Guanajuato.- Ante la advertencia que manifestó Amnistía Internacional México por la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, diputados federales de Guanajuato afirman que revisarán que no vulnere derechos humanos.
Una iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que será analizada en los próximos días en la Cámara de Diputados, en la cual se contempla la creación de una plataforma tecnológica con datos sensibles de cualquier persona.
Esto para ser aprovechados en la investigación estratégica de delitos a partir de productos de inteligencia, así como para la toma de decisiones y el desarrollo de operativos.
Sin embargo, la organización de Amnistía Internacional México explicó los riesgos que detectan de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tenga el acceso a estos datos.
La información podría ser utilizada para espiar y criminalizar a personas y organizaciones que defienden derechos humanos, especialmente a quienes critican al gobierno”, señalaron en una publicación en su cuenta de X (@amnistiamexico).
Fernando Torres Graciano, diputado federal del PAN por Guanajuato, consideró que el uso de la inteligencia era necesario en el combate al crimen organizado, pero que revisarán los alcances de esta plataforma.
“Cuidaremos con mucho detalle que con esta ley no se dé la posibilidad, la apertura, el pretexto, para que se pueda convertir no solamente en un tema de inteligencia, sino de espionaje político o espionaje a personas para generar cierta presión o chantaje”, comentó al ser consultado por AM.
El legislador guanajuatense resaltó la importancia de no vulnerar derechos humanos, ni garantías individuales.
Debe haber una garantía de que no va a ser utilizada para cualquier fin, que sea para lo que se establece, el combate al crimen organizado y no para otro fin, que tenga algunos candados y sobre todo sanciones a quien vulnere derechos humanos”, dijo.
La diputada federal por Morena, Antares Vázquez Alatorre, se unió a otras voces dentro de su partido que aseguran que la iniciativa para la recolección de datos de inteligencia no pone en peligro a los ciudadanos
Sí es necesaria la Ley para mejorar la coordinación y poder afianzar tareas de inteligencia. y los derechos humanos no están en riesgo”, indicó al ser cuestionada por AM.
Alberto Capella Ibarra, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano en Seguridad, explicó que ante la ola de violencia cualquier herramienta tecnológica o instrumento de carácter legal que permita hacerle frente a los grupos delictivos “debe verse con buenos ojos”.
No veo el estar prejuzgando si va a ser violatorio o no, en el tema de derechos humanos, cuando los principales violentadores de la tranquilidad de la vida y patrimonio de los ciudadanos son los criminales”, añadió.
Impactos que señala Amnistía Internacional México
- Intimidación a personas defensoras de derechos humanos
- Obstaculización de su trabajo y acceso a recursos
- Afectaciones psicológicas
- Estigmatización y criminalización
- Menos denuncias sobre violaciones de derechos humanos
- Mayor impunidad
¿Qué significan estas leyes?
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en las leyes presentadas se propone nuevamente la creación de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil, asociado a una identificación oficial, la CURP o el RFC en caso de personas morales. El registro se contempla como una condicionante para el acceso a la telefonía móvil e incluso plantea la cancelación de todas las líneas telefónicas vigentes que no sean registradas.
Esta “plataforma” representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón y eliminado en 2011, después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro, 8 por ciento.
Esta iniciativa también emula al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado en 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
Como ha sido demostrado anteriormente y reconocido por la SCJN, no existe evidencia de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca la actividad criminal. Por el contrario, resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos.
Además, el Padrón sería eludible sin dificultad mediante las múltiples técnicas y mecanismos actualmente utilizados para la suplantación de números telefónicos, tales como la clonación y duplicación de tarjetas SIM; el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos); la utilización de servicios de voz sobre IP (VoIP); el robo de teléfonos móviles, entre otros, por lo que podría incriminarse fácilmente a personas inocentes.
El registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil también pone a la población en un estado de riesgo frente al acceso no autorizado por vulneraciones de datos o de actos de corrupción cometidos por autoridades federales, estatales, e incluso municipales, quienes tendrán acceso al registro sin control judicial ni supervisión de una autoridad de protección de datos profesional y autónoma –tras la desaparición del INAI– y sin que se contemplen otras salvaguardas como el derecho de notificación a las personas afectadas.
Asimismo, refieren que, lo anterior resulta aún más grave cuando se toma en cuenta la frecuente colusión entre las autoridades municipales, estatales, e incluso federales con la propia delincuencia, la cual, de obtener acceso a la plataforma, podrá utilizar la información registrada para cometer delitos en contra de la población.
DAR