Efraín Alcalá Chávez, Ana Wendy Muñoz Gómez y Karla Gabriela Alcaraz Olvera conforman la terna para ser titular de derechos humanos en Guanajuato. . Foto: Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Efraín Alcalá Chávez, Karla Gabriela Alcaraz Olvera y Ana Wendy Muñoz Gómez conforman la terna de aspirantes a ombudsperson que propuso la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local. Las tres personas propuestas son funcionarios en activo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG).

Efraín Alcalá Chávez es director de la unidad de investigación del organismo; Karla Gabriela Alcaraz Olvera es subprocuradora de la región B de Irapuato; y Ana Wendy Muñoz Gómez, es agente investigadora de la subprocuraduría de la región A.

En el caso de Efraín Alcalá, es militante del Partido Acción Nacional, desde el 1 de abril de 2008, de acuerdo con el padrón de este instituto político registrado ante el INE.

Efraín Alcalá, es militante activo del PAN. Foto: Captura del Registro Nacional de Militantes del PAN

Según el dictamen que se va a votar este viernes en la Comisión, que se puede consultar en la gaceta parlamentaria, los tres reúnen los requisitos constitucionales y legales para que se designe de entre ellas a quien deba ocupar el cargo de titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por el término de cuatro años, que se contará a partir del momento en que rinda su protesta.

En el dictamen, se establecieron los criterios que se tomaron en cuenta en el proceso de dictaminación de los expedientes de las personas aspirantes.

Se tomó en cuenta la idoneidad académica y profesional al cargo; así como el planteamiento y exposición de su plan de trabajo, que de acuerdo al dictamen, fue un indicador clave para identificar si la o el candidato presentó un plan de trabajo con los elementos para crear las estrategias a implementar como persona a asumir la titularidad de la Procuraduría.

Así también, la trayectoria en la defensa de los derechos humanos; sus respuestas a preguntas o casos prácticos de la sociedad civil, y su evaluación de consistencia.

Efraín Alcalá Chávez, Karla Gabriela Alcaraz Olvera y Ana Wendy Muñoz Gómez obtuvieron 123 puntos cada uno.

Será el próximo jueves 27 de febrero, cuando se someta a votación del pleno del Congreso del Estado la definición de quién será el próximo ombudsperson.

Efraín Alcalá Chávez fue propuesto por la Universidad De la Salle Bajío, Wendy Muñoz por la asociación Autogestión y Educación Comunitaria y Karla Alcaraz Olvera por el Colegio de Abogados de León.

El actual encargado de despacho de la PRODHEG, Eliseo Hernández Campos, concluyó en la cuarta posición en cuanto a puntos, y por ende no fue tomado en cuenta para ser ratificado. 

La terna para Ombudsperson

  • Efraín Alcalá Chávez 123 
  • Karla Gabriela Alcaraz Olvera 123 
  • Ana Wendy Muñoz Gómez 123

Quedan en el camino

  • Eliseo Hernández Campos 98
  • Sergio Jaime Rochín del Rincón 93
  • Karla Alejandra Escárcega Robledo 81 
  • Margarita López Maciel 70
  • Sandra Liliana Prieto de León 70 
  • María de los Ángeles Márquez Carreón 66
  • Diana Hernández Mejía 64 
  • Sergio Gustavo Barquín Carmona 61 
  • Víctor Aguirre Armenta 59 
  • María Elisa Jaime Rangel 59
  • Isis Nevai Albarrán García 58

Analizan iniciativas para inclusión de personas con discapacidad

El miércoles se escucharon las voces y aportaciones de las personas con alguna discapacidad, durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos, donde se analizaron dos dictámenes de diversas iniciativas. 

El primero, correspondiente al dictamen de cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, donde se busca garantizar los mecanismos para el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público; establecer una consulta a las personas con discapacidad; fortalecer los mecanismos para que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de participación en la toma de decisiones y generar medidas que propicien el acceso a las personas con discapacidad al ámbito laboral, tanto público como privado.

Lizbeth Villalvazo, directora de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo de Irapuato, A.C., se refirió al hecho de que no se incluya el porcentaje mínimo de contratación, al señalar que es valioso determinarlo, que se había propuesto un 8 % en las consultas y que era esencial establecer al menos el citado porcentaje.

El diputado Jesús Hernández Hernández apuntó que han sido partícipes de las opiniones de las personas que se encuentran en estado de discapacidad.

Agregó que una de las propuestas tiene como finalidad establecer que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, garanticen la inclusión laboral de las personas con discapacidad, teniendo la obligación de contratar, como mínimo el tres por ciento de la planta laboral correspondiente a personas con discapacidad.

Precisó que, en el análisis de la propuesta, obtuvieron opiniones de distintas autoridades y municipios, así como la Evaluación de Impacto Presupuestario del mismo Congreso, y que en esas opiniones y evaluación de impacto, tanto como en la propia iniciativa, se advierte que no se tiene la certeza, sobre las consideraciones técnicas para determinar el porcentaje del 3 % establecido en dicha propuesta, siendo que, si bien la propuesta indica porcentajes de población, por municipio, con discapacidad, no es posible evidenciar la población que, en base a su condición, están en posibilidad de sumarse al campo laborar.

Raúl Alejandro Arias Ávila Cuevas, regidor del municipio de Celaya, reforzó que las políticas públicas deben ser de manera afirmativa y enunciativa para que no sean limitativas, para que la inclusión sea integral, ya que no todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible, por lo que se deben tomar en cuenta las cinco discapacidades que existen para que las políticas públicas no sean limitativas.

Natalia Barajas, artista plástica, agradeció el trabajo de los compañeros que han asistido a todas las comisiones; así como la ayuda a hacer visibles las enfermedades raras y las discapacidades invisibles sean reconocidas al fin en papel. Resaltó que gracias a estos trabajos están siendo nombrados y tomados en cuenta para poder ser reconocidos en la ley y tener acceso a uno de los derechos más importantes, que es la salud.

Ángel Corona, joven con discapacidad neuro motriz, remarcó que muchas personas con discapacidad son de escasos recursos, que se debe establecer como requisito en la norma que todos los espacios públicos deben tener rampa y contar con baños accesibles.

HLL

 

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