Guanajuato. — El proceso judicial contra el expresidente municipal de Silao, periodo 2021-2024, por presunto hostigamiento sexual, se suspendió de manera indefinida. La decisión obedece a la necesidad de esperar la resolución definitiva de tres amparos interpuestos por el exfuncionario.
“Este proceso queda suspendido por tiempo indefinido”, declaró el juez al concluir la audiencia pública realizada este miércoles. La determinación se dio tras informar sobre el contenido de uno de los amparos, cuya suspensión definitiva impide iniciar la etapa de juicio oral hasta su resolución final.
Los tres amparos presentados por el expresidente municipal, cuya identidad no puede revelarse por orden judicial, incluyen uno contra la vinculación a proceso, otro contra la negativa de la suspensión condicional del proceso, y un tercero por la denegación de acceso al teléfono celular de la víctima, según informó José Luis García Gómez, parte de la defensa del exalcalde.
Además, el proceso se extenderá, ya que el abogado García Gómez anunció una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia por la negativa a entregar el teléfono celular de la víctima. El plazo para presentar dicha apelación es de tres días, que concluyen el lunes.
Pablo González Sierra, abogado de la víctima —quien tampoco autorizó la publicación de su nombre—, consultado sobre el aplazamiento, afirmó que la ley lo permite. “Pero para nosotros nos implica justicia retardada. Van dos o tres años en que debería haberse resuelto y no se ha resuelto”.
El expresidente municipal, quien obtuvo el cargo por Morena, enfrenta acusaciones de presunto hostigamiento sexual por parte de su exasistente particular. Los hechos habrían ocurrido desde su etapa como candidato en abril de 2021 y durante el primer año de su gestión en 2022, a través de mensajes en Whatsapp. La denuncia fue interpuesta por la víctima el 24 de marzo de 2023, y el exfuncionario fue vinculado a proceso el 3 de septiembre de 2024.
Disputa por el teléfono celular
Durante la audiencia judicial del miércoles, ambas partes presentaron sus listas de pruebas. Al equipo legal del expresidente municipal de Silao, el juez le rechazó una prueba, mientras que a la defensa de la víctima le negó dos, pero aceptó otras dos.
El punto central de discusión fue la solicitud de la defensa del exalcalde para excluir como prueba el teléfono celular de la víctima —donde recibió los mensajes—. Argumentaron que se trata de una “prueba ilícita” porque el Ministerio Público no notificó que se realizaría una pericial a este dispositivo. Por ello, solicitaron acceso al teléfono para verificar la extracción de los mensajes.
El Ministerio Público respondió que el teléfono estuvo disponible en la Fiscalía durante siete meses en 2023 sin que fuera solicitado. El juez rechazó la petición de la defensa y admitió el teléfono de la víctima como prueba contra el exservidor público.
También se pidió rechazar el contrato de prestación de servicios del abogado Pablo González con su defendida, por no haber sido pagado. El juez no aceptó esta objeción y admitió el contrato como prueba.
Las dos pruebas que el juez rechazó al Ministerio Público, que representa a la víctima, fueron la constancia de gravidez (embarazo) de la exasistente, con fecha del 22 de marzo de 2023. La defensa del exalcalde señaló que esta constancia no guardaba relación con la acusación de hostigamiento sexual, ya que los hechos presuntamente ocurrieron en 2021 y 2022, y la constancia era posterior.
También se rechazó la copia de la carpeta de investigación de una segunda denuncia de la víctima, interpuesta en 2023, debido a que ocurrió después de los hechos del presunto hostigamiento sexual.
Sin embargo, el juez aceptó como prueba el contrato con una empresa de seguridad por 280 mil pesos, para la protección de la víctima con dos guardias en León y Silao, en los periodos del 30 de julio al 30 de septiembre de 2024 y del 1 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2025.
HLL