Exjueces del Poder Judicial en Guanajuato exigen indemnización; relevos padecen aprendizaje

Con información de Catalina Reyes y Alejandro Sandoval

Guanajuato.- En el estado, 22 jueces y magistrados tienen derecho a una indemnización tras perder sus cargos en el Poder Judicial Federal, luego de la entrada en vigor de la reforma judicial el pasado 1 de septiembre.

Sin embargo, hasta ahora no han recibido ningún pago ni saben cuándo lo harán.

El derecho a esta compensación está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo décimo transitorio de la reforma al Poder Judicial, que garantiza el respeto a los derechos laborales de los funcionarios afectados.

Así lo explicó el exmagistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, quien trabajó durante 30 años en el cargo. Aunque fue sorteado para participar en la elección de nuevos jueces, decidió declinar al no estar de acuerdo con los fines de la reforma.

Rojas comentó que, por ley, al separarse del cargo no puede litigar en Guanajuato durante los próximos dos años, por lo que recibir la indemnización sería un apoyo económico necesario para sostenerse.

La situación es grave porque se nos está impidiendo litigar en el circuito en donde está nuestro domicilio durante dos años, y por eso hay mucha preocupación”, expresó.

No hay recursos

El 12 de mayo de 2025, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (PJF) fue informada de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del PJF comunicó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que “no se cuentan con los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones a los juzgadores afectados con motivo de la reforma judicial, debido a que dichos recursos pasaron a poder de la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el Décimo Transitorio del Decreto.”

De acuerdo con Ariel Rojas, la Asociación de Magistrados solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que los pagos se cubrieran con fondos de los fideicomisos del Poder Judicial.

La Asociación de Jueces y Magistrados le pidió al Consejo de la Judicatura que pagase las indemnizaciones con el fondo de los fideicomisos, y el Consejo respondió: ‘Pues no, yo no te puedo pagar porque ese recurso ya Nacional Financiera se lo entregó a la Tesorería de la Federación; yo no tengo dinero para pagarte’”, explicó el exmagistrado.

Exjueces piden incluir indemnización en presupuesto 2026

Exjuzgadores del Poder Judicial Federal esperan que el pago de sus indemnizaciones sea incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, luego de no haber recibido compensación tras su salida derivada de la reforma judicial.

Actualmente existe una petición ante la Cámara de Diputados para que el recurso sea etiquetado en el próximo ejercicio fiscal.

“Se extinguió el Consejo de la Judicatura y se sustituyó por el Órgano de Administración Judicial, al que ya se han presentado varias peticiones. Las está estudiando, porque el Órgano de Administración Judicial ya no tiene los recursos, ya no tiene los fideicomisos.

La única solución que hemos visto, y va un poquito en el sentido de lo que expresa la exjueza Reyna Rodríguez, es que el pago se incluya en el presupuesto 2026”, expresó uno de los exjuzgadores consultados.

“Los propios legisladores están conscientes de que ellos mismos aprobaron esta indemnización, que debe cubrirse, que es una obligación del Estado mexicano, y parece que el asunto va caminando en la Cámara de Diputados”, agregó.

¿Y los fideicomisos?

A nivel nacional, se calcula que alrededor de 800 jueces y magistrados tienen derecho a la indemnización derivada de la reforma judicial. Para cubrir esos pagos se requerirían 4 mil millones de pesos, según un análisis realizado por los propios afectados.

En teoría, el monto se pagaría con los fideicomisos que administraba el extinto Consejo de la Judicatura Federal, los cuales fueron eliminados con la entrada en vigor de la reforma. Esos recursos se concentraron en la Tesorería de la Federación.

Los fideicomisos que se extinguieron del Consejo de la Judicatura sumaban en total 10 mil millones de pesos. El cálculo para indemnizar a más de 800 jueces y magistrados es de alrededor de 4 mil millones“.

