ealy Díaz A.C. exigió justicia en este caso, en un comunicado en el que expresó su indignación y urgió a las autoridades de Guanajuato a respetar el debido proceso y la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La voz de una madre y el terror que viven sus hijos se han convertido en un llamado de auxilio que no podemos ignorar”, enfatizó la fundación.
Destacaron que por cuatro años, la familia ha enfrentado un sistema judicial que desestimó sus pruebas con un argumento “absurdo y revictimizante”: que las evidencias se recabaron en la Ciudad de México y no en Guanajuato, donde ocurrieron los hechos.
Valoraron el avances histórico logrados gracias a la ministra Margarita Ríos Farjat y la SCJN, que validaron pruebas de menores desde cualquier parte del país y crearon dos jurisprudencias cruciales para la protección de víctimas de abuso sexual.
Finalmente, pidieron que se garantice la protección de la madre y sus hijos, quienes han vivido con miedo constante durante cuatro años, y advirtieron que no es aceptable que el presunto agresor pueda quedar en libertad.
Denuncia por abuso en Guanajuato
Guadalupe Elvira Camacho Velasco, hija del político Manuel Camacho Solís, denunció en 2021 a su exesposo Rosendo N. por presunto abuso sexual y corrupción de menores contra sus dos hijos, hechos ocurridos en León. La denuncia se presentó en la CDMX, a donde se mudaron tras el divorcio.
Aunque un juez de Guanajuato libró orden de aprehensión en marzo de 2025 y el agresor fue detenido en España el 26 de mayo con ficha roja de Interpol, el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato anuló la vinculación a proceso en julio, por considerar inválidas las pruebas recabadas en CDMX.
La Suprema Corte atrajo el caso en enero de 2025, y estableció jurisprudencia para que cualquier MP del país pueda investigar delitos contra menores, sin importar el lugar de los hechos. El recurso de inconformidad fue declarado fundado, por lo que debe repetirse parte de la audiencia inicial.
El abogado Gabriel Castañeda Gómez Mont criticó la actuación del sistema judicial local por revictimizar a los menores. Insiste en que el proceso se ha retrasado más de cuatro años por interpretaciones que favorecen al agresor, a pesar de los criterios establecidos por la Corte. (Ver nota).
DAR