“Queremos vivir dignamente”: El grito de 200 mil personas en asentamientos irregulares de Guanajuato

Con información de Fernando Martínez, Eribaldo Gutiérrez y Javier Vargas.

Guanajuato.- “Lo único que queremos es vivir dignamente”, pide Norma Romero de la colonia Real de Mariches en León, quien al igual que miles de personas en Guanajuato habita en uno de los más de 900 asentamientos irregulares que existen en el estado.

El sentimiento de abandono y el miedo de ser desalojados se ha agudizado en las cerca de 200 mil personas que tenían sus hogares en algún lote o terreno informal, de acuerdo a un último censo que realizó el Inegi en 2023.

Durante décadas han luchado por conseguir los servicios básicos, en especial el agua potable y drenaje, que de acuerdo Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es un derecho para todos los asentamientos en procesos de regularización.

“Estamos muy abandonados, nadie nos mira”, lamenta Elvia Huerta, vecina de Real de Mariches, quien ha sufrido en carne propia las afectaciones para la salud que tiene vivir en una colonia irregular, sin importar que se encuentren en medio de la mancha urbana.

Ante esta crisis, algunos legisladores han trabajado para presentar nuevas iniciativas que busquen soluciones para este grave problema. Mientras el abogado y activista Juan Pablo Delgado Miranda afirma que la regularización de los asentamientos informales “tendría que ser una prioridad presupuestal y política” del Gobierno del Estado y de los municipios.

La magnitud del problema en cifras

En Guanajuato se contabilizaron 919 asentamientos irregulares, los cuales se definen como núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, independientemente de su régimen de tenencia de la tierra.

Esto de acuerdo al último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2023, en donde registraron que en todo el País fueron 9 mil 180 asentamientos informales.

Dentro de la entidad se calcularon que estas zonas ocupan 5 mil 695 hectáreas y en ellas habitaban al menos 207 mil personas, pero cabe señalar que no todos los municipios proporcionaron la información de dichas localidades.

Celaya fue el municipio del estado con más asentamientos irregulares, con 257 de ellos. Para dimensionar, solo seis municipios en todo el País registraron más zonas de este tipo. León es el segundo en la entidad con 113, en donde habían 22 mil 810 lotes o terrenos sin regularizar, con alrededor de 88 mil ciudadanos viviendo en esta situación. Irapuato fue el tercero de la lista con 109, con un registro de 19 mil 645 lotes o terrenos irregulares en donde vivían 49 mil habitantes. En este censo resalta el caso de San Miguel de Allende, que aunque cuenta con solo 40 asentamientos irregulares, se contabilizaron más de 52 mil personas en ellos.

El temor de San Juan de Abajo se reavivó

El desalojo y la demolición de viviendas en la parcela San Joaquín, dentro del polígono de San Juan de Abajo en León en julio del 2025, reavivó un temor que existe para todos los pobladores de estos asentamientos.

Hay una especie de miedo latente de que vayan a ser desalojados. Es lo que escuchamos de manera más frecuente en calles de estas colonias, si les puede pasar lo mismo que pasó allá”, mencionó Juan Pablo Delgado, representante legal de algunas colonias de León que se han amparado por falta de agua potable.

Este 1 de octubre, cientos de personas de San Juan de Abajo volvieron a manifestarse pacíficamente para exigir al municipio servicios básicos como agua potable, alcantarillado y pavimentación, además de la regularización de sus terrenos.

“En todas estas colonias, hoy te van a pedir que se agilice el proceso de regularización con miras a no ser desalojados, a tener la certeza jurídica y a tener servicios básicos”, apuntó el activista. Aunque señaló que para esto se tienen que materializar un compromiso de la administración municipal y del Gobierno del Estado. “El asunto de la regularización de los asentamientos informales tendría que ser una prioridad presupuestal y política”, dijo.

“Estamos hasta el gorro”: La vida en Real de Mariches, León

AM visitó la colonia Real de Mariches, en donde hay alrededor de 165 familias que llevan cerca de tres décadas buscando regularizarse, mientras a diario sufren para poder realizar actividades como ir al baño por la falta de agua.