“Es decir, el pretexto de que no hay recurso no existe, porque se supone que están concentrados esos 10 mil millones en la Tesorería de la Federación, y que el Constituyente los etiquetó precisamente para cumplir con el pago de esas indemnizaciones y otras cosas”, explicó el exmagistrado Ariel Rojas.

El tema ha generado división entre los exjuzgadores. Algunos exigen públicamente que el Gobierno cumpla con el pago, mientras que otros piden evitar confrontaciones y esperar los resultados de la negociación con los legisladores.

“Tres meses y 20 días por año. No es algo exorbitante ni un privilegio; simplemente es lo que en el Derecho mexicano se paga a un trabajador con derecho a estabilidad en el empleo y que pierde esa estabilidad”, sostuvo otro exjuzgador.

Ven venganza política

El exjuez Ulises Fuentes Rodríguez, quien se desempeñaba en el Juzgado Cuarto de Distrito en León, dijo desconocer si existe alguna negociación y señaló que ya transcurrieron cuatro meses desde que dejó el cargo, sin información oficial sobre el pago de su indemnización.

Nosotros no tenemos mayor información, estamos en el limbo. No sabemos quién está negociando, bajo qué términos o de qué. Lo único son voces aisladas como la de Reyna Rodríguez, de magistrados y jueces que simplemente le exigen al gobierno que nos indemnice, pero no tenemos ni un solo comunicado de la autoridad. No tengo idea de cuál es la negociación ni sobre qué están negociando. No tengo idea”, expresó Fuentes.

También comentó que desconocen cuándo ni cuánto recibirán.

“Ya van cuatro meses y nos tienen en el limbo (…). Nos prohíben litigar por dos años, nos quieren quitar las pensiones complementarias a las cuales tenemos derecho por la misma Constitución y no pagan la indemnización”.

El exjuez consideró que el actual Gobierno federal ha actuado de forma autoritaria y vengativa contra quienes formaban parte del Poder Judicial.

“Esto más bien parece una venganza política en contra de jueces y magistrados que en algún momento emitieron un fallo en contra de algún político, pero fue con fundamento en la Constitución, en las pruebas de los expedientes y sin afán de perjudicar a ningún partido político”.

Señalan errores y omisiones a magistrado en audiencia pública

El magistrado Jorge Luis Barbosa Colunga recibió varias observaciones de la presidenta de su tribunal durante una audiencia pública, debido a errores en su propuesta de resolución.

La magistrada presidenta también señaló que Barbosa Colunga suele retirarse de la oficina a las 3:00 de la tarde, dejando a su equipo elaborando proyectos sin su acompañamiento, cuando deberían trabajar de forma conjunta.

Durante la sesión, el magistrado mencionó el nombre completo de una menor de edad, lo que constituye una falta de procedimiento, ya que solo debía referirse a sus iniciales. 

El hecho ocurrió el 23 de septiembre, en una audiencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil.

Caso de una menor de edad

El asunto trataba sobre un recurso de queja, un procedimiento mediante el cual una persona impugna decisiones tomadas por un juez. 

En este caso, una madre buscaba evitar que su hija fuera cambiada de escuela, al considerar que ya cursaba clases en otro plantel y que el traslado podía afectarla. Los padres están divorciados.

Barbosa Colunga era el magistrado ponente, es decir, quien elabora la propuesta de resolución que después se somete a votación entre los tres magistrados del tribunal.

Antes de su presentación, la presidenta, Irma Caudillo Peña le recordó que, al asumir el cargo, no se presentó ante sus compañeros ni con el personal, y que debía conocer la normativa interna del tribunal.

Durante la lectura de su proyecto, Barbosa mencionó el nombre completo de la menor. La magistrada lo interrumpió para corregirle: por tratarse de una niña, debía referirse solo a sus iniciales.

Exponen en sentidos opuestos

El magistrado, de 27 años, propuso declarar infundado el recurso de la madre, argumentando que no existía un daño irreparable y que el acto ya estaba consumado. Señaló además que la resolución original del juez se basaba en el interés superior del menor, principio que busca proteger siempre los derechos de niños y niñas.

