Guanajuato.- En la búsqueda de justicia y porque el silencio “la consumía por dentro”, la señora Guadalupe Elvira Camacho Velasco hizo pública una denuncia en contra su exesposo, Rosendo N., por presuntamente abusar de sus dos hijos menores de edad, hechos que habrían ocurrido hace 4 años en León, Guanajuato.
La denuncia se interpuso en la Fiscalía de Ciudad de México, a donde Guadalupe cambió de residencia, junto con sus hijos, después de divorciarse de Rosendo.
La mujer, quien es hija del político fallecido Manuel Camacho Solís, denunció en un video en Instagram una serie de irregularidades de jueces y magistrados del Poder Judicial de Guanajuato, a donde se envió el juicio, por incompetencia, y donde se dejó en libertad al presunto responsable.
De acuerdo con la denunciante, el argumento fue porque las diligencias con las víctimas se realizaron en la Ciudad de México y no en León, lugar donde supuestamente ocurrieron.
En enero de este año, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia, tras cuatro años sin avances del mismo.
El presunto responsable fue detenido el 16 de mayo pasado en España, donde permanece preso, tras que un tribunal de Guanajuato le giró una orden de captura en marzo pasado, y la Interpol generó una ficha roja para su captura.
No obstante, la mujer afirmó que el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato, integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elba de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena, anuló la vinculación a proceso del agresor, lo que pondría en riesgo de que quede nuevamente en libertad.
Ha sido una historia brutalmente terrorífica, desgarradora del alma, de verdad, como madre el que toquen a tus hijos o les hagan daño, es algo incomprensible”, expresó la mujer en el video.
Es un atropello
En entrevista telefónica con AM, el abogado Gabriel Castañeda Gómez Mont, destacó que dos jurisprudencias que emitió la SCJN, tras revisar este caso, obligan a los ministerios públicos a investigar con perspectiva de infancia y admitir la denuncia en cualquier fiscalía del País, independientemente de donde sucedieron los hechos.
No obstante, el abogado señaló que en Guanajuato tal parece que la justicia favorece a los agresores, y no a las víctimas.
No solamente eso, sino que ha atropellado en toda la extensión de la palabra a los derechos de dos menores de edad, han resuelto los asuntos violando en todo momento el concepto de interés superior de los menores y perspectiva de infancia”, dijo.
Comentó que es un asunto muy delicado por la trascendencia que tiene en dos menores de edad, que han luchado contracorriente desde 2021, porque al momento que se presenta la denuncia en la Ciudad de México ellos radicaban ahí, en protección de ciertos actos violentos por parte del padre.
Se integró toda la investigación ante la Fiscalía de la Ciudad de México y cuando conocieron los detalles de la circunstancias de modo, tiempo y lugar donde sucedieron estos actos de apariencia de delito, el Ministerio Público remitió toda la investigación a Guanajuato, por incompetencia.
“Cuando la Fiscalía de Guanajuato, que ha tratado muy bien a la señora Guadalupe y a los menores de edad, revisa el asunto, considera que tiene mérito para llevar el tema a los tribunales, y lo hace a través de una audiencia, donde el Juez de Control le libra una orden de aprehensión, se ejecuta esta orden de aprehensión, que es donde empieza la tormenta”, relató el abogado.
En la audiencia, la defensa del imputado planteó una nulidad de todo lo actuado, porque fueron recabadas por una autoridad incompetente, por territorio, es decir, el argumento fue que la Fiscalía de la Ciudad de México no tenía porqué revisar este asunto, y ni siquiera practicar los actos.
En consecuencia a esto, lo liberaron bajo un acto de no vinculación a proceso, porque ya no había materia, porque las pruebas fueron declaradas nulas.
El abogado Gabriel Castañeda dijo que después de batallas legales, lograron que la Corte revisara el asunto, que es donde regularmente concluyen los asuntos, pero aquí, inició.
De acuerdo con el abogado, siguen luchando contra corriente, aunque dijo esperar que los tribunales tomen en cuenta los lineamientos que la Corte ya fijó.
Largo y sinuoso camino
En enero de 2025, la Suprema Corte afirma que en caso de menores víctimas, cualquier Ministerio Público del país puede iniciar carpeta de investigación, independientemente de donde ocurrieron los hechos.
El 26 de marzo de 2025, el juzgado de oralidad penal de la IV Región libró orden de aprehensión en contra del presunto agresor, huido del país, y la Fiscalía General de la República (FGR) generó una ficha roja de Interpol.
El 26 de mayo, el presunto agresor fue detenido bajo el expediente 2025/39055 en Madrid, España, donde permanece preso en la cárcel de Soto del Real, acusado de corrupción de menores y abuso sexual.
En julio pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato, integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elba de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena, anuló la vinculación a proceso del agresor.
De acuerdo con el abogado Gabriel Castañeda Gómez Mont, “los magistrados le dieron la razón a la defensa diciendo que interpretaban un párrafo de la sentencia de la Corte, diciendo que ‘se tiene que anular porque el señor Rosendo puede presentar pruebas y una vez presentadas se puede resolver sobre su vinculación a proceso’, entonces naturalmente dejó sin efectos la vinculación a proceso y la orden de aprehensión”.
Para este martes 5 de agosto, se tiene programada una audiencia con el presunto responsable, ante la Novena Sala Penal en Guanajuato que preside el magistrado Plásido Álvarez Cárdenas, para resolver si se entra a la revisión del fondo del asunto y se inicie el juicio.
“Si no va él a la audiencia, se le tendría que fijar una nueva orden de aprehensión, ahora, la disyuntiva es si está detenido en España, no hemos recibido noticias de que haya sido puesto en libertad, si él no va, se le tiene que girar una nueva orden de aprehensión, estaremos muy atentos para ver con qué creatividad llegan los abogados defensores y cómo resuelve el Poder Judicial del Estado de Guanajuato ante estos temas.
Lo que buscamos es que ya empiece la secuela procesal que llevamos esperando cuatro años, porque cada vez que se alarga el proceso estamos hablando de una revictimización hacia los menores”, acotó.
Fundado, el recurso de inconformidad
La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato establece que el recurso de inconformidad es fundado, esto pues “como quedó precisado, la Primera Sala de la SCJN otorgó la protección constitucional para que la autoridad judicial responsable resolviera la situación jurídica del imputado”.
Esto es, que analizará si existen méritos para dictar o no un auto de vinculación a proceso en contra y resolviera lo que en derecho corresponda, garantizando los principios rectores del sistema penal acusatorio, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, lo cual en la especie no aconteció.
AM buscó la postura de la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco, una de las integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato, quien explicó que ese asunto inició como un amparo indirecto en el que el Juzgado de Distrito negó el amparo, y al recurrir en revisión la Primera Sala de la SCJN, atrajo el caso y fueron sus integrantes los que concedieron un amparo al imputado, un amparo para efectos, esto es, para que se verifique nuevamente una parte de la audiencia inicial y luego de ello se resuelva por el juez de control estatal la vinculación o no vinculación a proceso.
Puntualizó que al Tribunal Colegiado solo llegó un recurso que ambas partes interpusieron en contra del auto del Juez de Distrito que tuvo por cumplida la sentencia de amparo.
¿Qué dicen en el Poder Judicial local?
A través de su vocería, el Poder Judicial del Estado no emitió información al respecto, hasta esperar a lo que se determine en la audiencia de este martes 5 de agosto.
DAR