Acámbaro, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato aplicó un “relevo administrativo desde la Dirección del centro hasta personal de custodia” en el Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Acámbaro, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontrara presuntas irregularidades.
Ello provocó que la CNDH emitiera medidas cautelares para proteger a 23 personas privadas de la libertad (PPL) para prevenir y atender actos que constituyan posibles violaciones a los derechos humanos, como la tortura, pues las personas presentaban presuntas lesiones físicas, las cuales no se detallaron.
Esto se detectó durante una supervisión que personal de la Comisión, en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), realizara el lunes 11 de agosto al penal de Acámbaro, en el marco del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025.
Las presuntas irregularidades se detectaron en “un dormitorio en el que se encontraban un total de 23 personas (… sujetas a) aislamiento sin comunicación con el exterior y sin permitirles el desplazamiento más allá de su dormitorio, sin acceso a los servicios de las área del centro y sus actividades deportivas y de reinserción social”.
Estas sanciones, al no estar contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrían vulnerar sus derechos humanos. También mencionó en el comunicado de prensa que se les impidió a sus representantes (personas visitadoras) seguir la revisión por parte de personal del penal, las personas afectadas fueron llevadas a otros dormitorios.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP), informó que dichas acciones no eran sanciones, sino una medida preventiva para salvaguardar la integridad física y la seguridad de un grupo de estas personas, por “tensiones”. También negó que haya impedido la revisión a los visitadores de derechos humanos.
Por su parte, la Prodheg confirmó la situación detectada en el Ceprereso de Acámbaro, pues participa con la CNDH en el DNSP 2025, por lo que se dictaron medidas cautelares y la Procuraduría inició una queja con el número de expediente 1851/2025-E.
CNDH pide prevenir tortura
Personal de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que se observaron lesiones en diversas partes del cuerpo de las personas presuntamente afectadas y al ser entrevistadas refirieron que estaban en esas condiciones desde el primero de agosto.
Las medidas cautelares indican que se les debe permitir la comunicación con familiares y defensores, revisar el estado de salud, certificar lesiones, garantizar la labor de organismos de derechos humanos y facilitar la presentación de quejas.
La CNDH exhortó al Sistema Penitenciario de Guanajuato a adoptar las acciones inmediatas que permitan erradicar las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de libertad.
También reiteró la disposición de colaborar con el estado para fortalecer protocolos y normatividad que garanticen seguridad y respeto a los derechos humanos, sobre todo en lo referente al uso de la fuerza y la aplicación de medidas disciplinarias.
“Hay puertas abiertas”, responde la SSP
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que la situación en el Ceprereso de Acámbaro resultó de una “situación de tensiones”.
Las acciones adoptadas por el personal penitenciario no constituyeron una sanción, sino una medida preventiva destinada exclusivamente a salvaguardar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de la libertad involucradas y de la población penitenciaria en general”.
Mediante un posicionamiento, la vocería de la SSP afirmó que las acciones fueron inmediatas y que de ello hay constancia documental.
“Dicha medida permitió desescalar la situación de riesgo y cumplió con su objetivo de mantener la gobernabilidad en el centro”, es decir, se impidió el fenómeno de autogobierno y se busca prevenir que desde este y otros centros penitenciarios estatales se realicen llamadas de extorsión.
Que, derivado de las medidas cautelares dictadas por la CNDH, hubo un “relevo administrativo” (del que no se brindaron detalles, por constituir detalles operativos de los cepreresos), que se reforzó la presencia de personal médico en ese penal y se aseguró que habrá colaboración plena con la Comisión Nacional para el seguimiento de cada caso y la atención de las medidas cautelares emitidas.
Asimismo, se indicó que en este penal se desarrollan varias actividades orientadas a la reinserción social, como programas laborales, educativos, culturales y deportivos, así como capacitación técnica y actividades artísticas.
La Secretaría de Seguridad y Paz aseguró que la gobernabilidad y operatividad del sistema penitenciario en Guanajuato se sustenta en el estricto apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal y los protocolos vigentes, con certificaciones internacionales de respeto a derechos humanos en materia de seguridad, condiciones de internamiento y programas de reinserción social.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado, desmintió que la muerte de un hombre recluido en dicho penal y quien fue ingresado al Hospital General de Acámbaro, haya sido a consecuencia de los golpes, se aclaró que fue por una peritonitis. El hecho ocurrió el 12 de agosto.
También se consultó a la Secretaría de Gobierno, quien afirmó que la postura estatal quedaba en manos de la SSP. A pregunta expresa de AM si ha habido quejas por parte de las familias por presunto maltrato o incomunicación de personas privadas de su libertad en este lugar, se informó que no llegó ninguna, que el tema aún se está investigando.
El Ceprereso de Acámbaro, según diagnóstico nacional
El Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Acámbaro, enfrenta fallas en seguridad, programas de reinserción y atención a grupos vulnerables. Así lo revela el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024, que le otorgó una calificación de 6.76 puntos desempeño medio, por debajo del promedio estatal de Guanajuato ubicado en 7.62.
Cabe destacar que en ese documento, la CNDH reconoció como positiva la “atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento”, la “distribución de personas privadas de la libertad” y que “el número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro” es equilibrado: 198 internos frente a un límite de 207.
También se destacó la “prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección” y la “supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular”. Esto, con datos del informe de 2024.
Por otro lado, el DNSP advirtió problemas que requieren atención inmediata.
En lo que respecta a la integridad de las PPL, el informe señala “insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos” y “insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos”.
En el rubro de gobernabilidad, se documentó “insuficiencia de personal de seguridad y custodia” y la “presencia de actividades ilícitas” dentro del penal, situaciones que representan un riesgo para la seguridad y el orden interno.
La reinserción social, uno de los objetivos centrales del sistema penitenciario, también muestra deficiencias.
El diagnóstico reportó “deficiente integración del expediente técnico-jurídico”, “deficiente separación entre procesados y sentenciados”, “inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad” y “inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades”.
Además, se advirtió “insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación”, lo que limita las posibilidades de los internos para adquirir habilidades útiles al recuperar su libertad.
En cuanto a los grupos con necesidades específicas, el reporte señaló “deficiencia en la atención a personas LGBTTTI” e “insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria”.
El informe concluye que, si bien el Ceprereso de Acámbaro mantiene control en ciertos aspectos clave y no presenta sobrepoblación, debe reforzar con urgencia su personal de seguridad, erradicar las actividades ilícitas, ampliar la oferta de actividades laborales y educativas, y mejorar la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
DAR