Ya nos tiene hasta el gorro, necesitamos que nos ayuden a arreglar esto. Sí hay una toma (comunitaria), pero no siempre abastece”, comentó Jorge Jiménez, quien tiene 25 años viviendo en la parte más alta de este asentamiento.

A esta colonia se accede por el bulevar Juan Alonso de Torres, muy cerca de la Central de Policía (Cepol) Poniente; algunas de las casas se encuentran pegadas a una loma, en calles de terracería con pendientes pronunciadas, además de que cruza un río por la zona.

“Las pipas no quieren subir por lo mismo, y los choferes tienen miedo de que se desplome el puente (del río)”, platicó SanJuana Hernández.

Verónica Martínez y Erika Padilla, vecinas de la colonia, aseguran que lo más urgente es el tema del agua potable y el drenaje, ya que en sus casas cuentan con fosas sépticas para las descargas del baño.

Batallamos mucho porque se nos llenó la fosa, fui a Presidencia y no nos la quisieron limpiar, nos cobraron 5 mil pesos por hacerlo, y como es muy pequeña ya se me va a volver a llenar”, externaron.

La señora Ana María recuerda que cuando compró su terreno en esta zona, nunca imaginó que la espera por los derechos más básicos fuera a durar tanto.

“Conocí aquí por unos folletos, me ilusioné porque los vendedores nos dijeron que pronto habría regularización, que estábamos cerca de los servicios y que por lo tanto los íbamos a tener rápido, pero ya vamos para 30 años y no ha pasado”, contaron.

Norma Romero, presidenta de colonos, asegura que en el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) de León, les comunicaron que están a unas firmas de entrar a los procesos de regularización, tras décadas de lucha.

No pedimos nada gratuito. Somos gente de clase media, trabajadora y lo único que queremos es vivir dignamente, tener un techo seguro y un patrimonio seguro para nuestros hijos”, expresó.

Colonia Juan Pablo Segundo en Irapuato: Dos décadas de abandono

Al sur de Irapuato, a un lado del inicio de la carretera a Pueblo Nuevo, se ubica la colonia Juan Pablo Segundo, una de las alrededor de 120 colonias irregulares en Irapuato, donde la falta de pavimento, aseo público, alumbrado y agua potable es una situación a la que aún no se acostumbran, pero la soporta debido a que no tienen otro lugar donde ir.

Para llegar a la Juan Pablo Segundo es necesario tomar la carretera Irapuato-Pueblo Nuevo, donde apenas después de cruzar el puente se encuentra el acceso: una brecha de terracería que es la única entrada y salida.

Ese camino, angosto y descuidado, se convierte en un auténtico obstáculo en temporada de lluvias. Los vecinos recuerdan cómo, año tras año, la brecha se convierte en lodazal, haciendo casi imposible que vehículos y personas crucen sin riesgos.

En este mismo camino, olvidado por las autoridades, ha sido utilizado durante años como tiradero clandestino, dicen vecinos, pues basura, escombro y hasta animales muertos son arrojados regularmente por desconocidos, donde el problema, lejos de resolverse, se ha convertido en una postal habitual.

A veces nos juntamos algunos vecinos para limpiar, pero ya de días está igual, como no hay luz, no pasa aquí la basura del municipio, pues la gente se aprovecha para venir a tirar de todos, ya es muy desgastante porque uno quiere vivir mejor, pero parece que no se avanza nada”, lamentó la señora Elena González vecina de la colonia Juan Pablo Segundo.

La falta de pavimento, en temporada de lluvias convierte las calles en lodazales, donde en ocasiones es imposible caminar sin resbalar, pero cuando no hay lluvia el polvo que se levanta con el viento, se mete en las casas y se impregna en muebles, ropa y alimentos.

“En temporada de calor, las casas se llenan de tierra, uno barre y a los cinco minutos ya está igual. Los niños viven con alergias, con tos, y los adultos mayores la pasan mal porque no pueden respirar bien, y en lluvias, algunas personas prefieren usar bolsas para salir, o cargar otros zapatos para ir limpios, y mientras el gobierno no quiera ayudarnos pues seguiremos igual con calles con tierra y lodo”, explicó Rosa María López, vecina.

Dos décadas y nada

La colonia Juan Pablo Segundo nació como asentamiento irregular hace más de dos décadas. A pesar del crecimiento poblacional, todavía no ha sido regularizada. Esto significa que sus habitantes no pueden acceder a programas oficiales de urbanización ni a apoyos para pavimentación y drenaje.

