Guanajuato.- El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato negó la suspensión definitiva solicitada por el Consejo Coordinador de León (CCEL) para detener la operación del Comité Técnico del Fidesseg con la nueva conformación que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo decretó el pasado 1 de abril.
De hecho, este recurso provocó la suspensión de la sesión que este comité tenía programada para el 24 de abril, con la que darían cumplimiento a la orden que dictó el Juzgado Noveno de Distrito para destrabar el flujo de los recursos que son destinados a organizaciones de la sociedad civil.
En el decreto se acabó con la paridad de votos que existía entre representantes gubernamentales y privados del Comité Técnico del Fidesseg, para así garantizar que el Estado defina el destino de los recursos de este fideicomiso, al asignar siete votos a los representantes gubernamentales y cinco a los empresariales.
Por lo anterior el CCE de León y una persona que se ostentó como representante del CCE de Irapuato promovieron el juicio de amparo 1257/2024-VII, con la intención de revertir su remoción del Comité Técnico del Fidesseg, sin embargo, el juez lo rechazó.
Es importante señalar que la representación del CCE de Irapuato, corresponde al Presidente del mismo o la persona que este designe, razón por la cual el quejoso actualmente no ostenta la misma”, explicó la secretaría del Nuevo Comienzo en un comunicado.
Indicaron que la autoridad judicial determinó que la suspensión definitiva es improcedente, “ya que afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, al impedir la operación de un fideicomiso orientado a financiar proyectos sociales en beneficio de los sectores más vulnerables”.
El juez concluyó que “no se satisface el requisito legal para otorgar la suspensión, pues se priva a la sociedad de beneficios colectivos”.
También se desechó el argumento de pérdida de representatividad, al quedar firme que los Consejos Coordinadores Empresariales siguen contando con cinco espacios dentro del Comité Técnico del Fidesseg.
Cabe recordar que CCE de León sostuvo que se deben cumplir los fallos de los juicios de amparo que promovieron, acerca de operar “en los términos en que lo venían haciendo” con el comité y el fideicomiso.
En este contexto, representantes de la sociedad civil señalaron que se encuentran sin recursos y sin ser realmente escuchados por ninguna de las dos partes que pelean el control de este fideicomiso de al menos 188 millones de pesos garantizados correspondientes a 2024 y otros 1 mil 490 millones de pesos que están inciertos.
Diputados también piden inclusión
En medio de esta disputa entre la iniciativa privada y el gobierno estatal, el pasado 30 de abril, el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez, exigió que se incluya a la sociedad civil y al Congreso Local en las decisiones sobre el financiamiento a organizaciones sociales.
“El exhorto tiene como propósito que se resuelva ese problema que ha habido en el Fidesseg entre el empresariado y la gobernadora, de manera que los organismos de la sociedad civil puedan tener los recursos para seguir operando”, expresó.
La propuesta está dirigida a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz y a la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, María del Rosario Corona Amador, con el fin de que tanto la Coordinadora de la Sociedad Civil (COSOC) como el Congreso del Estado participen en el diseño de los lineamientos, programas y decisiones que determinen el destino del financiamiento público para las organizaciones sociales.
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