Guanajuato.- Desde hace cinco meses, en el Congreso del Estado están “durmiendo el sueño de los justos” dos iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado y al Código Penal para despenalizar el aborto, presentadas por los diputados de Movimiento Ciudadano y de Morena.
El 3 de octubre de 2024, en la primera sesión ordinaria de la actual Legislatura, los dos diputados de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza y Sandra Pedroza Orozco, abrieron la actividad legislativa presentando una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, al Código Penal, y a dos leyes estatales más, con la finalidad de despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
Además de garantizar la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo y establecer acciones de prevención, atención y educación en materia de salud sexual y reproductiva.
Se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que encabeza el panista Juan Carlos Romero Hicks. La metodología, es decir, el proceso y calendario para su discusión, análisis y votación se estableció el 22 de octubre de 2024.
“Callan” instituciones estatales para dar su opinión
Sin embargo, a diferencia de todas las iniciativas que les son consultadas, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado no rindieron sus observaciones ni opiniones.
Dos semanas después, el 17 de octubre de 2024, la fracción de Morena, integrada por 11 diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución, el Código Penal y otras cuatro leyes del Estado también para despenalizar el aborto.
Al presentarla en la tribuna del Congreso, la diputada Hades Aguilar Castillo externó que la propuesta radicaba en que se derogue el reconocimiento constitucional local de que el Estado protegerá “la vida desde la concepción”, establecido en el artículo 1 de la Constitución, toda vez que resulta inconstitucional y un anclaje injustificado sobre el que se cimenta la criminalización de las mujeres.
Ella no lo dijo, pero esta disposición, existente desde hace años, promovida por el PAN, representa un “candado” para impedir la despenalización del aborto.
Además, propusieron eliminar la responsabilidad penal hasta las 12 semanas de gestación por ser igualmente inconstitucional; así como dejar la clasificación como delito grave únicamente en los casos de aborto forzado.
Pero como se trata de seis leyes distintas, se turnaron cada una a su respectiva comisión. La reforma institucional, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales -presidida por el panista Juan Carlos Romero; la del Código Penal, a la Comisión de Justicia, encabezada por la morenista María Eugenia García; otras a la Comisión para la Igualdad de Género, y a la Comisión de Salud.
La metodología de la Comisión de Gobernación también se fijó el 22 de octubre de 2024. Y la de la Comisión de Justicia, el 21 de octubre.
Igual que en la iniciativa de MC, siete instituciones estatales no rindieron sus observaciones: la Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Secretaría de Salud del Estado, Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Buscan aprobarlo a más tardar en junio
Entrevistada por AM al respecto, la diputada María Eugenia García Oliveros, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, informó que “desde esa comisión se está trabajando para que en este periodo ordinario pueda legislarse el tema de la interrupción legal del embarazo.
A pesar de que persiste una oposición sistemática de los compañeros diputados del PAN, mi compromiso es sacar adelante la iniciativa.”
“Vamos avanzando muy bien, hoy tenemos más de 170 opiniones que nos hicieron llegar ciudadanos, instituciones y representantes de instituciones públicas y privadas”, dio a conocer.
Por instrucción suya, ese concentrado de opiniones se le hizo llegar a cada uno de los diputados para que todo aquel que quiera participar en las mesas de trabajo por llevarse a cabo el próximo 14 de marzo lo haga con conocimiento de causa.
Están analizando también el protocolo de investigación que se le solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas (INILEG), que está muy completo. Es comparativo, analítico y cualitativo.
El Congreso debe mantenerse ajeno a las grillas y divisiones internas que hoy se viven en el PAN, con lo publicado (ayer) en el periódico AM queda claro que en Acción Nacional hay dos visiones claras sobre el tema del aborto: por un lado, los que quieren quedar bien con el ala radical y ultraconservadora del PAN liderada por el exgobernador Juan Manuel Oliva y, por otro lado, el ala moderada que hoy encabeza la gobernadora del estado”, consideró García Oliveros.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución el 7 de septiembre del 2021 en la que se declara que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
“Más allá de posiciones personales y políticas el Congreso del Estado debe acatar la sentencia de la SCJN pues toda resolución de la SCJN está por encima de las leyes estatales”, destacó.
Y recordó que seguimos siendo una de las 10 entidades que no ha legislado para despenalizar el aborto más allá de que sea en caso de violación, por enfermedad o si está en riesgo la vida de la madre o el feto.
