Guanajuato.- La bancada de Morena en el Congreso Local, en conferencia de prensa, anunció las acciones a realizar, tras el rechazo a la despenalización al aborto, entre las que destaca la promoción de un amparo indirecto, en el que se busca llegar a la Suprema Corte.
El amparo indirecto es un medio de defensa jurídica que permite a las personas impugnar actos u omisiones de autoridades que afectan sus derechos humanos.
Este recurso se interpone ante un juez de distrito y es utilizado cuando se considera que una acción de autoridad o una norma general vulnera derechos individuales.
Ante la pregunta de cómo se presentará tal amparo, tomándose en cuenta que el alcance del mismo es en beneficio de la persona o personas que lo tramitan, el diputado coordinador de bancada, David Martínez Mendizábal, explicó que “el fondo del amparo es la omisión legislativa”, y es “la violencia institucional”.
Reconoció que evidentemente cuando un amparo es presentado por dos o tres personas este cubre a quien lo presenta, “pero esperemos que esto escale a la Corte y que ahí tenga una interpretación distinta porque el fondo del amparo no es proteger a uno, dos, tres, o cinco mujeres sino que el fondo del amparo es que el Congreso omitió legislar a favor de las mujeres y eso viola la Constitución”, sin explicar la ruta para que dicho amparo llegue a la SCJN.
Subrayó que la omisión consiste en una falta grave a la obligación impuesta por el artículo 1º de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos.
A pesar de que la Constitución local incluye una cláusula de protección de la vida desde la concepción, la Suprema Corte ha resuelto que esta no puede utilizarse para restringir derechos fundamentales.
Golpe parlamentario
El diputado Martínez Mendizábal, denunció un ambiente de presión e intimidación impulsado por intereses religiosos, económicos y políticos, en contra de los legisladores de Morena, lo que calificó como un “golpe parlamentario”.
Enfatizó que Morena actuó con libertad de conciencia y coherencia política, y que, lejos de ser una derrota, lo ocurrido es un episodio más en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir.
Además del amparo indirecto, anunció una ruta legal conformada por un recurso por agravio comparado, y la solicitud de una Alerta de Violencia de Género.
De acuerdo con Morena, el hecho de que el Código Penal de Guanajuato penaliza en su totalidad la interrupción del embarazo, impidiendo el reconocimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas, configura un agravio comparado, ya que en 23 entidades del país el aborto ha sido despenalizado total o parcialmente, lo que coloca a las guanajuatenses en una situación de desventaja legal respecto al resto del país.
La bancada de Morena pedirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, en su carácter de órgano autónomo, para que presente esta promoción.
La diputada Edith Moreno Valencia recordó que la lucha por la despenalización tiene más de veinte años en Guanajuato y lamentó que la presencia de mujeres en el poder no se traduzca en justicia para las ciudadanas.
La diputada Maribel Aguilar González señaló que la gobernadora Libia Denisse García ha incumplido sus compromisos con las mujeres y que los servicios de salud siguen siendo insuficientes.
Chicas BiLess solicita Alerta de Género tras rechazo a la despenalización del aborto en Guanajuato
AM publicó el 9 de junio que Lucía Verdín, “La Wera” Limón, activista feminista y representante legal del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual (Chicas BiLess), presentó este lunes 9 de junio, formalmente, ante la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para el estado de Guanajuato.
Lucía Verdín también fue regidora de Movimiento Ciudadano en León en el anterior trienio.
Esto, tras la negativa del Congreso del Estado de Guanajuato de despenalizar el aborto, el jueves 5 de junio, cuando 19 diputados del PAN, PRI y PVEM votaron por rechazarlo y archivarlo, frente a 17 diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PVEM y PT votaron a favor.
La petición exige: derogar la penalización del aborto, aplicar de forma efectiva la NOM-046, que aunque el comunicado no lo dice, se refiere a la atención a la violencia familiar y sexual contra las mujeres.
También pide: reparar el daño institucional a las mujeres perseguidas e implementar políticas públicas con enfoque de género y justicia reproductiva.
Así lo informó Movimiento Ciudadano del Estado en un comunicado, en el cual declaró que este partido acompañó dicha solicitud.
La solicitud se basa en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y exige que la federación intervenga ante leyes locales que producen desigualdad estructural y discriminación.
La abogada María del Carmen Rivera, cofirmante de la solicitud, explicó que el marco jurídico en Guanajuato viola la Constitución, la jurisprudencia de la Suprema Corte y tratados internacionales como CEDAW y Belém do Pará.
“No se trata de una opinión: es una obligación legal que el Estado ha ignorado por años”, dijo.
“El Estado de Guanajuato ha elegido criminalizar a las mujeres antes que protegerlas. Nosotras elegimos defender la vida digna, el derecho a decidir y la justicia. Hoy exigimos intervención federal porque no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestros derechos”, sentenció Lucía Verdín, “La Wera” Limón.
“Este no es solo un paso jurídico. Es el siguiente capítulo de una lucha que hemos dado desde la calle, desde el Congreso y ahora, desde las herramientas legales que nos otorga el Estado de derecho”, declaró Yulma Rocha, delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato.
HLL