Vecinos señalan que, en diferentes administraciones municipales, se han acercado funcionarios prometiendo estudios y proyectos para la regularización. Sin embargo, los trámites no han avanzado más allá de reuniones y compromisos verbales.

Pagamos nuestros servicios de agua y luz, lo poquito que tenemos lo cumplimos, pero no se nos toma en cuenta para nada más. Nosotros siempre estamos esperando a que nos digan que ahora sí nos van a reconocer, pero eso no pasa”, expuso Miguel Ángel Ramírez.

Mientras la zona norte y oriente de Irapuato han visto en los últimos años desarrollos habitacionales modernos, vialidades amplias y centros comerciales, la colonia Juan Pablo Segundo sigue atrapada en el rezago. El contraste es evidente: a menos de 15 minutos del centro comercial más grande de la ciudad, cientos de familias aún deben cruzar lodo y basura para entrar y salir de sus casas.

Esa desigualdad urbana se refleja también en la percepción de los colonos, quienes sienten que las autoridades priorizan proyectos de relumbrón mientras dejan de lado a quienes más necesitan infraestructura básica.

La vida en Juan Pablo Segundo se construye a base de la resistencia cotidiana. Familias que madrugan más de lo normal para salir de la colonia, mujeres que cargan cubetas de agua porque el suministro es intermitente, niños que juegan entre charcos y montones de tierra, ancianos que sufren enfermedades respiratorias sin poder mudarse a otro sitio.

Lo único que pedimos es vivir con dignidad, tener calles pavimentadas, drenaje, agua limpia y recolección de basura. No estamos pidiendo lujos, solo lo básico”, mencionó la señora Rosa María López.

No tienen certeza jurídica: Lorena Alfaro

Los documentos emitidos por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) no otorgan certeza jurídica para que las personas puedan acreditar la propiedad de sus hogares, señaló la presidenta municipal, Lorena Alfaro García.

Expresó que su gobierno ha hecho una gran apuesta por la regularización de colonias, con el propósito de brindar certeza jurídica a las familias que no cuentan con escrituras.

Añadió que también se realizan trabajos en asentamientos que ya están regularizados, pero cuyos habitantes aún no han realizado los trámites de escrituración.

La Alcaldesa indicó que en la colonia desarrollada por el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) en 2009, existen 800 familias con posibilidad de obtener su escritura, de las cuales 541 ya iniciaron el trámite. Invitó a las personas restantes a acercarse al Imuvi para formalizar la documentación.

La verdad es que ahí hay una situación también de un proceso de regularización, que en su momento se pensaba hacer con el Insus y había la mejor disposición de parte del Imuvi y del Ayuntamiento para generar acuerdos con ellos; sin embargo, esta institución, Insus, no les da certeza jurídica de la entrega de sus escrituras como tal. Ellos plantean otro tipo de documento jurídicamente hablando, que no es reconocido”, respondió Alfaro García al ser cuestionada sobre las cuatro colonias que aún no han sido entregadas al municipio.

Mencionó que esta situación se planteó a los líderes de de la Ucopi, que impulsan el proceso de regularización de las colonias, por lo que se buscará una alternativa legal que evite mayores conflictos.

“En eso está trabajando el Instituto de la Vivienda. Yo espero que pronto pueda dar a conocer esa vertiente de regularización que sí se pudiera dar con el Instituto de Vivienda, para que ellos no queden sin la posibilidad de su regularización; pero definitivamente el Insus no da esa certeza ni esa garantía a las familias. Eso lo vimos en distintas reuniones, incluso con Tenencia de la Tierra en la Secretaría de Gobierno y me parece que ya entendieron que lo que estamos haciendo es por su bien”, agregó.

Las cuatro colonias afectadas se encuentran Efrén Capiz Villegas, Las Juanitas, Martín Negrete y la quinta sección de Las Huertas.

Doble venta y estafas en Moroleón y Uriangato

Durante varios años, los asentamientos irregulares en Moroleón y Uriangato han sido un tema de batallar y muchas molestias para quienes viven ahí.

