Guanajuato.- La Comisión de Asuntos Electorales radicó la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que busca garantizar una representación efectiva de las personas indígenas en los ayuntamientos, sin que su inclusión dependa exclusivamente del resultado electoral.
Actualmente la ley establece que, en los municipios donde la población indígena supera el 25%, las planillas deben incluir al menos una fórmula de regidurías integrada por personas indígenas en los primeros cuatro lugares.
Sin embargo, en los municipios con menor proporción, el texto legal solo indica que los partidos políticos “procurarán” incluir personas indígenas, lo cual no genera ninguna obligación vinculante ni certeza para las comunidades.
La ley vigente no garantiza que estas fórmulas accedan al cabildo si no están posicionadas en los primeros tres lugares de la lista.
La iniciativa propone sustituir el término “procurarán” por “deberán”, y que en todos los municipios incluidos en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato se integre al menos una fórmula indígena dentro de los primeros lugares de la planilla.
Buscan reforma integral
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presidenta de la Comisión, se pronunció por impulsar de forma conjunta, incluyente y abierta una reforma integral a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior, dijo, con la finalidad de responder a las exigencias actuales del derecho electoral y atender de manera puntual los retos que se vislumbran en el presente democrático, nuevas figuras jurídicas como el proceso para la elección de personas juzgadoras y la regulación de mecanismos efectivos que garanticen la representación igualitaria de todas y todos los guanajuatenses en los órganos de decisión.
Discuten por pluris
En asuntos generales, la diputada Susana Bermúdez del PAN, planteó que otro reto de la Comisión será el evitar que afecte una campaña que, según dijo, desde el Gobierno Federal no reconoce el trabajo de los diputados plurinominales.
Bermudez refirió que todos los integrantes de esa comisión son diputados plurinominales y que una agenda a nivel federal distinta a los contextos del estado, debe ponerlos atentos.
“Que el discurso a nivel federal no nos gane en el estado de Guanajuato”, expresó.
Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal aclaró que la intención de la reforma de la presidenta Claudia Shienbaum es que todos los integrantes de los congresos sean plurinominales, desaparecer el voto por distrito y, en proporción, vendría la representación.
El diputado Sergio Contreras Guerrero mencionó que el tema de la representatividad siempre ha sido un debate.
Agregó que él se ha inclinado siempre por un sistema de listas, ya que el actual genera muchas dudas en la ciudadanía, por lo que se debe crear una agenda que los una y no que los divida.
El diputado Rodrigo González Zaragoza apuntó que el marco regulatorio electoral debe ser siempre desde la progresividad y el respeto a la decisión y la voluntad ciudadana.
Y vienen más reformas
En marzo de este año, la diputada Plásida Calzada Velázquez, de Morena, presentó una iniciativa para que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales.
Se plantea una reforma al Código Civil estatal y a la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que los pueblos y comunidades indígenas tengan plena certeza de que la justicia es asequible.
Además, de que sepan que si no pueden resolver sus conflictos internos mediante sus propios usos, costumbres y sistemas normativos pueden acceder a la jurisdicción del Estado a través de su representante legal como lo es la autoridad comunitaria propietaria y/o delegada o delegado.
En su exposición de motivos, Plásida Calzada se refirió a la reforma al artículo 2º de la Constitución, publicado el 30 de septiembre de 2024, en donde se dispuso que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público con personalidad jurídica.
Plásida Calzada insistió en la omisión del Código Civil estatal consistente en no contemplar a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales, así como el que la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato no contemple a la autoridad comunitaria propietaria ni sus funciones, lo que, dijo, impide que los indígenas puedan acceder a la impartición de justicia de manera pronta y expedita.
DAR