*Con información de Arcelia Becerra
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Guanajuato. María frunce el ceño, respira hondo y confiesa que durante ocho años en la Secretaría de Salud de Guanajuato su tarea fue evitar que las víctimas denunciaran acoso sexual o laboral. Abusos cometidos por médicos, directivos y personal, que llegaron hasta violaciones, no recibieron castigo.
Cuando se hartó de silenciarlos, María protestó y fue despedida, convirtiéndose en una víctima más de violencia laboral similar a las decenas de casos que ella atendió. Ahora enfrenta al sistema que protege a los agresores y reprime a los denunciantes.
Esta investigación de AM comenzó en febrero de 2024, al confirmar que la Secretaría de Salud concentra el mayor número de denuncias por acoso sexual y laboral en el Gobierno estatal entre 51 dependencias, con al menos 19 recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Entre 2018 y septiembre de 2025, al menos 288 víctimas dentro de la Secretaría de Salud presentaron denuncia ante el Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual de la dependencia. Algunas también acudieron a la Secretaría de la Honestidad y a la Fiscalía, pero la mayoría se perdieron en el tiempo. Otras víctimas callaron por miedo a represalias o a ser etiquetadas como “locas” o “revoltosas”.
Documentos oficiales, solicitudes de transparencia y testimonios de cuatro mujeres —que AM reproduce protegiendo su anonimato con el uso de pseudónimos—, revelan un patrón de intimidación y amenazas hacia denunciantes. También se pone en evidencia los intentos de funcionarios por minimizar o silenciar las quejas, llegando incluso a una amenaza de muerte.
Puedo atestiguar que lo que mis autoridades exigían de mí era una simulación. Es decir, convencer a las víctimas de no denunciar, ofrecerles atención psicológica, tratar de negociar con ellas. Nunca hubo una primera intención de sancionar a los agresores ni mejorar el clima laboral”, afirmó María en entrevista con AM.
Daniel Díaz Martínez, Ligia Arce Padilla y Gabriel Cortés Alcalá, secretarios de Salud durante estos siete años, hicieron poco para atender las 288 denuncias.
El 22 de marzo, el gobierno respondió por comunicado a solicitudes de AM de informar qué ha sucedido con 19 denuncias de acoso sexual y laboral: “El Gobierno del Nuevo Comienzo revisará todos los casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento en la Secretaría de Salud de la administración pasada, reafirmando su compromiso con un ambiente laboral seguro y libre de violencia”.
Tres víctimas confirmaron que siete meses después no hubo comunicación sobre sus denuncias. En días pasados, AM volvió a preguntar al gobierno si los casos denunciados se han revisado, como prometieron en marzo, pero la respuesta del gobierno (en otro comunicado) no especificó si así fue. Daniela Díaz Macías, Directora de Recursos Humanos y Presidenta del Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual de la secretaría, afirmó que respondería tras consultar con la institución, pero nunca lo hizo.
Los 19 testimonios reunidos por AM se presentaron ante la Fiscalía, la Prodheg y la Secretaría de Salud. Al menos una víctima acudió al entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien hizo caso omiso.
La respuesta institucional –promesas de cero tolerancia, pronunciamientos, comunicados oficiales y comités de prevención– no ha logrado disminuir los casos. La protección a los agresores continuó. María afirma que la reubicación de agresores o sus víctimas es una solución común.
Fueron pocos, pero algunos casos se resolvieron porque las víctimas se negaron a callar y, ante la amenaza de hacer públicos sus casos, las autoridades actuaron contra su voluntad y tomaron acciones contra los agresores. Quiero aclarar que dichas acciones no fueron sanciones, sino simplemente reubicaciones”.
Cuando esto ocurría, las víctimas eran exhibidas como traidoras, generando nueva violencia institucional.
Denuncias de violación, apenas escuchadas
Dos de los casos testimoniales más graves son la presunta violación cometida por un médico y el abuso sexual por un psicólogo, ambos de la Secretaría. Las víctimas presentaron denuncias penales ante la Fiscalía e informaron a la dependencia.
Laura trabajaba en la Secretaría de Salud y al mismo tiempo era paciente de un psicólogo que laboraba en un hospital público en San José Iturbide.
