Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para aumentar las sanciones por el delito de cobranza extrajudicial ilícita, con una agravante cuando haya intervención de servidores públicos.
En sesión de la Diputación Permanente, el diputado Alejandro Arias Ávila advirtió que la delincuencia ha diversificado sus actividades, entre ellas la cobranza ilícita mediante violencia e intimidación, derivada de los llamados créditos “gota a gota”.
Sanciones más severas
La propuesta establece que quien realice cobranza extrajudicial ilícita enfrentará de 3 a 6 años de prisión y de 20 a 60 días multa.
La pena de prisión aumentaría de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo cuando participe algún servidor público. En ese caso, además, se impondría la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar otro puesto público por un tiempo igual a la pena de prisión.
Más que hablar de cifras o tecnicismos jurídicos, vengo a exhibir una dolorosa realidad que sufren en muchas comunidades y hogares. La cobranza ilícita y los créditos gota a gota corroen la seguridad de las personas”, declaró Arias.
Deudas impagables y violencia
El legislador explicó que este tipo de financiamientos están diseñados para volverse impagables, pues se cobran intereses diarios o semanales, y sobre ellos se añaden penalizaciones que hacen crecer la deuda.
Cuando los deudores no pagan, quienes otorgaron los préstamos recurren a mecanismos intimidatorios e incluso violentos para exigir el cobro.
Arias recordó que ya se había presentado una iniciativa similar y que el objetivo ahora es insistir en sancionar con mayor rigor estas prácticas, que calificó como “un cáncer en ciertas zonas del estado”.
Es urgente actuar con mayor vigor, pues no es desconocido que algunos cuerpos policiacos coludidos con estas organizaciones coadyuvan en los cobros extrajudiciales indebidos”, enfatizó.
Por su parte, para combatir los llamados préstamos “gota a gota” —que, según afectados, se convierten prácticamente en extorsiones—, el Gobierno del Estado implementa estrategias que incluyen revisar la estancia legal de personas señaladas y apoyar a quienes deseen presentar denuncia penal.
RAA