Guanajuato.– La comisión de Justicia del Congreso Local, que preside la diputada morenista María Eugenia García Oliveros, alista, en sentido positivo, los dictámenes de las iniciativas a efecto de considerar como delito las terapias de conversión sexual, así como incorporar en la Ley los matrimonios igualitarios.
En una primera mesa de trabajo, se analizaron dos iniciativas de reforma al Código Penal en materia de terapias de conversión sexual.
Una busca sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género. Así también, considerar como delito las terapias de conversión sexual.
La segunda, para combatir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también llamados terapias de conversión, desde un enfoque de prevención y sanción.
Se plantea un nuevo tipo penal de Delitos Contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, el cual contemple la imposición de una sanción de dos a seis años de prisión y multa de 1 mil a 2 mil UMAs a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento o terapia.
Al respecto, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica, señaló que compartían la idea de combatir estas conductas, pero advirtió que no era adecuado el planteamiento.
Comentó que la creación de un título tercero de los delitos contra la libertad sexual genera una falta de claridad. Así también, que no marca pautas de diferenciación para aquellos casos en que el resultado de la conducta ocasiona lesiones que, por su gravedad, deben sancionarse con una punibilidad mayor a la que se contempla para ese delito.
“El objetivo es generar un marco jurídico de protección para las personas de la comunidad LGBTIQ+, a efecto que sean suprimidas prácticas, psicoterapéuticas, médicas o espirituales, con la intención de cambiar su orientación sexual, que también son conocidas como terapias de conversión”, dijo.
Agregó que: “se comparte la idea de combatir estas conductas y de realizarse desde dos vertientes referidas en la iniciativa, de manera preventiva y de vigilancia, así como su tipificación en el Código Penal para sancionar dichas conductas cuando se lleven a cabo o se intentes realizar”.
No obstante, se advierte que aún y cuando se puntualice en la propuesta que el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de la personalidad, se advierte que su ubicación en el título tercero en los delitos contra la libertad sexual, lo que genera una falta de claridad sobre cuál es entonces el bien jurídico que se protege.
Avanza matrimonio igualitario
En la segunda mesa de trabajo, se analizaron diversas iniciativas relacionadas con el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario y las reformas necesarias al Código Civil estatal.
Hoy no hablamos de ideologías, hablamos de amor que merece protección. Urge convertir esto en ley constitucional, porque los derechos humanos no deberían depender de decretos temporales. Aquí el Estado no elige qué amores valen”, dijo la diputada María Eugenia García.
En lo sustancial, la propuesta plantea garantizar el derecho de todas las personas a contraer matrimonio sin discriminación.
La magistrada Marta Edna Jessica Muñoz del Poder Judicial local respaldó la propuesta de reforma al señalar que “no existe razón constitucional ni convencional para no reconocer el derecho de acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo”.
Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica, coincidió en la importancia de reconocer este derecho y el uso de lenguaje inclusivo.
Advirtió que la propuesta sobre tutela forzosa en casos de incapacidad podría vulnerar el libre desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, conforme a criterios de la Corte.
Luis Alberto Estrella Ortega, de la PRODHEG, reiteró que “la adición propuesta va en consonancia con la interpretación que ha hecho la Corte”, y sostuvo que el acceso al matrimonio igualitario debe quedar establecido de forma clara en la ley para evitar ambigüedades futuras.
“No debatimos abstracciones, sino el derecho real de las parejas guanajuatenses para el amor. No aceptamos que un decreto temporal sea nuestro techo cuando podemos escribir igualdad constitucional”, apuntó la diputada María Eugenia García.
DAR