“Yo me sentí muy mal cuando todo eso ocurrió. Pensé que era mi culpa porque él era mi terapeuta.
“Hablé con la que era, si mal no recuerdo, directora de salud mental en todo el estado de Guanajuato, Rosa Elda. No sé si todavía sigue en ese puesto, pero igual no hizo nada. La abogada de oficio que me asignaron en la Fiscalía cuando denuncié, realmente no hizo nada. De hecho, hasta me propuso hacer un acuerdo con mi abusador para que él no se acercara más a mí”, comentó Laura.
Ella informó a la directora del agresor de la situación a través de un oficio al que AM tuvo acceso. El psicólogo siguió trabajando por cinco meses como si nada. La Fiscalía determinó que no había testigos o evidencia suficiente para dar seguimiento a la denuncia, por lo que Laura desistió y se apoyó en un colectivo feminista para exigir la salida del psicólogo.
Vía Transparencia, la Secretaría respondió que el presunto agresor renunció en 2022 “por así convenir a sus intereses”. Sin sanción, su cédula profesional sigue vigente y puede ejercer como psicólogo clínico. Mientras tanto, Laura recibe tratamiento psicológico como consecuencia del presunto abuso.
Sandra, también empleada en la Secretaría de Salud, denunció ante la Fiscalía y en la Secretaría que fue violada en el 2023 por su jefe.
Su denuncia fue minimizada porque la presunta violación ocurrió después de una fiesta por el Día de la Enfermera, fuera del área de trabajo, y la cuestionaron por estar alcoholizada.
Fue el día más horrible de mi vida porque todo el día estuve sola y llorando, pensando: ¿qué pasó, qué me hizo? Pensando que yo lo había considerado mi amigo, que había confiado en él, tenía mucha angustia, no quería que nadie me viera, yo no quería hablar con nadie. No consideré ir al hospital para que me revisaran, pues yo trabajaba ahí, sentía vergüenza y asco de mí”, dijo a AM.
En la fiesta, cerca de las 10 de la noche de un viernes, Sandra decidió regresar a su casa. Reconoce que había consumido alcohol y se acuerda de que llegó a su casa y se acostó; luego “[yo] escucho el teléfono y que el doctor me dijo ‘estoy afuera de tu casa’”. Admite que lo dejó pasar por su amistad e incluso le había ofrecido su casa para quedarse después de la fiesta.
“Según yo, él estaba muy ebrio para manejar; le dije que se quedara en la habitación y yo en un puff que tenía abajo, en mi sala. Recuerdo que me cambié de ropa y me fui a recostar al puff; al día siguiente amanecí en mi cama, desnuda de la parte de arriba, con el short que traía, y él ya no estaba”.
El lunes siguiente su agresor no se presentó a trabajar; había pedido vacaciones hasta el siguiente viernes. Ella faltó ese lunes para no verlo.
El viernes me escribe un mensaje y me dice que se siente muy mal, que eso que pasó entre nosotros no debía de haber pasado, que los dos estábamos muy ebrios, que yo confiara en él, que él no iba a decir nada”.
Sandra le respondió: “Me das asco, me violaste”. Él nunca contestó.
La agresión le provocó daño emocional severo, incluso pensamientos suicidas, mientras seguía trabajando cerca de él. Pasaron meses hasta que decidió denunciar.
Tras denunciar, algunos compañeros y autoridades la responsabilizan por emborracharse. Otros la acusaron de inventar la agresión para no trabajar. En la Secretaría le dijeron que levantarían un acta administrativa y habría investigación. Esto jamás ocurrió.
Harta, pidió su cambio a otro municipio. La Secretaría la cambió de inmediato y así silenció la denuncia. “Este cambio fue demasiado rápido, fue para ya no sacar el tema y para ya no hacerle nada a él, porque, pues, él es el doctor, él es jefe”, afirma ella.
Hasta marzo del 2025, el presunto agresor seguía trabajando en la Secretaría de Salud. En la Fiscalía no avanzó la denuncia por falta de testigos.