La presidenta le señaló otro error: en un recurso de queja, explicó, deben analizarse los agravios (los motivos de inconformidad), no los conceptos de violación (usados en otros recursos legales). 

También le indicó que su exposición contenía argumentos contradictorios y el uso incorrecto de términos jurídicos. Barbosa aceptó las observaciones.

El magistrado Roberto Suárez Muñoz intervino para señalar que las clases habían iniciado el 1 de septiembre, por lo que debía concederse la suspensión para evitar que la niña cambiara de escuela. A su juicio, los argumentos de la madre eran válidos.

“Si ya lleva tres semanas estudiando en una escuela”, explicó, “sería contraproducente negarle la suspensión para que se vaya a otra y luego, si se le concede el amparo, tenga que regresar”.

Suárez también observó que Barbosa aceptó las observaciones, pero luego reafirmó su proyecto en sentido contrario.

“Entonces queda la duda si las aceptó o no las aceptó”, dijo.

Finalmente, los otros dos magistrados coincidieron en conceder la suspensión, para que la menor siguiera estudiando en la escuela donde ya estaba inscrita. Barbosa no lo expresó directamente, pero su postura inicial fue opuesta.

Irma Caudillo manifestó preocupación por los términos usados por Barbosa y propuso que el caso fuera returnado o engrosado por otro magistrado (es decir, que la versión final de la sentencia fuera elaborada por otra persona). Se optó por lo segundo, pues el plazo para resolver vencía al día siguiente.

Barbosa dijo respetar las decisiones de sus compañeros y se sumó a ellas, lo que implicó desestimar su propio proyecto.

Le reclaman falta de acompañamiento

Durante la discusión sobre quién elaboraría el engrose (la versión definitiva de la sentencia), Irma Caudillo aprovechó para hacerle un señalamiento directo a Barbosa.

Me extraña lo del apoyo, porque, respetuosamente, usted llega a las 9:00 de la mañana, se va a las 3:00 de la tarde. Dejó al personal a cargo del acta de entrega-recepción, y ayer me tocó ver que estaban también elaborando el proyecto solos. Me gustaría que tuvieran un acompañamiento”, dijo.

Al cerrar la sesión, insistió en que “no deje sola a la ponencia”, refiriéndose al equipo encargado de redactar los proyectos.

Barbosa respondió que había enviado la propuesta por correo institucional —medio oficial de comunicación entre magistrados— y aclaró:

“Con el fin de robustecerla, y tal vez hubiera esa comunicación que tanto exige la presidencia, a la cual nunca se respondió a dicho correo. Por eso lo presentamos en los términos establecidos. Y nada más pedirle a la presidencia que cualquier comunicación que quiera tener conmigo no es necesario hacerla por medios institucionales; la puerta de mi despacho está abierta, y cualquier situación personal que ella esté atribuyendo hacia su servidor, podemos tratarla en lo corto, sin necesidad de estar faltando a la probidad y a esta sesión.”

Trayectoria del magistrado

Jorge Luis Barbosa Colunga egresó de la Universidad de Guanajuato y se tituló en 2021, hace cuatro años. No tiene experiencia previa en el Poder Judicial, ni federal ni estatal.

Inició su carrera en el despacho Ramírez Colunga y Asociados, especializado en materia civil, en 2018. Fue diputado juvenil en 2019 y realizó su servicio profesional en el área de Comunicación Social del Congreso del Estado ese mismo año.

Después trabajó como oficial judicial en el Primer Tribunal Colegiado Civil, bajo la supervisión de la magistrada Irma Caudillo, con quien hoy comparte tribunal. Permaneció en ese cargo cinco meses, en 2021. También laboró en la Notaría Pública número 13 de Guanajuato capital, con el notario Juan Villaseñor Buchanan, durante casi dos años.

