Guanajuato.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó este jueves el dictamen de dos iniciativas de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, que buscan ampliar el espectro de protección jurídica para quienes ejercen esta labor.
El dictamen también contempla el fortalecimiento del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la ampliación de las opciones de medidas preventivas y de protección previstas en la ley.
La propuesta fue aprobada por unanimidad en lo general.
En lo particular, la diputada Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la Comisión, informó que, derivado de la reunión celebrada el pasado 18 de junio con personas periodistas y defensoras de derechos humanos, se atendieron tres observaciones específicas. Por ello, presentó el mismo número de reservas.
La primera reserva plantea modificar la periodicidad con la que sesiona el Consejo Estatal, estableciendo que deberá reunirse de forma ordinaria cada dos meses y de manera extraordinaria cuando así lo convoque su presidencia o lo solicite la mayoría de sus integrantes.
La segunda reserva se refiere a las atribuciones y obligaciones del Consejo, así como a los principios rectores de las medidas de protección, que quedarán definidos como: idoneidad, inmediatez, coordinación y concurrencia, eficacia, prevención, temporalidad, igualdad, equidad, legalidad, principio pro persona, consentimiento, objetividad y perspectiva de género.
Finalmente, la tercera reserva plantea ajustar en concordancia el artículo único del decreto. Todas las reservas fueron aprobadas.
En asuntos generales, la diputada panista Ana María Esquivel Arrona celebró la aprobación del dictamen y manifestó que se ha dado un paso adelante en la protección y defensa de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Agregó que existe un consenso sobre la necesidad de seguir avanzando en este tema y realizar modificaciones que sean verdaderamente operables.
La definición de “periodista”
El pasado 18 de junio, periodistas de Guanajuato manifestaron en un foro de consulta convocada por el Poder Legislativo que la definición de periodista se debe considerar en su parámetro más amplio, tomándose en cuenta los estándares internacionales, dado que la definición está muy acotada en la Ley Local.
“Se han dado casos de que para investigar las agresiones a periodistas, cuando se dedican a otras actividades además del periodismo, se da pauta para que la autoridad no investigue con este protocolo establecido para investigar las agresiones que tiene que ver con la libertad de expresión”, afirmó la periodista Yajaira Gasca.
Respecto a las medidas preventivas de protección y medidas urgentes, la periodista propuso la incorporación del principio pro persona y de consentimiento, considerando que en el mecanismo federal, estos dos principios se consideran pensando en el beneficio de las personas que son sujetas de este mecanismo.
En su oportunidad, la periodista Gabriela Montejano afirmó que a seis años de la integración del Consejo es importante afinar su operación, los protocolos de atención y la prevención de agresiones hacia defensores y periodistas.
La comunicadora Melissa Esquivias llamó a que se puedan analizar en un sentido más amplio estas iniciativas, al afirmar que hay una necesidad y urgencia de que se abran espacios para discutir sobre la operación del Consejo “que ha funcionado de manera limitada”.
Criticó que mientras hay periodistas y defensores de derechos humanos que ocupan un cargo de manera honorífica, haya funcionarios que ni se toman el tiempo de asistir a las sesiones del Consejo.
También planteó evolucionar de Consejo a un mecanismo, que implique una mayor cantidad de recursos técnicos y económicos para su funcionamiento.
Justo la semana anterior a este foro, el oficial de protección de la ONU Derechos Humanos, Ricardo Neves, se reunió en privado con Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, en una visita no oficial a Guanajuato.
El Secretario de Gobierno informó en entrevista con AM que en la reunión trataron dos temas: el primero, conocer las iniciativas para reconocer a las buscadoras de personas desaparecidas como defensoras de derechos humanos.
El Secretario de Gobierno informó en entrevista con AM que en la reunión trataron dos temas: el primero, conocer las iniciativas para reconocer a las buscadoras de personas desaparecidas como defensoras de derechos humanos.
En este punto, se le dio a conocer la iniciativa que presentó hace tiempo la gobernadora Libia García para incluir en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, para considerar dicho tema. Cuando se apruebe, Guanajuato será el primer estado que tenga esta disposición en la Constitución.
También le informó cómo está conformado el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Ricardo Neves preguntó cómo se está fortaleciendo el tema de las búsquedas de personas desaparecidas.
“Nos decían que ellos visualizan que hay dos delitos en el estado que restringen la libertad, que podrían inhibir derechos y que tendríamos que revisarlos”.
El primero es bloqueo contra las vías de comunicación, y el segundo es el artículo 260 del Código Penal, relativo a la oposición a hacer obras públicas, que establece: “A quien con actos materiales entorpezca o se oponga a la realización de obras o trabajos públicos legalmente ordenados por una autoridad, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 20 a 60 días multa”. Aunque aclaró que él no ha visto que se haya aplicado.
El Secretario de Gobierno aclaró que no hubo ningún acuerdo en ningún tema, sino que “nos lo dejó de tarea”.
Comentó que en la reunión también estuvo Adrián Nájera, secretario técnico del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
JB