Guanajuato.- En una mesa de trabajo para analizar la iniciativa del PRI que plantea reformar la Ley de Seguridad Privada del Estado, a efecto de establecer las causas de revocación de la autorización de quienes presten servicios de seguridad privada, se exhibieron las deficiencias con las que opera el centro de evaluación donde se realizan las pruebas de Control de Confianza.
Anuar Bujaidar, representante de la empresa de seguridad privada Limbipro, dijo en su intervención que: “el tratar el tema de revocación por no tener personal con control de confianza, en estricto sentido sí debería ser así”, no obstante, señaló que el Centro de Evaluación “no tiene la capacidad para atender las solicitudes de las empresas”.
Tienen meses de desfase, tu haces la solicitud y te dan agenda con meses de desfase después de que lo solicitaste, en esos meses pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, los elementos que ibas a llevar puede que ya no estén contigo, el cliente puede que ya no lo tengas. Y una vez que acuden a la evaluación, hay meses de desfase en lo que te dan el resultado, sí es un período prolongado”, dijo Bujaidar.
Otro punto, agregó el empresario, es que para los trámites para la anuencia de operación, hay muchos municipios que desconocen la normatividad, lo que genera contratiempos para las empresas de seguridad privada.
También cuestionó que solamente haya un centro de evaluación en el estado de Guanajuato para hacer los exámenes de control de confianza.
“Lo que es todo un tema de logística, costos y tiempos, que se tiene que evaluar”, al hacer referencia a llevar a guardias de los municipios más alejados.
Anuar Bujaidar advirtió que esta situación ocasiona que varias empresas de seguridad solamente operen con el permiso federal, para que ni el estado ni los municipios estén detrás de ellas, con lo que se fomenta la irregularidad.
La mesa de trabajo fue convocada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, que preside el panista Erandi Bermúdez, y se dijo que el objetivo de la iniciativa es otorgar certeza jurídica a las personas físicas o morales que prestan el citado servicio.
Gustavo Bravo, asesor del grupo parlamentario del PRI, comentó que se busca incorporar las causas para revocar la autorización, entre ellas en los casos en que se le haya impuesto más de una suspensión de actividades, e incorporar personal sin la aprobación previa del examen de Control de Confianza.
Así también, revocación cuando se acredite que, para la obtención de la autorización, en el trámite y en las revisiones se otorgue a la autoridad documentación o información falsa; así como la negativa a la práctica de la revisión debidamente notificada; o se utilicen los vehículos, personal y demás recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de algún delito.
De igual manera, cuando se localicen en inspecciones o aseguren armas no autorizadas, registradas o de exclusivo del ejército al personal de la institución de seguridad privada; se utilicen recursos de procedencia ilícita para el funcionamiento de la función auxiliar de seguridad privada; y el personal utilizado para la prestación del servicio participe en la desaparición forzada de personas.
Que no es viable
Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, consideró que la iniciativa no era viable en atención a que el tratamiento normativo propuesto es aislado y no se visualizó en conjunto con el resto de las instituciones contempladas en la Ley de Seguridad Privada del Estado y su reglamento.
Mientras que, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez solicitó enviar las propuestas y comentarios vertidos, los cuales se analizarían para revisar los aspectos que se puedan atender.
En la mesa de trabajo participaron representantes de la Secretaría de Seguridad y Paz; de la Consejería Jurídica; del Ayuntamiento de León; del Tribunal de Justicia Administrativa y de dos empresas de seguridad privada.
DAR