Guanajuato.- “La última trinchera que quedaba para la defensa del ciudadano ante un abuso de la autoridad, literalmente está en riesgo”, consideró el senador Miguel Márquez Márquez sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un proyecto de ley que envió la mandataria de la República al Senado este 15 de septiembre, con la justificación de que se fortalecerá el juicio de amparo al plantear la improcedencia de la suspensión por lesión del interés social.
Además de aumentar las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en materia de la investigación y contención del flujo de recursos de origen ilícito, es decir, evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas.
Sin embargo, tanto el senador panista como diferentes líderes de abogados de Guanajuato han levantado la voz en contra de esta iniciativa, al catalogarla como “regresiva” y “preocupante” por el retroceso a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Si van a eliminar la suspensión pues deja de tener razón el juicio de amparo. ¿Quién va a definir cuál es el interés social? ¿Bajo qué criterios? Entonces va a quedar de manera muy subjetiva. Así que literalmente el ciudadano va a quedar a merced de la autoridad y totalmente indefenso”, opinó Márquez Márquez.
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, el interés social “es aquel que corresponde a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto, entendida de manera plural y diversa, y que el Estado debe proteger”.
Sin embargo, para el exgobernador guanajuatense, esto representa muchos riesgos luego de la reforma al Poder Judicial, ya que estará a criterio de los juzgadores
“Si no hay esa independencia, esa autonomía del Poder Judicial, obviamente va a ser más tentador para que las resoluciones pues sean contrarias al ciudadano. Ahora sí que la última trinchera que quedaba para la defensa del ciudadano ante un abuso de la autoridad, literalmente la están poniendo en riesgo”, dijo.
Ya no servirá el juicio de amparo
Katya Morales Prado, presidenta del Capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), alertó que la propuesta de Sheinbaum limita demasiado la posibilidad de conseguir una suspensión.
“Puede ser que el amparo realmente deje de tener un efecto verdadero y deje de ser un recurso eficaz de la tutela de derechos”, expresó en entrevista con AM.
Explicó que esta reforma se centra en los derechos del Estado sobre los del ciudadano.
Y el amparo está para defender al ciudadano de la autoridad y ahora se está volviendo un medio de defensa de la autoridad frente al ciudadano. La autoridad no necesita que lo defiendan del ciudadano”, comentó.
Martín Ortiz García, abogado y político leonés, coincidió en que las modificaciones propuestas a la Ley de Amparo son para endurecer el ejercicio del poder público frente a los gobernados.
“Esta iniciativa refleja una filosofía autoritaria del ejercicio del poder, pero envuelta en argumentos a favor del interés social y el orden público, muy al estilo de los regímenes populistas”, indicó.
Puntualizó que los jueces tendrán más argumentos con una valoración subjetiva para rechazar una demanda de amparo por considerar que el quejoso carece de interés legítimo para interponerla.
“Con ello se hace más angosta la puerta para acceder al juicio de amparo. ¿Será eso lo que busca el gobierno, más poder y menos protección de los derechos humanos?”, reflexionó Martín Ortíz al ser consultado por AM.
“Esta posibilidad de interés legítimo está siendo muy reservada, se está acotando, no desaparece, pero se está poniendo tantas limitaciones para ejercerla que prácticamente será muy extraño conseguirlo”, añadió Katya Morales.
Congelarán cuentas y después investigarán
La iniciativa propone evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas ordenado por la UIF y, con ello, permitan que sigan operando redes ligadas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.
En la exposición de motivos, la Mandataria informó que, en los últimos siete años, el uso y abuso de amparos contra el congelamiento de cuentas ha “liberado” unos 59 mil millones de pesos.
Según explicó, entre diciembre de 2018 y agosto de este año, se han promovido 3 mil 659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la Lista de Personas Bloqueadas.
Aunque para el senador Miguel Márquez Márquez, esto implicaría un riesgo para resoluciones en contra de los ciudadanos sin que se tenga una sentencia.
“Ahora con esto, al no tener la suspensión, pues se va a dar mucho este tema de que primero actúo, después averiguo y luego resuelvo”, expresó.
Imagina que les congelan las cuentas, se hace el juicio mediático y el escarnio social de cualquier ciudadano y después al final del día demuestran lo contrario, pues ya para qué sirven las disculpas”, comentó el legislador.
Terrorismo fiscal
“Es terrorismo fiscal, en el sentido de que imaginen que van a decidir si estás haciendo mal y van a causar una afectación, una molestia sin poderlo acreditar y en lo que lo acredito o no, presumen que tú estás en un ilícito, que estás en un incumplimiento y entonces van sobre ti y te quitan las posibilidades de ampararte”, expresó Katya Morales.
Martín Ortiz consideró que esta parte de la reforma será un riesgo para los concesionarios de radio o televisión, las constructoras, o quienes prestan de un servicio público concesionado.
“La autoridad podrá detener sus actividades de un plumazo, y la persona afectada ya no podrá logar que los efectos del acto se suspendan mientras se le da tiempo a un juez de amparo para que determine si la autoridad actuó sin violar sus derechos”, afirmó.
Riesgos para el sector empresarial
La presidenta del Capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) realizó un resumen de las implicaciones de esta iniciativa de reforma para el sector empresarial:
- Mayor vulnerabilidad ante la UIF y autoridades fiscales: la suspensión se restringe, por lo que las empresas podrían ver congeladas sus cuentas por periodos largos.
- Aumento en costos de cumplimiento y litigio: cada compañía deberá litigar por separado, con menos margen para acciones colectivas.
- Riesgo de parálisis operativa: el reforzamiento de la definitividad y el debilitamiento de la suspensión generan tiempos muertos que afectan directamente la liquidez.
- Incertidumbre jurídica: normas inconstitucionales seguirán aplicándose de manera general, obligando a cada empresa a defenderse individualmente.
Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, anunció que se convocará a un parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que se trata de un tema trascendental que debe analizarse con tiempo, método y apertura a especialistas, pues el juicio de amparo es una figura clave en la defensa de los derechos ciudadanos frente a la autoridad.
La propuesta presidencial plantea cambios en el alcance de la suspensión, entre otros aspectos. Corral aseguró que se debe garantizar que ningún ciudadano quede fuera de la posibilidad de recurrir al amparo y descartó que la reforma se apruebe en “fast track”, comprometiéndose a dar el tiempo necesario a su análisis.
Desde la oposición, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, advirtió que su bancada votará en contra si no se corrigen los puntos que, a su juicio, fortalecen al gobierno y limitan los derechos de la sociedad civil. Criticó que el parlamento abierto pueda convertirse en una simulación, como ocurrió —dijo— en el debate de la Ley de Telecomunicaciones. Además, alertó que colectivos como los padres de niños con cáncer podrían perder la posibilidad de recurrir al amparo para acceder a medicamentos urgentes.
En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la iniciativa como un intento de consolidar un “régimen autoritario”. Criticó que se limite el interés legítimo, se eliminen efectos generales del amparo y que la autoridad pueda alegar imposibilidad para no acatar sentencias. Aseguró que estas medidas debilitarían la defensa de los ciudadanos frente a actos ilegales y afectarían particularmente a los sectores más vulnerables.
DAR