“Están negando derecho a las mujeres”
Las activistas feministas Nayeli Tello y Patricia Vega consideraron que el hecho de que en los hospitales públicos del estado no se dé el servicio de aborto voluntario a las mujeres que lo solicitan, es negarles sus derechos.
El Gobierno está incumpliendo un derecho humano de las mujeres. Es una postura lamentable de la gobernadora, que en campaña, en un foro donde estaban las tres candidatas, ella se pronunció en contra de la criminalización del aborto”, expresó Nayeli Tello.
Una integrante de la Colectiva Regla Rota, que pidió omitir su nombre por seguridad, expresó: “Otra vez nos vuelven a negar el derecho, es un retroceso, es una postura moralista. Es un retroceso porque es un derecho a decidir”.
Este lunes, AM publicó un reportaje en el que varias reporteras de AM acudieron a centros de salud y hospitales de León, Guanajuato, Celaya y San Francisco del Rincón y solicitar que se les practicara un aborto, pero se les negó el servicio.
En León, en el Hospital Materno Infantil una trabajadora social informó que desde enero se dejaron de practicar, porque el Jurídico de la Secretaría de Salud había revisado la ley y encontró que es ilegal en Guanajuato.
Esto, a pesar de que en septiembre de 2021, declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, reconoció el derecho y la autonomía reproductiva y refrendó la defensa del aborto en condiciones seguras como un asunto de derechos humanos.
Y exime de responsabilidad legal a toda persona que provoque el aborto con el consentimiento de las mujeres, como puede ser el caso del personal médico.
Nayeli Tello, Integrante de la Red de Acompañantes de León, que acompaña a mujeres que desean abortar, con información y medicamentos para hacerlo, reprochó que las autoridades de Salud se escuden en el hecho de que no está legislada en Guanajuato la despenalización del aborto.
Consideró que la autoridades de Salud del Estado no pueden pasar por encima de la Norma 046, que permite el aborto a las mujeres que han vivido violencia. Ni tampoco la decisión de la Suprema Corte ya mencionada.
Consideró que el Congreso “está dilatando su chamba” de legislar la despenalización del aborto, a pesar de que de las iniciativas que existen, ya se recabaron las consultas y se recibieron muchas opiniones, gracias a que el colectivo al que pertenece hizo promoción de las mismas en redes sociales pagando pautas, por lo que el colectivo al que pertenece seguirá haciendo presión para que lo hagan.
Recordó que son 22 estados los que ya han legislado para despenalizar el aborto, mientras que en Guanajuato los legisladores locales se resisten.
La integrante de la Colectiva Regla Rota, cuestionó: “¿Cómo es posible que Guanajuato siga siendo un estado tan retrógrado?”
Te sorprenderías de la cantidad de chicas que piden información sobre una interrupción del embarazo de manera segura, son en promedio 15 a la semana, solo en Salamanca”, aunque reconoció que no llevan un registro, por lo cual desconoce la cifra anual de estas solicitudes a su colectiva.
Ellas proporcionan información sobre la forma segura de ejercer su derecho a decidir y a dónde acudir, pues afirmó que sí se puede hacer de manera segura.
Aboga senadora por despenalizar el aborto
La senadora por Guanajuato, Virginia Magaña señaló que justo porque en los hospitales de la entidad se niega el servicio de aborto voluntario, es que “tenemos que despenalizar el aborto, justo por eso, para que no quede a discreción de quienes gobiernan.
Para que no quede a voluntad del Secretario de Salud o de la Gobernadora. La salud de las mujeres no puede quedar a voluntad de una persona.”
“Hay que hacer una investigación de porqué está sucediendo eso ahí, porqué no se está aplicando la Norma Oficial Mexicana 046 (que permite el aborto voluntario en caso de violación)”, expresó en entrevista con AM.
Esto, respecto a que este lunes, AM publicó un reportaje en el que varias reporteras de AM acudieron a centros de salud y hospitales de León, Guanajuato, Celaya y San Francisco del Rincón y solicitar que se les practicara un aborto, pero se les negó el servicio.
En León, en el Hospital Materno Infantil la trabajadora social informó que desde enero se dejaron de practicar, porque el Jurídico de la Secretaría de Salud había revisado la ley y encontró que es ilegal en Guanajuato.
Esto, a pesar de que en septiembre de 2021, declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, reconoció el derecho y la autonomía reproductiva y refrendó la defensa del aborto en condiciones seguras como un asunto de derechos humanos.