Denuncian 14 empleados a directora por acoso
En marzo de 2022, catorce empleados de la Secretaría de Salud denunciaron por acoso laboral a Rosa Elda Villalobos, entonces Directora de Salud Mental, según un oficio dirigido al entonces Secretario Daniel Díaz Martínez, del cual AM tiene copia.
Los quejosos denunciaron carga excesiva de trabajo, tareas o llamadas fuera del horario laboral y poca empatía en casos de enfermedad.
La Secretaría actuó rápidamente y la relevó del cargo para prevenir que el caso se hiciera público y la trasladó al hospital de Guanajuato capital con el mismo sueldo, pero sin funciones claras.
Villalobos renunció el año pasado. Contactada por AM, respondió que no estaba interesada en dar declaraciones.
“Me encanta ponerla nerviosa”
Beatriz, nutrióloga en el hospital de Silao, denunció en 2025 que le impusieron cargas excesivas de trabajo como táctica para forzar su renuncia.
En un oficio dirigido al actual secretario Gabriel Cortés Alcalá, describió el acoso que sufrió por parte de José Luis Hernández Reguero, director del hospital desde noviembre del 2024. El estrés le provocó daños físicos y emocionales, dijo a AM.
Siete meses después de su denuncia, nada había pasado. Su única salida fue renunciar a su puesto de coordinación para evitar el maltrato constante.
Hernández Reguero le exigía, como responsable de la nutrición del personal, enviarle personalmente fotografías de los platillos preparados en la cocina del hospital. Mañana, tarde y noche, todos los días, en tiempo real, incluidos fines de semana, días de descanso y vacaciones. Algo que no ocurría con la anterior directora del hospital.
Me llamaba la atención por no enviar las fotos a tiempo y, si no le agradaba la comida que veía en la imagen, hacía comentarios como: ‘Yo no me lo comería’, ‘Ojalá solo sea la foto’. Un día, junto a uno de estos comentarios, me envió un sticker de una rata colgando de un cordón que tenía atado al cuello”, contó.
El director la responsabilizó, sin pruebas, de que un grupo de becarios enfermó en noviembre por consumir alimentos del hospital. “Afirmó que este era un brote que se había dado en la cocina del hospital, área de la que yo estaba a cargo, aun sin tener estudios de caso ni laboratorios”, dijo Beatriz.
Después de que pruebas de laboratorio confirmaron que los problemas gastrointestinales de los internos no fueron causados por la cocina del hospital, la respuesta del doctor fue: “Entonces, ¿no voy a apedrear a la encargada allá afuera? ¿No la voy a colgar?”, y agregó: “Me encanta ponerla nerviosa”.
En marzo de 2025, AM solicitó a la Secretaría detalles del caso de Beatriz. Poco después de esa solicitud, ella recibió al menos cinco llamadas del Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral preguntándole cómo se sentía y justificando que hubo seguimiento; después cesaron y transcurrieron siete meses sin información sobre su denuncia.
En septiembre, Beatriz exigió saber qué había pasado y presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos. El 23 de septiembre recibió un oficio firmado por Daniela Díaz Macías, directora de Recursos Humanos, asegurándole que su caso había sido atendido desde marzo.
Le ofrecieron apoyo psicológico en otra ciudad y a una hora difícil de llegar; luego le plantearon conciliar. Ella rechazó la propuesta y la dependencia cerró el caso.
En un documento firmado por la directora de Recursos Humanos, la Secretaría afirma que al médico denunciado se le solicitó “conducirse con respeto y en apego a los principios y valores que rigen al ISAPEG”.
También señala que también fue convocado a una capacitación para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, y que firmó el pronunciamiento Cero Tolerancia a la Violencia, el Acoso y el Hostigamiento Sexual en la Secretaría de Salud de Guanajuato “como una medida para prevenir la reincidencia”.
La versión oficial parece ser una simulación. La capacitación y el documento firmado no fueron medidas en respuesta a la denuncia de Beatriz, sino parte de un evento el 25 de marzo donde participaron decenas de titulares en conmemoración del Día Naranja, “un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas”.
En abril, días después de su presunta capacitación, el funcionario fue ponente en el primer Congreso Estatal de Inteligencia Emocional y Bienestar “El Arte y la Ciencia de Sentir”.
