Guanajuato.- Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo.
La iniciativa modifica las reglas para tramitar juicios de amparo, es decir, los recursos legales que una persona puede usar para defenderse de actos injustos de las autoridades.
La Ley de Amparo vigente, publicada en 2013, permite que personas u organizaciones presenten un amparo con base en el llamado “interés legítimo”, incluso si no son directamente las afectadas; por ejemplo, una asociación civil puede impugnar un acto que dañe el medio ambiente en otro estado.
Entre los cambios, se redefine el interés legítimo, que es el derecho de alguien a promover un amparo aunque no sea directamente afectado, de modo que ahora solo podrán hacerlo quienes acrediten que el acto o la ley vulnera directamente sus derechos, es decir, quienes tengan un interés jurídico comprobable.
Asimismo, se limita la suspensión provisional, que sirve para detener temporalmente los efectos de una decisión del gobierno mientras un juez resuelve el caso. A partir de la reforma, ya no se podrá conceder esa suspensión en casos de bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni en conductas ilegales que afecten el sistema financiero o en la revocación de permisos o concesiones federales.
También se amplía el plazo de 60 a 90 días para que un juez emita su fallo, y se incorporan conceptos nuevos como el interés social y el orden público, que los jueces deberán tomar en cuenta antes de otorgar una suspensión.
La reforma además limita el recurso de revocación, un medio que permite impugnar decisiones fiscales. Ahora no podrá usarse en casos con créditos fiscales firmes (deudas que ya no se pueden discutir), ni cuando el contribuyente diga desconocer el acto o cuando ya exista una resolución previa sobre prescripción.
Durante la sesión, se rechazaron cinco mociones que buscaban detener el debate. La oposición acusó que la iniciativa presidencial busca debilitar la defensa de los derechos humanos y restringir el acceso a la justicia frente a decisiones autoritarias.
En contraste, Morena y sus aliados aseguraron que los cambios harán más rápido y moderno el juicio de amparo, y evitarán que este mecanismo siga beneficiando solo a ciertos grupos.
¿Qué pasará con la retroactividad?
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió eliminar la retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo, la bancada de Morena presentó una reserva para que la nueva norma se aplique a las etapas procesales aún no desahogadas de los juicios en curso.
Los legisladores argumentaron que, al tratarse de una ley procesal, las etapas concluidas pueden regirse por la norma anterior, pero las actuaciones futuras pueden sujetarse al nuevo decreto sin considerarse retroactivas.
Ahora, las comisiones presentarán propuestas de modificación que incluyan la minuta con este artículo transitorio.
“Es la eliminación de uno de los recursos más importantes”
El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la reforma a la Ley de Amparo como una regresión autoritaria de un régimen inepto que desdeña a la sociedad y a las instituciones.
Es la eliminación de uno de los recursos más importantes que ha sido aportación del derecho mexicano al derecho mundial para ponerle límites a la autoridad”, destacó el legislador.
Romero Hicks agregó que el principio de no retroactividad es constitucional y no debe modificarse.
“Esperemos que no sea un distractor ni una cortina de humo que parecería una concesión (…) cumplir la norma no es una concesión, es una obligación para todos”, señaló.
El exgobernador de Guanajuato consideró que fue un error del Senado establecer la retroactividad en el artículo transitorio de la reforma, “pero eso no cambia el fondo de una iniciativa ignorante, perniciosa y autoritaria que desconoce las necesidades de un ciudadano”.
Por su parte, el diputado Sergio Contreras, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó la importancia del juicio de amparo dentro del sistema jurídico nacional.
Expresó que hay algo valiosísimo que es el juicio de amparo, porque es precisamente la última instancia y el medio de protección de los derechos de todos.
“Espero que las y los legisladores federales, incluyendo a los de mi bancada, tomen en cuenta el rigor con el que lo han hecho siempre, pensando en México y en fortalecer el amparo”, añadió Contreras.
Advierten riesgos en reforma de amparo
Esta misma semana, diputadas y diputados federales del PAN realizaron un foro de análisis sobre la reforma a la Ley de Amparo. Durante el encuentro, especialistas expresaron su preocupación por los efectos negativos que prevén sobre los derechos ciudadanos y el sistema de justicia en el país.
Katya Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato, señaló que los efectos de la reforma no se limitarían al gremio jurídico, sino que impactarían directamente a la ciudadanía en general.
Esta reforma de la Ley de Amparo no nos perjudica nada más a los abogados, no nos perjudica nada más a quienes somos los operadores de la justicia en México. Esta reforma nos está perjudicando a todos, a todos los ciudadanos” expresó.
Morales Prado también advirtió que la reforma aumentará la discrecionalidad en la aplicación de la ley y complicará la labor de abogados y jueces en los procesos de amparo. Sin embargo, enfatizó que los efectos más directos podrían recaer en el sector empresarial e industrial.
Durante el foro, se destacó que la reforma representa una amenaza a los contrapesos institucionales y al derecho a la justicia. Un consejero de la Barra Mexicana la calificó como “una manzana envenenada”, en referencia a los posibles riesgos ocultos que, según los especialistas, contiene la propuesta.
Uno de los puntos discutidos en el foro fue el cambio en los criterios para interponer un amparo, ya que la reforma plantea una reducción del nivel de interés legítimo a un interés jurídico.
“Ahora está pidiendo que el beneficio sea personal, real y no hipotético. ¿Qué quiere decir? Prácticamente le están diciendo al quejoso si no te quema no te quejes”, señalaron.
Además, los especialistas advirtieron que esta reforma podría generar una mayor carga para los tribunales y dificultar el acceso a la justicia para sectores vulnerables que no cuentan con los recursos para promover juicios individuales, especialmente en casos donde las afectaciones son colectivas o comunitarias.
DAR