Empleos de corta duración

En los últimos tres años, Barbosa ha tenido tres empleos distintos, en ninguno de los cuales permaneció más de siete meses.

Fue abogado coadyuvante en la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) de noviembre de 2022 a junio de 2023. 

Después trabajó en el área de Relaciones Laborales de Hitachi, en Silao, durante cinco meses, y más tarde en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) como técnico profesional durante el proceso electoral de 2024, de febrero a septiembre.

El 1 de junio de 2024 se postuló para el cargo de magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Poder Judicial Federal. No tuvo competidores y fue el candidato más votado del estado, con 97 mil 457 sufragios.

Ocupó el puesto que dejó Arturo González Padrón, quien se jubiló el 22 de agosto, ocho días antes de la entrada en funciones de los nuevos magistrados tras la reforma al Poder Judicial Federal.

Se dice víctima de ataques y calumnias

El magistrado Jorge Luis Barbosa Colunga fue buscado por AM para ofrecer su versión sobre lo ocurrido en la audiencia pública. 

En respuesta, envió un comunicado en el que afirma que, desde el 17 de septiembre, ha “sido testigo de un Poder Judicial dividido, sin rumbo fijo y buscando nuevos propósitos, distantes a lo dispuesto por la Carta Magna que nos rige y la Ley de Amparo. Pero sin duda alguna, así son los cambios: al principio ríspidos, para dar paso a la adaptación al mismo”.

Agregó que está acostumbrado a remar contra corriente y que “a pesar de los ataques, calumnias y desinformaciones contra mí, así como contra los integrantes de mi ponencia, por parte de colegas que trabajan con nosotros, no vamos a doblegarnos ante actitudes poco profesionales”.

Barbosa señaló que, más allá de las diferencias ideológicas, lo importante es que “al final del día, la prioridad de todo órgano jurisdiccional son los justiciables”, es decir, las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia. Recordó que ellos depositan su confianza en los jueces para resolver asuntos que afectan su vida cotidiana y posibles violaciones a sus derechos humanos.

“La demás grilla interna y demás cuestiones pueriles están totalmente de sobra”, expresó.

Yo tengo la plena certeza de que con derecho, razón y equidad lograremos esta encomienda, que hoy en día se ve más desafiante; pero, al ser servidores públicos, siempre hemos tenido plena certeza de que nuestro deber es con la gente y con nadie más”, declaró.

Finalmente, agradeció “a la gente que aún confía en la justicia, a la ciudadanía en general, a mis familiares, amigos y principalmente a la ponencia 1, de la que soy titular, su comprensión y apoyo”.

Alertan por fallas

La Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato, expresó su preocupación ante lo que considera los efectos negativos de la reforma judicial, sobre todo la designación de jueces que —según advierte— no dominan a fondo los temas que resuelven.

Así lo señaló Katya Morales Prado, abogada constitucionalista y presidenta de la Barra.

Nos estamos enfrentando a personas que no conocen los pormenores de las audiencias, que no entienden lo que están resolviendo, que necesitan auxiliarse de un gran equipo de asesores, pero que personalmente no tienen mayor conocimiento qué aportar”, afirmó en entrevista con AM.

Agregó que “hay jueces que mejor están renunciando o pidiendo permiso porque se están dando cuenta de que juzgar no era tan fácil como lo planteó el discurso político propulsor de la reforma”.

Plantea una contrarreforma

Morales Prado subrayó que México es un país fuerte y que la impartición de justicia debe ser uno de los pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

Consideramos que, haciendo una evaluación posterior de la experiencia, se debería analizar una contrarreforma que dejara ya el discurso político y se enfocara en el bien de todos, colocando candados efectivos que aseguren la capacidad de los juzgadores en procesos de selección técnicos, basados en el mérito y la competencia”, dijo.

Para la presidenta de la Barra, aún se está a tiempo de restaurar la certeza jurídica en el país.