19 recomendaciones oficiales, una disculpa pública, pocas consecuencias
La Procuraduría de Derechos Humanos sí ha dado seguimiento y ha emitido al menos 19 recomendaciones a funcionarios y titulares de la Secretaría de Salud entre 2018 y 2025.
Los oficios de las recomendaciones detallan la violencia principalmente laboral que han enfrentado empleados por parte de sus compañeros o supervisores, incluso de directivos. La procuraduría solicitó medidas de no repetición, pero los casos continuaron.
En 2018, Prodheg pidió que se “instaure procedimiento disciplinario en contra de la doctora Ligia Griselda Arce Padilla,” por “violación del derecho a la dignidad humana, en su modalidad de acoso laboral”, cuando era jefa de Jurisdicción Sanitaria en Celaya.
Las quejas incluían comentarios humillantes, discriminatorios y hostiles, exclusión de actividades y remoción injustificada de cargo. En enero de 2024, Arce Padilla fue nombrada Secretaria de Salud tras la repentina renuncia de Daniel Díaz Martínez. La exsecretaria no respondió a diversas solicitudes de AM para conocer su postura acerca de la recomendación y de la situación expuesta en este reportaje.
La denuncia de Beatriz en contra de José Luis Hernández Reguero no es la primera vez que se vincula su nombre con acoso. En noviembre del 2019, Prodheg recomendó en tres ocasiones iniciar procesos administrativos contra el médico por acoso laboral, por “violación del derecho a la protección de la dignidad” y por “violación a los derechos laborales”. En ese entonces era el director del Hospital Materno de Celaya.
Consultado sobre las múltiples quejas en su contra, el funcionario dijo a AM que no haría comentarios y pidió contactar al área de comunicación de la Secretaría para una postura institucional. Se limitó a responder: “Son contra mí como director, no son contra José Luis Hernández Reguero, sino como director en ese momento”.
El único caso que ha resultado en una disculpa pública fue en julio 2021, cuando el exsecretario Daniel Díaz Martínez la ofreció a una víctima de acoso sexual y laboral cometido por Raúl Rojas Hernández, entonces director del Hospital de Especialidades Pediátrico de León. El médico fue removido de ese puesto, pero simplemente lo reubicaron como médico especialista en el Hospital General de Guanajuato.
Según testigos citados en la recomendación, Rojas Hernández se dirigía a subordinadas con términos como “amor”, “mamacita”, con emojis de besos y mensajes como “Buenos días berrinchuda”, que las denunciantes consideraban inapropiados y faltas de respeto.
Actualmente, Rojas Hernández tiene el puesto de “Médico Especialista” en el Hospital General de Silao, mismo que dirige José Luis Hernández Reguero.
Los cambios de puesto de Rojas son un ejemplo de reubicación como solución a denuncias en la secretaría, que las menciona como “necesidad en servicio” –así se catalogan oficialmente los cambios de puesto– en las fichas de trayectorias laborales de funcionarios acusados de acoso que solicitó AM.
Todos los actos descritos en las recomendaciones de Prodheg son considerados acoso laboral o sexual por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno de Guanajuato, según el protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública del estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del estado el 6 de junio de 2017.
“Yo sí te creo”, asegura Libia
El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo difundió un mensaje en redes sociales señalando que la llegada de una mujer a la gubernatura representa la posibilidad de implementar políticas más eficaces y empáticas para erradicar la violencia contra mujeres en Guanajuato.
“El primer paso es reconocer que estas violencias existen, nombrar los ámbitos en donde las mujeres viven violencia, en la calle, en la escuela, el trabajo, el espacio digital, para poder comenzar a generar políticas.
“Las mujeres en Guanajuato no están solas, queremos que el yo sí te creo sea el sello característico de esta administración que cree en las mujeres, que no solo las acompaña, sino que busca justicia por ellas, que no haya un solo agresor que se quede sin castigo”, afirmó.
El 29 de septiembre anunció tres iniciativas para erradicar la violencia. Una reforma busca modificar el artículo 57 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas para que el acoso sexual en el servicio público, que aunque se considera delito, también sea considerado como una falta administrativa grave, cosa que hoy no es.
