Guanajuato.- El diputado local Sergio Contreras Guerrero, coordinador de la fracción del PVEM, anunció que su bancada presentará una iniciativa de reforma legal para obligar al Gobernador en turno a que, cuando quiera otorgar una concesión para un proyecto plurianual, la autorización pase por el Congreso del Estado.
Aquí debería haber un candado para que, si ya está saliendo un Gobernador y le quedan unas cuantas horas, no pueda hacer un acto de tal repercusión tanto financiera como política”, anticipó.
Dijo que la iniciativa tiene que ver con una mayor regulación y revisión de lo que deben ser las concesiones cuando se trata de bienes y servicios públicos que trascienden al Gobierno en turno.
En entrevista con AM expresó: “Siempre hemos estado a favor de que el Estado no sea una gran empresa y que sí subrogue o concesione a las empresas para que generen economías y fortalezas. (…) Pero yo creo que el tema de concesiones está muy mal regulado”.
Eso es lo que va a proponer. Espera tener el respaldo de las demás fuerzas políticas porque esto da transparencia, certeza y evita sospechosismos de que pudiera haber una acción incorrecta en un proceso de licitación.
El lunes, AM publicó que, un año después del 24 de septiembre de 2024, horas antes de concluir su mandato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo despojó por “decretazo” a Guanajuato de la autopista Silao-Guanajuato y autorizó la construcción de la carretera Silao-San Miguel de Allende, el Estado aún no hace públicos estudios y proyectos que supuestamente avalan esa decisión.
La carretera Silao-Guanajuato representaba para el Estado un ingreso de unos 250 millones de pesos anuales. El 19 de diciembre del mismo año, la carretera de cuota Silao-Guanajuato pasó a poder de la empresa VISE-Rubau a cambio de construir la carretera de Silao a San Miguel de Allende de 52.17 kilómetros, de dos carriles.
VISE-Rubau recibió la concesión de ambas carreteras por 30 años, pero la construcción de la carretera Silao-San Miguel no inicia aún.
Además, la delegada de la SICT en el Estado, Irma Leticia González, declaró que el costo de la autopista Silao-San Miguel está “inflado” en 30%.
Debió de haber pasado por el Congreso
Entrevistado al respecto, Sergio Contreras comentó que serán estos casos los que lo están empujando a presentar esta iniciativa, ante una falta de regulación correcta, para que un titular municipal o estatal —va dirigida a ambos— haga el proceso de licitación de concesiones de servicios públicos o de bienes propios del Estado o del municipio con mayor claridad y transparencia.
Será una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado.
Sergio Contreras consideró que la concesión de ambas carreteras debió de haber pasado por el Congreso del Estado al ser un proyecto plurianual.
Basó su afirmación en que así lo establece la Constitución Política para el Estado. Citó el artículo 63 vigente: “Son facultades del Congreso del Estado: fracción XIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado presentado por el Gobernador, previa aprobación de la Ley de Ingresos.
“Así como autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión pública que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley”.
Él no lo dijo, pero la Ley para el Control de los Recursos Públicos del Estado le da actualmente la facultad al Gobernador en turno de autorizar los proyectos plurianuales.
El artículo 76 de dicha ley establece: “En casos excepcionales y debidamente justificados, sólo por acuerdo expreso del Titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento, la Secretaría o la Tesorería respectivamente podrán autorizar que se celebren contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole, que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año”.
En otros estados, unos sí, otros no
Sobre si en los demás estados se hace lo segundo, las disposiciones son variables. En una búsqueda realizada por AM en algunas legislaciones, se encontró que solo en Jalisco el Gobernador en turno tiene que pedir autorización al Congreso para otorgar concesiones.
El artículo 35 de la Constitución Política local establece entre las facultades del Congreso:
Fracción XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo, así como a sus entes públicos, para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de la administración estatal, representen enajenaciones o una afectación de su respectivo patrimonio o de su presupuesto de egresos en más de un ejercicio fiscal…”.
En Chiapas es facultad del Gobernador, pues el artículo 7 de la Constitución establece entre sus atribuciones otorgar las concesiones a los particulares.
En el artículo 96 de la Constitución Política, que enumera las facultades del Congreso del Estado, no se especifica si sí o si no, solo menciona que en el presupuesto se pueden incluir proyectos plurianuales.
En el Estado de México y en la Constitución de Veracruz no se menciona nada al respecto en las facultades del Congreso local.
Posturas de los demás partidos
Alejandro Arias, del PRI, dijo que no está de acuerdo en que las concesiones a otorgar por el Gobernador tengan que pasar por el Legislativo, porque es facultad del Ejecutivo, no del Legislativo, en virtud de que es un acto administrativo.
Yo no veo por qué el asunto tendría que pasar por el Legislativo. Yo tendría mis serias reservas de que pase por el Legislativo. Que el Legislativo tenga que autorizar la concesión, no estoy de acuerdo, yo no lo comparto”.
“Porque la facultad cae en el ámbito del Poder Ejecutivo, no del Legislativo. Yo sigo insistiendo en que es un acto administrativo.
“Esta argumentación de que es un proyecto plurianual, no tiene ningún asidero jurídico. Eso de que las concesiones tengan que pasar por el Legislativo, híjole, yo tendría mis dudas”, expresó.
Los diputados Jorge Espadas y Aldo Márquez (PAN) coincidieron en afirmar que desconocen el contenido de la iniciativa que su colega del PVEM, Sergio Contreras, presentaría en breve para una reforma a la Constitución Estatal y a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública del Estado de Guanajuato, para que toda concesión (incluyendo las carreteras) pase por el Congreso.
“Una vez que conozcamos la redacción te podría dar una opinión (…). Porque opinar sin conocer el texto está un poco complejo. Puede ser que sí (la apoye), puede ser que no. Todo depende de cómo venga redactado”, afirmó Espadas Galván.
Mientras que Aldo Márquez Becerra agregó que falta que se forme una comisión: “Hasta que exista una propuesta de dictamen y se agote el proceso legislativo, es que estaremos teniendo una postura las y los diputados del PAN respecto a si acompañaremos o no esa iniciativa”.
DAR