“Si hacemos una revisión a conciencia, solicitamos a los legisladores acompañarse de la sociedad civil experta, para que los productos legislativos sean acordes con la realidad y aporten soluciones aplicables a problemas verdaderos”, planteó.

Morales Prado añadió que, a través de la legislación, “siempre hay remedio”, porque puede y debe impulsarse “otra reforma” que revise los puntos aprobados de manera inadecuada.

También propuso eliminar el sistema de votación para elegir jueces y magistrados; o, en su defecto, establecer mecanismos que garanticen que los candidatos acrediten sus conocimientos de forma real y efectiva.

“No hay retroceso en la justicia”

En contraste, José Manuel Sánchez Acosta, nuevo titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, rechazó que exista un retroceso en la impartición de justicia tras la reforma.

Desde su primer día —dijo— comenzó a atender juicios.

El juzgado tiene su ritmo y llegamos a incorporarnos. Hay muchas cosas buenas que se venían haciendo y a las que debe dárseles continuidad, pero también áreas de oportunidad de mejoría que ya estamos implementando con todo el equipo. Recordemos que lo más importante son las personas que acuden a pedir justicia”, expresó el juez.

Sánchez Acosta explicó que, con base en su experiencia de 15 años en el Poder Judicial de la Federación, encontró una carga de trabajo ligeramente mayor a la habitual, pero que puede resolverse con esfuerzo y coordinación.

“El número de expedientes en trámite está en un rango normal; recordemos que, debido al periodo vacacional de verano y a los movimientos de adscripción de nuevos jueces, se retrasaron un poco los asuntos antes de mi llegada. Sin embargo, refrendo el compromiso de impartir una justicia pronta y expedita”, afirmó.

“Estoy en casa”, dice el nuevo juez

Sánchez Acosta destacó que ya conocía al personal del Juzgado Octavo, pues trabajó con ellos de 2018 a 2021.

“Llegué al estado de Guanajuato en 2018, hace siete años, para continuar con la carrera judicial que inicié en 2010. Conozco a la mayoría de los compañeros del juzgado, quienes me hacen sentir que estoy en casa.”

El juez consideró que el ambiente laboral es positivo, ya que el personal se conoce bien y sabe trabajar en equipo.

Me recibieron con mucho profesionalismo y apertura; desde el día uno estamos trabajando en armonía y buen ambiente. Además, la mayoría tiene muchos años de experiencia en la carrera judicial, junto con gente joven entusiasta por aprender y crecer.”

Durante septiembre, el Juzgado Octavo de Distrito resolvió 140 asuntos, lo que, según el juez, refleja el compromiso del personal con la ciudadanía y con la impartición de justicia.

Retraso en la impartición de justicia y caos

La implementación del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) en Guanajuato se volvió caótica tras la elección judicial. Los abogados y jueces afirmaron que la transición, iniciada en septiembre, generó desorden y afectó gravemente la impartición de justicia en el estado.

La principal crítica es la falta de experiencia y la preparación de algunos nuevos juzgadores. Jueces con trayectoria acusaron a los perfiles electos de carecer de los conocimientos jurídicos básicos, de ausentarse de sus funciones y de limitarse a firmar el trabajo de los secretarios. Se señaló que esto demostraba un “absoluto desinterés” por la alta responsabilidad del cargo.

El sistema sufrió una parálisis técnica inicial. La tardía asignación de las plazas y la negativa a permitir que los jueces se llevaran a su personal anterior complicó el arranque. La situación actual mantiene un rezago significativo: los 12 juzgados de Distrito tienen más de 4,000 asuntos en trámite y casi 1,000 pendientes de resolución.

Para enfrentar esta crisis de capacidad, la Escuela Nacional de Formación Judicial tuvo que impartir cursos exprés sobre temas básicos, como el amparo. En esencia, la crisis puso en duda la efectividad de la reforma judicial, al evidenciar que la justicia no se volvió más rápida ni más profesional en Guanajuato, sino todo lo contrario.

AAK