León, Guanajuato.- Guanajuato es uno de los lugares con alto riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en las Américas, destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su tercer informe sobre la situación.
La Comisión advirtió que peligran especialmente las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos.
El documento menciona casos paradigmáticos, como los homicidios de Teresa Magueyal y Javier Barajas, así como el desplazamiento forzado de los padres de este último.
Los “distintos tipos de agresiones van desde campañas de desprestigio y estigmatización hasta amenazas, ataques contra su vida e integridad, asesinatos y desapariciones”, señaló el informe.
Violencia y crimen organizado, factores de riesgo en Guanajuato
La CIDH advierte que estas agresiones han sido perpetradas tanto por actores estatales como no estatales. En el caso de Guanajuato:
La presencia de grupos armados ilegales y el crimen organizado ha exacerbado esta violencia, pues identifican a las personas defensoras como un obstáculo para la realización de sus actividades ilícitas”.
Este documento se publica 13 años después del informe más reciente (2011); el primero fue emitido en 2006.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato destaca tres factores que agravan el riesgo: la violencia estructural, la presencia de grupos delictivos y la falta de garantías institucionales.
Los asesinatos y desapariciones son las formas más graves de violencia que enfrentan las personas defensoras, resalta la CIDH.
Casos emblemáticos de Guanajuato
El informe cita cifras del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que señalan que entre 2010 y 2022, al menos 13 personas fueron asesinadas en México presuntamente en represalia por sus labores de búsqueda.
La Comisión advierte que la cifra puede ser aún mayor y menciona tres casos específicos en Guanajuato:
2 de mayo de 2023: Fue asesinada Teresa Magueyal, en Celaya. Buscaba a su hijo desaparecido desde abril de 2020 y era integrante del colectivo Una promesa por cumplir.
6 de noviembre de 2022: Fue asesinada María del Carmen Vázquez Ramírez, madre buscadora e integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, en Abasolo. Buscaba a su hijo desaparecido desde junio de 2022.
29 de mayo de 2021: Fue asesinado Javier Barajas Piña, integrante del colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Salvatierra.
Tres meses antes de su asesinato, Javier Barajas, junto a un colectivo de familiares, encontró una fosa clandestina con más de 80 cuerpos, entre ellos el de su hermana, conocida como La maestra Lupita, desaparecida desde febrero de 2020.
Se trata de la fosa más grande encontrada en Guanajuato, cuyo hallazgo cumplió cinco años este octubre.
Desplazamiento y secuelas en familias buscadoras
La Comisión expresó especial preocupación por las personas defensoras desplazadas de sus lugares de residencia, como Ma. del Tránsito Piña y Javier Barajas, madre y padre del buscador asesinado.
Tras el homicidio de su hijo, ambos se vieron obligados a reubicarse fuera de Guanajuato, aunque continuaron con las labores de búsqueda.
El informe también destaca el impacto físico, económico y emocional que enfrentan especialmente las mujeres familiares de desaparecidos, al asumir una carga desproporcionada:
No solo recae en ellas la responsabilidad de las labores de búsqueda y del impulso de las investigaciones, sino también la de convertirse en el principal sostén económico de la familia”, señala el informe.
Impunidad y falta de protección institucional
La CIDH concluye que los Estados han fallado en proteger a las personas defensoras. En algunos casos, incluso han actuado con omisión o complicidad con los agresores.
Las agresiones no son debidamente investigadas, lo que ha generado un ambiente de impunidad, además de que no existen políticas públicas de protección integral para este grupo.
“Urge cambiar las estrategias”: madre buscadora
Durante un reciente encuentro de personas buscadoras en la Universidad Iberoamericana León, Ma. del Tránsito Piña denunció que los colectivos y buscadores independientes enfrentan múltiples trabas de autoridades civiles y judiciales.
Faltan voluntades para encontrar a nuestros desaparecidos, para tener esa verdad, esa justicia, esa reparación del daño, porque si quisieran, podrían… Ya todos dijeron cuál es el problema, pero las estrategias que se aplican no dan resultado. Entonces quiero pensar que estas estrategias necesitan ser repensadas o buscar otras, porque siguen muchos desaparecidos, son pocos los que encontramos, son pocas sentencias”.
Guanajuato tiene 18 Acciones Urgentes abiertas
Desde 2021 la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha presentado 25 solicitudes de Acciones Urgentes en el marco del artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De estas, al menos 18 permanecen abiertas y otras fueron cerradas por localizar sin vida a las personas desaparecidas, se detalló en el informe de Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México.
RAA
