Guanajuato.- La Comisión de Movilidad del Congreso acordó realizar una mesa de trabajo el 15 de octubre sobre la iniciativa de la Junta de Gobierno para prohibir mototaxis en Guanajuato, mediante una reforma a la Ley de Movilidad del Estado y sus Municipios.
Serán invitados los representantes de las plataformas Didi y Uber, la Secretaría de Obra Pública, la Dirección de Transporte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía.
Se enviará a opinión al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad y Paz, a la Secretaría de Finanzas, al Servicio de Administración Tributaria, a la Fiscalía General del Estado, a los 46 ayuntamientos, y a las asociaciones de motociclistas en el estado, quienes contarán con un plazo de 15 días para remitir sus comentarios.
Iniciativa busca regulación integral de motociclistas
La iniciativa, firmada por seis de los siete coordinadores parlamentarios: PAN, Morena, PVEM, MC, PRD y PT, contiene otros aspectos para regular a los motociclistas, como la obligatoriedad del uso del casco certificado y la regulación del ruido que producen las motocicletas, así como elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios y aditamentos luminosos indispensables.
En la sesión de la Comisión de Movilidad de este jueves, la diputada María Isabel Ortiz comentó que hay varios estados que están haciendo estos mismos procesos para regular las motocicletas, como Veracruz y Tamaulipas.
Además de que varias plataformas que dan este servicio se acercaron con ella, por lo que expresó que es algo mucho más amplio y habría que integrarlos. Propuso que el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso elabore un documento comparativo con las legislaciones de otros estados en esta materia, la cual fue aprobada.
La diputada Sandra Pedroza, presidenta de la comisión, expresó: “La idea es escuchar las diferentes voces, hacer un parlamento abierto y no solo oírlos, sino incluirlos en la reforma”. Comentó que ella tuvo una reunión con los representantes de las plataformas Didi y Uber, porque la buscaron. Esta consulta amplia busca sustentar la decisión de prohibir mototaxis en Guanajuato.
Otros puntos discutidos en la Comisión
También se discutieron dos puntos de acuerdo. Uno para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SICT), para que evalúe la implementación de una solución integral de infraestructura que permita resolver de manera estructural la interrupción sistemática del flujo vehicular y peatonal en la zona de Santa Rosa Plan de Ayala, en el municipio de León, derivada del cruce ferroviario existente. También busca que establezca medidas necesarias de señalización, control y seguridad vial en el cruce ferroviario referido, con el propósito de prevenir accidentes.
El otro punto fue para solicitar al ayuntamiento de Salamanca no aprobar ningún incremento tarifario sin que previamente se realicen estudios técnicos, económicos y sociales que permitan valorar con objetividad las afectaciones para la ciudadanía; así como a la Contraloría Municipal a iniciar los procedimientos correspondientes para sancionar a las personas responsables de haber anunciado o promovido el aumento al pasaje sin apego a la legalidad vigente.
Al respecto se señaló que no se recibió respuesta de las autoridades de Salamanca y se propuso realizar una mesa de trabajo el 8 de octubre a las 11:00 horas. En su intervención, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla indicó que era necesario solicitar la información a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, para que se revise qué es lo que está sucediendo en la entidad. La propuesta fue aprobada.
Taxistas de Guanajuato acusan negligencia para combatir pirataje y regular mototaxis
Líderes de taxistas de diversos municipios de Guanajuato expresaron su inconformidad con la gestión de Moisés Rangel Villagómez, director de Transporte de la Secretaría de Gobierno. Los taxistas, incluyendo a Ricardo Vega Álvez del grupo Lobos SOS y Martín García de Guanajuato capital, señalan la falta de acciones suficientes contra el servicio de transporte irregular de autos particulares (pirataje) y la proliferación de mototaxis en ciudades como León.
Los inconformes aseguran que la Dirección de Transporte omite aplicar la Ley de Movilidad y su reglamento contra vehículos no concesionados, como los de aplicación y los mototaxis. En contraste, afirman que la inspección se enfoca en el “taxi verde” (concesionado) que cumple con pagos y reglamentos. Juan Tena, de la Unión de Choferes de Taxi del Estado de Guanajuato (UCTEG), criticó que, pese a una reunión en noviembre pasado, no han visto el actuar prometido para atender la competencia desleal.
Los taxistas mencionaron violaciones evidentes a la ley en puntos como la Central de Guanajuato capital, donde vehículos de aplicación suben pasaje sin intervención de inspectores. La Secretaría de Gobierno, por su parte, informó que la Dirección de Transporte mantiene diálogo y contacto con grupos de taxistas tradicionales y operadores de transporte privado para buscar soluciones y ofrecer servicios de calidad, reiterando la disposición de “tener las puertas abiertas”.
El registro de motocicletas en Guanajuato se ha incrementado significativamente, pasando de 16 mil 920 unidades en 1980 a 661 mil 196 en julio de 2025 a nivel estatal. Este crecimiento es particularmente notorio en la zona sur, donde Moroleón reporta una tasa de 402.7 vehículos por cada mil habitantes (18,965 motos), superando el promedio nacional de 67.7. La ciudad de Uriangato sigue con la segunda tasa más alta: 312.4 por mil habitantes (18,927 motos).
Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en cantidad total de motocicletas. Ciudades como León (154,598 motos) e Irapuato (82,218 motos) concentran el mayor número absoluto, aunque sus tasas por habitante son inferiores (82.4 y 133.1, respectivamente). La activista Claudia García González, de Urbe León, señaló que el “boom” de la motocicleta responde a una necesidad de movilidad ante el “evidente” fallo del transporte público, y que las motos se adquieren fácilmente en tiendas con un enganche del 10 % del costo total.
Legislativamente, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local acordó proponer la abrogación de la reforma a la Ley de Movilidad que obligaba a portar una calcomanía reflectante con el número de placa en el casco, medida que nunca se publicó. Además, la Junta presentaría otra iniciativa para regular el ruido de las motos, el número de pasajeros y exigir el uso de casco certificado. La iniciativa original, aprobada el 27 de junio de 2025 para frenar delitos, fue rechazada por grupos de motociclistas.
AM