Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para reformar el tipo penal de terrorismo en el Código Penal estatal, al considerar que la actual redacción es insuficiente y debe evolucionar para proteger a la sociedad ante nuevas amenazas, como el ciberterrorismo.
El coordinador de la bancada, diputado Alejandro Arias Ávila, explicó que tanto los particulares como las instituciones de seguridad pública y sus instalaciones han sufrido ataques armados con explosivos, coches bomba y drones, además de la ejecución sistemática de policías y la quema de negocios o bloqueos carreteros con vehículos incendiados.
Se refirió a los hechos ocurridos en municipios como San Miguel de Allende, San Felipe, Jerécuaro, Acámbaro, Celaya, Villagrán e Irapuato, los cuales —dijo— mantienen a la población “en un estado de miedo y terror constante”.
“Es tiempo de actuar desde nuestro espacio legislativo y por ello presentamos la iniciativa para reformular las conductas de terrorismo, hacer sancionable la sola amenaza de actos terroristas y al encubridor de este delito, así como una figura equiparada en el caso de delitos informáticos cuando los hechos se realicen con el mismo fin”, puntualizó Arias Ávila.
El tipo penal de terrorismo debe evolucionar: PRI
El legislador advirtió que el tipo penal actual de terrorismo solo contempla delitos de corte político, cuando las conductas violentas de hoy afectan directamente la seguridad social y ciudadana.
Precisó que el Código Penal Federal ya amplió el concepto tradicional, y ahora abarca conductas que generan miedo o afectan gravemente la paz pública, más allá del ámbito político.
“Que el gobierno no nos quiera confundir. Hay actos terroristas no solo en Guanajuato sino en otros estados, y a diario somos testigos de estos a través de las noticias, sin que el gobierno federal quiera reconocer este fenómeno”, afirmó el diputado.
¿Qué plantea la iniciativa sobre terrorismo?
La propuesta del PRI contempla penas de 15 a 40 años de prisión y de 150 a mil días multa a quien cometa cualquier delito grave contra la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio con el objetivo de perturbar gravemente la paz o la seguridad pública, o generar miedo y alarma social.
También se sancionarán las acciones que busquen menoscabar la autoridad, desestabilizar las instituciones políticas o de seguridad pública, o obligar a los poderes públicos a actuar o abstenerse de hacerlo.
Entre las conductas que podrían considerarse terrorismo o ciberterrorismo se incluyen:
- El uso de armas de fuego, artefactos explosivos o drones.
- La destrucción de recursos naturales o medio ambiente.
- Daños colectivos a medios de transporte o mercancías.
- Incendios, inundaciones o actos que pongan en riesgo la salud pública.
Fiscalía Especializada para combatir delitos digitales
Con el objetivo de combatir e investigar de manera más efectiva delitos como el robo, fraude, acoso, suplantación de identidad y extorsión en el ámbito digital, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Morena, presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Informáticos y Cometidos con Medios Electrónicos.
El legislador argumentó que estos delitos son “más sofisticados y complicados de perseguir”. Su proliferación ha generado nuevas formas de vulnerar la identidad, el patrimonio y el bienestar colectivo, afectando tanto a personas como a instituciones.
En tribuna, citó datos obtenidos mediante transparencia de la Fiscalía General del Estado, los cuales revelan que se iniciaron 14,325 carpetas de investigación por estos delitos, de las cuales el 82.57% “se decretó el no ejercicio de la acción penal”. Ramos Sotomayor comparó esta cifra con la media nacional (30.1%) y cuestionó: “o tenemos una autoridad investigadora muy eficiente que determina que no hay delitos que perseguir, o definitivamente en Guanajuato no se investiga nada”.
El diputado destacó que menos del 10% de las investigaciones sobre estos delitos llegan a una autoridad judicial. Por ello, afirmó que solo una fiscalía especializada, que investigue con rigor y fundamentos técnicos, puede garantizar que los daños causados en el entorno digital no queden impunes.
Dos de cada diez personas, víctimas de ciberdelitos
En la exposición de motivos de la iniciativa, se señala que, en el país, al menos dos de cada diez personas fueron víctimas de un ciberdelito el año pasado. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, realizado por el INEGI, se registraron 199,660 incidentes cibernéticos a nivel nacional, de los cuales el 32.1% fue atendido por la Guardia Nacional y el 67.9% por instituciones estatales. Los delitos más frecuentes incluyeron robo de contraseñas en redes sociales, extorsión y acoso.
En Guanajuato, los delitos cometidos mediante medios electrónicos afectan de manera desproporcionada a personas adultas, pero también vulneran gravemente a niñas, niños y adolescentes, un sector especialmente expuesto y menos protegido. El diputado indicó que el 3.7% de los delitos electrónicos en el estado se cometieron contra menores de edad. Entre estos, el acecho representó el 5.7% de los casos contra este grupo etario, mientras que el 5.3% fue víctima de conductas que atentan contra la intimidad.
Ramos Sotomayor subrayó que, en Guanajuato, menos del 10% de las investigaciones sobre delitos informáticos y electrónicos llegan a una autoridad jurisdiccional o se integran a otros procesos para continuar su investigación.
Finalmente, el legislador enfatizó la necesidad de crear una fiscalía especializada que no solo fortalezca la capacidad investigativa del sistema de justicia en la entidad, sino que también envíe un mensaje claro: el entorno digital y todas las actividades realizadas en ese ecosistema estarán protegidas y serán seguras.
HLL