Guanajuato.- “Que se sancione a los altos mandos que ordenaron la represión hacia los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas”, fueron las palabras de Bibiana Mendoza, del Colectivo Hasta Encontrarte, al señalar que es un “granito” de la justicia que las madres y familiares de personas desaparecidas se merecen.
Señaló que la actual gobernadora debería hacer una disculpa pública por ese hecho. Esto, al compartir su postura sobre la decisión de una jueza federal de ordenar abrir el expediente relacionado con la denuncia hecha por mujeres familiares de personas desaparecidas para que se investigue de nuevo la represión que vivieron por parte de elementos de la FSPE en 2020, durante una manifestación en Guanajuato capital.
“Lamentamos mucho que hace cinco años, en la manifestación más pacífica que hemos hecho en la historia de la colectividad, haya resultado en una represión tan arbitraria y con unas voluntades políticas de querer silenciar las voces sociales que, en esos años, estábamos recién despertando y que solo exigimos ser escuchadas y no imaginamos que en lugar de ser escuchadas íbamos a ser detenidas, golpeadas y amedrentadas”.
Mendoza señaló que la orden para reabrir la investigación es “un granito de la justicia que nos merecemos”, pues tras las agresiones y detenciones arbitrarias, en lugar de que las autoridades implicadas y el propio gobierno en turno pidieran disculpas, decidieron levantar cargos contra algunas buscadoras acusándolas de haber agredido a policías, acusación que sostuvo fue falsa.
“Levantaron cargos en contra de algunas de nosotras por haber agredido a policías, cuando eso nunca pasó. Nuestra única arma era la foto de nuestro familiar desaparecido”, expresó.
Dijo que la orden de cerrar el caso y archivarlo fue “una desilusión”, pero indicó que también abrió la puerta a la expresión de otras voluntades políticas, además de que a la causa se sumaron grupos feministas.
Recordó que, tras la represión, el entonces secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, declaró públicamente que “Guanajuato no se iba a convertir en un manifestódromo, cuando Guanajuato ya estaba convertido en un estado de fosas clandestinas y en uno de los estados más peligrosos para ser mujer”.
La activista indicó que esa represión y las declaraciones ocurrieron en un contexto en el que Guanajuato ocupaba los primeros lugares en feminicidios, hallazgo de fosas clandestinas y persecución de mujeres que buscaban a sus familiares desaparecidos.
Bibiana Mendoza celebró que se reanude la investigación gracias a la resolución de una jueza federal, pues dijo que mientras organizaciones de la sociedad civil las apoyaban, la autoridad estatal optó por cerrar el caso.
Por ello, señaló que con esta nueva oportunidad no buscan que se sancione únicamente a los policías que participaron en la represión.
“Lo que nosotras exigimos no es que se castigue al policía que le rompió la pierna a una de mis compañeras, no es que se castigue solo al policía que subió a una patrulla a dar vueltas antes de llevarla al centro penitenciario, sino que se castigue a los altos mandos. A quien dio la orden de reprimir a un grupo de mujeres que lo único que quería en ese momento era ser escuchadas”, expresó.
Comentó que “lo mínimo que esperamos es una disculpa pública por parte del estado de Guanajuato. Sabemos que, a lo mejor, la actual gobernadora no estaba en ese momento, pero ella en este momento representa al Estado.
“Sabemos que fueron decisiones arbitrarias y en un contexto donde el fiscal decía que no había fosas clandestinas, se negaban las desapariciones y decían que la inseguridad iba a la baja, al tiempo que éramos reprimidas por alzar la voz”.
Mencionó que el daño no solo fue para las mujeres detenidas, pues hubo más buscadoras que durante la represión fueron golpeadas y empujadas. Tras el suceso, varias perdieron su empleo; además, hubo campañas de desprestigio en contra de ellas, lo que generó afectaciones psicológicas e incluso propició que hijos de buscadoras fueran víctimas de bullying.
Por ello, dijo que la reparación del daño no debe limitarse únicamente a las mujeres que fueron detenidas, sino a todas las que padecieron esa situación.
Verónica Durán, una de las activistas detenidas, se dijo indignada de lo que vivió cuando solo pedía ayuda para buscar a su hijo, desaparecido desde 2019. Relató que lo que experimentó a manos de policías estatales la llevó a pensar que la “desaparecerían”.
“Sentí mucho miedo. Nunca nos dijeron porqué fuimos detenidas”, afirmó.
Pidió que los gobiernos federal y estatal les garanticen la no repetición de ese tipo de agresiones, seguridad en sus búsquedas, respeto a sus derechos humanos y a la libre manifestación, pues aún sienten impotencia y miedo de que algo similar ocurra.
“Lo que queremos es que no haya una repetición, que seamos libres a una manifestación y que se abra nuevamente el archivo para que revisen lo que de verdad fue, porque están omitiendo muchas cosas. Me da mucho coraje, dolor, impotencia, porque lo que hicieron con nosotras no fue justo. No hicimos algo que dañara a alguien. Lo único que queríamos era ser escuchadas, que nos ayudaran a buscar a nuestros familiares, y que se hayan burlado de nosotros no se vale”, expresó.
HLL