La falta de escrituras que den legalidad a estas propiedades y la ausencia de servicios básicos, son las principales quejas en estos dos municipios, donde en Moroleón se tienen detectados desde el 2024 cuatro asentamientos irregulares en la cabecera municipal y seis en la ciudad de Uriangato.

“Hay terrenos que muchas veces los venden muy baratos porque están supuestamente en proceso de regulación, pero en realidad ni trámite tienen ante el gobierno, entonces la gente empieza a construir, hacen sus casas y los servicios como electrificación, agua o drenaje nunca llegan, ya ni se diga las pavimentaciones, los terrenos son una estafa”, indicó Maritza Ortiz, ciudadana de Moroleón que tiene un terreno en el fraccionamiento irregular La Yácata.

Las direcciones de Desarrollo Urbano de los dos municipios invitaron a la población a evitar adquirir terrenos o casas que no cuenten con un sustento legal ante el gobierno municipal o estatal, pues señalan que a pesar de no poder apoyarlos con servicios básicos hasta que estén regulados, el proceso es largo.

Además, advierten que en muchos casos de colonias o fraccionamientos irregulares han detectado doble o triple venta de un mismo terreno, pidiendo a la ciudadanía evitar este tipo de estafas que incurren en un proceso legal muy largo.

Uno por andar queriendo comprar rápido y barato un terreno no se pregunta por los servicios o las escrituras, aquí pasamos ya más de 15 años esperando un apoyo y apenas hace unos tres llegó la electrificación y el drenaje porque solo teníamos agua, ahora este año nos están echando la mano con la pavimentación de la calle Ampliación Lázaro Cárdenas”, indicó Teresa Ramírez, habitante de la colonia Nuevo Uriangato.

“Le batallamos para tener agua potable por varios años, no teníamos luz y teníamos una batería de carro para prender la tele o el foco de la casa. Poco a poco nos han ido apoyando, pero sí se arrepiente uno de andarle navegando por comprar en una zona que no estaba bajo las leyes, ojalá se multen este tipo de cosas, a la gente que vende donde no se puede”, indicó Omar Arreola, vecino de la colonia La Mesa, en Uriangato.

Iniciativas para la regularización

A nivel nacional, la diputada federal Laura Cristina Márquez Alcalá y el grupo parlamentario del PAN realizaron tres iniciativas en materia de regularización de asentamientos humanos irregulares y acceso a derechos sociales.

La primera es la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, que establece que la falta de escrituras o títulos de propiedad no sea motivo de exclusión para acceder a programas sociales federales, siempre que se trate de asentamientos reconocidos en proceso de regularización.

La segunda es la adición del artículo 67 Bis a la Ley Agraria, que propone que los núcleos agrarios (ejidos y comunidades) puedan, mediante asamblea y con la supervisión de la Procuraduría Agraria, autorizar convenios de regularización de asentamientos humanos irregulares.

Y la tercera es la reforma al artículo 82 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que convierte la regularización y escrituración en una obligación jurídica de los tres órdenes de gobierno, superando la discrecionalidad actual.

A nivel estatal, este mes de octubre, el diputado Jorge Espadas Galván anunció que presentará una iniciativa para modificar las leyes del Estado con el fin de regularizar predios con trámites simplificados, la protección de posesiones de buena fe y el acceso garantizado a servicios básicos.

Falta hacer cumplir la Ley

El abogado Juan Pablo Delgado recordó que a pesar de que se pretendan nuevas modificaciones a la ley, lo importante es hacerla cumplir ya que recordó que se reformó el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato para abastecer de agua a dichos asentamientos.

Lo que se esperaba era que a partir de ella hubiera la conectividad y al menos el abasto continuo, seguro y salubre de agua en los asentamientos y no lo hemos visto”, indicó. Desde el 2022 en el Congreso del Estado se aprobó una modificación a la ley para que los gobiernos municipales doten de esos servicios a colonias y fraccionamientos en vías de regularización.

Lamentó que organismos operadores como Sapal en León, se están conformando con construir tomas comunitarias, cuando esto ha llevado a muchas colonias a ampararse por la falta de este derecho.

“Hemos demostrado en los juicios que son insuficientes y para muestra la cantidad importante de resoluciones favorables en los juicios que hemos llevado y que seguirán llegando”, indicó.

AAK