Y exime de responsabilidad legal a toda persona que provoque el aborto con el consentimiento de las mujeres, como puede ser el caso del personal médico.
Es un retroceso: Sandra Pedroza
La diputada Sandra Pedroza Orozco, de la Comisión para la Igualdad y Género del Congreso, calificó como “un retroceso” el que en la Secretaría de Salud ya no se practiquen abortos voluntarios y también una afectación a todos los derechos de las mujeres: a la salud y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida, sobre la familia que quieren tener.
Recordó que todavía hace un año, la entonces encargada de la Secretaría de Salud del estado informó se seguían dando estos servicios de salud y que se garantizaban plenamente todos sus derechos.
Y hoy ya vimos que hubo un retroceso en esto, que al final lo intentan justificar con el tema legal. Pero independientemente de que Guanajuato esté rezagado en este tema y que estamos haciendo todo lo posible por sacarlo del Código Penal, toda la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, obliga a que el Gobierno garantice estos servicios y sobre todo, que no se les criminalice.
“Y hoy lo que vemos en la nota es una visión llena de prejuicios y que criminaliza a las mujeres. Entonces muy lamentable, muy lamentable la postura del Gobierno del estado, porque aunque la gobernadora dice que esto no es cierto, la verdad es que hoy toda la estructura gubernamental, su gabinete la está contradiciendo”, expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.
Y consideró que el Gobierno del estado está desatendiendo lo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no se debe criminalizar a las mujeres por ejercer su derecho a decidir.
La diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, dijo que desconoce si en los hospitales públicos hay algún impedimento para practicar o no abortos voluntarios.
Dijo que hasta el año pasado no había ninguna mujer presa por aborto, según les informó a los diputados la Secretaría de Salud rendido a los diputados hace un año.
Yo no puedo decir que la suprema Corte ha indicado que el estado de Guanajuato esté en este supuesto (de que se permita el aborto) porque no hay una sentencia vinculatoria”.
Porque recordó que la legislación veinte en el estado contempla el aborto como una conducta sancionable penalmente.
Gobierno debería promover que embarazos concluyan
El diputado Antonio Chaurand Sorzano, presidente de la Comisión de Salud, reiteró: “Yo por supuesto que no estoy a favor del aborto, sino estoy en contra de criminalizar a la mujer que tomó la decisión sobre su cuerpo.”
“Pero consideramos que el Gobierno debiera ofrecer todas las facilidades y convencer a la mujer para que su embarazo llegue a término, que sea atendido de una manera correcta y el bebé sea atendido de una forma adecuada y cuente con todas las posibilidades de desarrollarse correctamente, porque esa es la obligación del Gobierno.
Pero cuando la mamá tomó una decisión diferente, a pesar de este ofrecimiento y de esta circunstancia, no criminalizarla, porque entonces no acabamos solo con una vida, sino con dos”.
Chaurand, quien es médico pediatra, consideró que el no brindar el servicio de aborto en los hospitales públicos de Guanajuato contraviene la legislación federal, en la cual se indicó que esto es una necesidad y se debe de ofertar.
Porque señaló que lo único que se logra con las negativas, es que quien tomó una decisión de abortar, lo haga de manera clandestina y en situaciones inadecuadas, con los riesgos que esto significa.
Opinó que se debería de retomar en los hospitales públicos guanajuatenses el servicio de interrupción del embarazo voluntario para que se realice de forma legal y en una forma hospitalaria correcta para evitar los riesgos de salud para la mujer.
El diputado priista Alejandro Arias Ávila consideró “grave” que antes se estuviera prestando el servicio y hoy no se esté prestando, por el marco legal que tenemos.
Comentó que “hoy, a la luz de lo que establece nuestro Código (Penal), causales por las cuales puede llevarse a cabo un aborto en las instituciones públicas y el aborto voluntario no está considerado.”
Ahí cabe la pregunta de si se estaba dando el servicio y se estaba cometiendo un delito o cuál era la posición legal para poder dar ese servicio, porque también podría interpretarse, que si se estaba dando el servicio, amparado en el criterio de la Corte o tendría que haber habido un amparo que protegiera legalmente a la autoridad para hacerlo”.
O bien que encuadrara en alguna de las hipótesis que contempla el Código Penal para no cometer un delito.
Por lo tanto, el diputado priista consideró que cualquier mujer que quiera abortar, tendrá que buscar un amparo para recurrir a uno de los criterios de la Suprema Corte de Justicia.
AAK