Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aclaró esta mañana que no tiene ninguna carpeta de investigación contra Carlos Zamarripa Aguirre, quien a partir del 1 de enero se retiró de su cargo como Fiscal General del Estado de Guanajuato luego de 15 años.
Esta declaración tardó cinco años en realizarse, pues en 2020, tras diversos operativos fallidos en los que no hubo coordinación de los tres niveles de gobierno, el propio Gertz Manero anunció una investigación concreta contra Zamarripa Aguirre.
Incluso, en 2021 las pesquisas que realizó el gobierno federal derivaron en el congelamiento de las cuentas bancarias de un empresario que fue ligado al entonces fiscal guanajuatense, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A la par, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el asunto del fiscal guanajuatense como una causa, refiriéndose a este en repetidas ocasiones como el responsable directo de la criris de violencia en Guanajuato. Sin embargo, ahora se confirma que no hubo procesos formales para juzgarlo de manera formal.
Todas esas acciones no habrían derivado en mayor resultado, pues la mañana de este jueves 9 de enero, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, a pregunta expresa de un reportero sobre las carpetas de investigación contra Zamarripa Aguirre, el fiscal general rechazó tener una pesquisas enfocadas en él.
“Nosotros no tenemos una carpeta de investigación contra esta persona”, aseguró y no abundó más.
Carlos Zamarripa dejó la Fiscalía el 1 de enero. Ese día entró en vigor la renuncia que presentó el 27 de septiembre de 2024. Su nombramiento tenía vigencia hasta el 2028, pero la hoy gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció, en su primer día de campaña -el 1 de marzo de 2024-, que ni él ni el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, estarían en su gobierno.
Además de Zamarripa Aguirre, otros dos fiscales se fueron. Se trata del fiscal regional A, Joel Romo Lozano, quien tenía tres décadas de servicio, y Navigio A. Gallardo Romero, quien era el fiscal regional C y tenía 39 años en el cargo.
Amenazó con investigar a Carlos Zamarripa
“Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal (Carlos Zamarripa) lleva 11 años ahí. Nosotros vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal”, comentó Alejandro Hertz Manero en entrevista el 30 de junio de 2020.
El contexto de aquellas declaraciones fue el desempeño de la fiscalía de Guanajuato luego de la liberación de cinco presuntas operadoras del Cártel de Santa Rosa de Lima, detenidas en el fallido operativo del 20 de diciembre de 2019 realizado en Celaya.
Entre esas detenidas, se encontraba la madre del líder criminal, José Antonio Yépez Ortiz, quien todavía no lograba ser apresado.
En entrevistas en medios de comunicación de alcance nacional, Gertz Manero acusó errores de origen en las detenciones logradas mediante órdenes de cateo locales. En lo particular, aseguró que la institución a su cargo realizará una investigación para indagar si existieron conductas o imputaciones ilegales de Zamarripa.
“Se dieron cuenta de que todo lo que habían diligenciado no tenía nada que ver con lo que sus propios jueces les habían autorizado y que ya tenían unos detenidos que no sabían qué hacer con ellos, entonces van al día siguiente de que ya habían hecho todo eso y de que ya habían desahogado la orden de cateo, van con el Ministerio Público Federal y con la delegación y le dicen ‘hazte cargo tú”. denunció.
“El juez local les dice exactamente lo mismo que les dijo el delegado nuestro ‘oye no, a ti te dieron una autorización para hacer determinada conducta y tú fuiste a hacer otra y esa no corresponde y todos los datos que das no son válidos’ y nunca dice que eso es un asunto federal, no, lo asume como un asunto del fuero común y se los rechaza”, detalló.
Tras las “redes” de Zamarripa
El 3 agosto de 2021, el periodista Raúl Olmos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que el gobierno federal había iniciado una investigación sobre el fiscal de Guanajuato.
Expuso que autoridades federales rastrearon las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano. Derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.
En el expediente del caso, al cual tuvo acceso MCCI aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero.
“Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros”, consignó la publicación en su momento.
Las autoridades federales recopilaron información de esas transacciones comerciales, así como de otras empresas en las que tuvo participación el empresario como accionista o representante legal a partir del año 2014.
“En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a ‘operadores pitufos’, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual –en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal”, indicó Olmos en la nota informativa.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato, con el que el interesado logró reactivar sus cuentas bancarias sin mayores consecuencias.
La costumbre de tundir al Fiscal
A partir del 6 de junio de 2021, elecciones en las cuales no le fue del todo bien a su partido, Morena, el entonces Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador inició una “guerra mediática” en sus conferencias “mañaneras” contra Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General de Guanajuato.
Fueron incontables las ocasiones en que hizo lo mismo en los últimos tres años de su Gobierno, siempre con el mismo mensaje: sugerir a Diego Sinhue el despido de Zamarripa por su falta de resultados en la disminución de homicidios en Guanajuato.
Aunque coincidió que en varias ocasiones parecía más una estrategia para desviar la atención de otros asuntos álgidos que cuestionaban a su administración.
Una de las primeras ocasiones en que el Presidente hizo esta insinuación, con un símil llamativo, fue el 16 de julio de 2021, cuando consideró que, si el fiscal de Guanajuato fuera gerente de una empresa privada, ya lo hubieran despedido por los resultados negativos en el esclarecimiento de los crímenes.
Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es uno de los estados con más violencia” dijo.
Por lo que hizo un “llamado respetuoso” al gobernador panista de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para renovar a las instituciones encargadas de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de ese estado del bajío mexicano.
“Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es uno de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios dolosos y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”, indicó el presidente López Obrador.
El 20 de agosto de ese mismo año, arreció en sus críticas al afirmar que el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre estaba protegido por grupos políticos, “los que predominan en Guanajuato, los que han dominado durante años en Guanajuato”, aunque no los señaló por su nombre.
Entonces esto es lo que está sucediendo, por mantener a costa de lo que sea el poder, sin escrúpulos morales, se descompuso la situación social en Guanajuato. Y por eso se padece de la inseguridad”.
Así que tras un sexenio de señalamientos, advertencias, acusaciones y descalificaciones, el gobierno de la Cuarta Transformación le ha dado “carpetazo” al caso de Carlos Zamarripa Aguirre.
AM