Guanajuato.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado avanzó en la iniciativa que busca prohibir y sancionar las prácticas mal llamadas “terapias de conversión”, conocidas como ECOSIG, por sus siglas de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género.
Durante la sesión, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, recomendó incorporar un capítulo completo del Código Penal Federal al código penal local para mantener la coherencia estructural de los tipos penales.
Explicó que, sin esta adecuación, podría romperse la sistemática del código estatal. Afirmó además que el Ejecutivo coincide en la importancia de proteger la dignidad humana y reforzar un clima de respeto y autonomía hacia todas las manifestaciones de la personalidad. No obstante, reiteró la necesidad de reestructurar la propuesta legislativa.
Por su parte, Alberto Estrella, representante de la PRODHEG, señaló que las terapias de conversión constituyen un trato cruel, inhumano o degradante, especialmente cuando se realizan sin consentimiento o de forma coercitiva, y que en casos graves pueden equivaler a tortura.
“Son actos crueles”: diputada Miriam Reyes
La diputada Miriam Reyes Carmona subrayó que los llamados esfuerzos por corregir la orientación sexual o identidad de género no son terapias ni tratamientos médicos, sino actos crueles que buscan modificar algo que no requiere corrección y que atentan contra la libertad, la salud y la integridad de las personas.
“Guanajuato no puede seguir siendo omiso ante las violencias que enfrentan las personas LGBT”, afirmó la legisladora.
Reyes Carmona añadió que aún existen personas y organizaciones que promueven estas prácticas disfrazadas de ayuda espiritual o psicológica, lo cual —dijo— refuerza la urgencia de legislar en la materia.
Análisis y advertencias dentro de la Comisión de Justicia
Durante la sesión, la diputada Susana Bermúdez Cano advirtió que la iniciativa podría generar impunidad si no se diferencian los casos en los que las conductas provocan lesiones graves que ameritan sanciones más severas. También señaló que no hay diferencias sustanciales entre esta propuesta y las anteriores presentadas sobre el mismo tema.
Por su parte, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia sostuvo que debe construirse una reforma penal sólida, capaz de proteger los bienes jurídicos y brindar certeza tanto a la ciudadanía como a los operadores del sistema judicial.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María Eugenia García Oliveros, informó que se integrarán las diversas iniciativas sobre el tema para lograr una redacción robusta y una mejor tipificación del delito.
Diputadas de Guanajuato plantean sanciones para erradicar las ‘terapias de conversión’
AM publicó el 26 de junio que las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano, presentaron sendas iniciativas para prevenir y sancionar los presuntos tratamientos para “corregir” la orientación sexual y de género.
La propuesta de Morena, presentada por la diputada Miriam Reyes Carmona, establece que se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Se aumentará al doble la sanción prevista en el párrafo que precede, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de dieciocho años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Presionan colectivos, académicos y autoridades por erradicar ‘terapias de conversión’ en Guanajuato
AM publicó el 6 de julio que casi en secreto se siguen realizando en la entidad los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), que anteriormente eran llamadas “terapias de conversión”, y a las cuales se busca prohibir en toda la entidad.
Voces de colectivos, académicos y autoridades consultados por AM señalan que es importantísimo que las leyes locales sancionen a las personas que realicen estos procedimientos que consideran “discriminatorios” y sin sustento científico que las avalen.
Mientras que organizaciones que defienden a la familia tradicional argumentan que se debe respetar la libertad de las personas que por voluntad propia acudan a estos acompañamientos.
Aunque no hay datos ni cifras oficiales de cuántas de estas prácticas se ofrecen actualmente en la entidad, en el Congreso del Estado está en pausa una iniciativa de ley con modificaciones al Código Penal y la Ley de Salud estatal, para tratar de erradicarlas.
“Siempre me posicionaré para que estas mal llamadas terapias de conversión puedan prohibirse, que quede estipulado en la Constitución local para que no puedan ser ejercidas en nuestro estado”, declaró Ricardo García Frausto, subsecretario de Diversidad Sexual y de Género del Gobierno Estatal.
“Mientras más se aplazan este tipo de iniciativas, se sigue permitiendo que miles de personas que conformamos parte de la población LGBTI, seamos víctimas de discriminación, que no se visibilice nuestra existencia, que a través de estos métodos se nos violenta”, lamentó Luis Valle, integrante del Colectivo Mirinda.
En cambio, Uriel Esqueda, director de campañas de Activate.org.mx, señala que su organización mantiene una postura de exigir la libertad para que las personas que lo deseen puedan acudir a estas sesiones.
“Proponemos que se abra el diálogo, un parlamento abierto, justo para que se escuche a los expertos, a todas esas organizaciones que dan acompañamiento con profesionales, a todas estas personas que así lo requieren y así lo piden en plena libertad”, dijo.
HLL