“Cuando una mujer denuncia al interior de las administraciones públicas, tenemos que despedir al agresor, pero por otra causa, lo cual no es justicia para la víctima”, reconoció.
288 denuncias, solo llamadas de atención
Información recopilada a través de Transparencia por AM desde 2024 indica que el mayor número de casos de acoso sexual y laboral denunciados contra funcionarios y empleados del Gobierno del Estado corresponde a la Secretaría de Salud, conformada por 24 mil trabajadores.
El reporte al 18 de septiembre de 2025 reconoce 288 quejas: 191 por acoso laboral y 97 por acoso sexual.
El documento no permite determinar en cuántos casos se comprobó el delito ni aporta datos de sanciones aplicadas. Solo indica que 158 denuncias por acoso laboral y 53 por acoso sexual fueron archivadas, sin precisar la razón.
En una segunda solicitud, la Secretaría admite que entre 2018 y septiembre de 2025 aplicó 103 actas administrativas contra servidores públicos por denuncias de acoso sexual. Los señalados pertenecen a distintas áreas: médica, administrativa, enfermería, vectores, rayos X y camilleros.
Las actas administrativas se consideran sanciones no graves, y equivalen a llamadas de atención, por lo que no son públicas, ni siquiera para los denunciantes.
Al solicitar versiones públicas de las actas y nombres de los funcionarios, la dependencia se negó. Argumentó que la Ley de Transparencia permite clasificar esta información como confidencial, ya que revelarlos “puede vulnerar la esfera privada del funcionario” y afectar su honorabilidad.
En los casos en los que Derechos Humanos emitió recomendaciones tras acreditar acoso sexual o laboral, el Gobierno también negó información sobre las acciones implementadas, por lo que es imposible saber si las recomendaciones de Prodheg fueron cumplidas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia laboral como cualquier acto u omisión derivado de una relación laboral, docente o similar, que mediante el abuso de poder afecte la autoestima, salud, integridad o libertad de la víctima, impidiendo su desarrollo y atentando contra la igualdad.
El Código Penal del Estado de Guanajuato establece penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas en casos de acoso sexual. Además, si el responsable es servidor público, se contempla la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente al de la pena de prisión y hasta por veinte años.
Versión oficial: Hay política de cero tolerancia
En dos ocasiones, primero en marzo y luego en octubre, AM solicitó entrevistas con la gobernadora y con el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, para abordar el acoso laboral y sexual en la dependencia. Ninguno accedió.
Tampoco accedieron integrantes del Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual, ni la exsecretaria Ligia Arce Padilla.
En marzo, el exsecretario de salud Daniel Díaz accedió a hablar con AM, pero se negó a explicar por qué no atendió las denuncias de acoso de sus subordinados. Se limitó a decir: “Todos los casos se atendieron por el Comité. Por ser datos personales, no puedo hacer mayores comentarios; ya no soy servidor público”.
La única respuesta del Gobierno estatal fue por escrito, afirmando que se tiene una política de cero tolerancia al acoso, hostigamiento y cualquier forma de violencia contra las mujeres.
“Todos los casos se atienden conforme a los protocolos establecidos, respetando el debido proceso y la confidencialidad que marca la ley.
“La información sobre denuncias o investigaciones está protegida por la normativa en materia de responsabilidades administrativas y protección de datos personales, por lo que solo pueden hacerse públicas las sanciones firmes por faltas graves”, señala la postura institucional.
Agregaron que la instrucción de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es actuar con congruencia y firmeza ante cualquier conducta que vulnere la dignidad o los derechos de las personas, especialmente las mujeres.
Intimidación culmina en amenaza de muerte
Los esfuerzos por silenciar a un exjefe de departamento involucrado en exhibir el acoso y su tolerancia en la Secretaría de Salud escalaron hasta una amenaza de muerte, cuyos detalles se publicarán mañana martes 28 de octubre en la segunda parte de este reportaje.
Si conoces algún o has vivido alguna experiencia de acoso sexual y/o laboral dentro de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), compártela con AM al correo: investigaciones@am.com.mx y al teléfono 4775761967
Datos extra
JB