(Con información de María José Soto y Catalina Reyes)
Guanajuato.- Es una incongruencia de los diputados panistas no haber acatado una orden judicial cuando ellos mismos reclaman una postura de obedecer las instituciones y las leyes, manifestó Gerardo Pons Zepeda, presidente de la Fundación FE Guanajuato.
“Es lamentable que en Guanajuato tengamos políticos que no obedezcan a un criterio correcto sino que simplemente lo hagan de acuerdo a los lineamientos que les dictan sus superiores en el partido”, criticó.
Lo anterior, luego de que este viernes AM publicó que un juez federal ordenó que se imponga una multa de 10 mil 857 pesos a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y a los diputados que votaron en contra de acatar la orden judicial de mantener para 2025 el presupuesto de 840 millones de pesos para apoyos del Fidesseg.
El 20 de diciembre, AM publicó que un juez federal ordenó al Congreso del Estado mantener el presupuesto del Fidesseg en 2025 para que los apoyos que le corresponden a los beneficiarios de los programas se les sigan otorgando. Sin embargo, esto no se cumplió.
En entrevista con AM, Pons Zepeda consideró que es lamentable que los legisladores y la gobernadora Libia García Muñoz Ledo hayan tenido que ser acreedores a una multa por desobedecer una orden de una autoridad como una juez del Poder Judicial.
Asimismo, aseguró que por parte de la Gobernadora no ha habido una voluntad de dialogar con los empresarios y las asociaciones civiles sobre el tema del Fidesseg.
La hemos buscado en muchas ocasiones para tener ese diálogo y siempre hubo una negativa y cerrazón de parte de ella. Esto provocó que tuviéramos que acudir a los juicios de amparo.
“Afortunadamente para nosotros los tres juicios de amparo se han resuelto favorables a nuestra causa porque está ya en los tres casos la suspensión definitiva, obviamente no es la última, sabemos que es un proceso, pero esto es lo último a lo que nosotros hubiéramos querido llegar”, reconoció.
Reiteró que es penoso que los legisladores sean sancionados por no haber acatado una orden cuando son los primeros que deben de hacerlo por la conveniencia de su personalidad política.
Es sorprendente que en pleno siglo 21 tengamos decisiones de parte de las bancadas de un partido que acaten órdenes directas y que se muevan en una sola línea y ni siquiera haya criterios personales, pero no lo hicieron por indicaciones obviamente de una línea superior y contrario a lo que ellos han venido trabajando en otras situaciones”, señaló.
También pide respetar sobretasa del ISN
Al igual que Juan Carlos Usabiaga, presidente de la Fundación Actuando por Guanajuato, Gerardo Pons solicitó que el 0.3 % del Impuesto Sobre Nómina se mantenga destinado al trabajo de las asociaciones civiles. De ser así representaría más de 900 millones al año y no los 188 millones presupuestados para el programa ‘Tocando corazones’.
“Es lo que pretendemos porque es un gran beneficio para las asociaciones civiles, hemos beneficiado en el estado a más de 150 asociaciones con recursos de más de mil millones de pesos.
Hay mucha evidencia de ese beneficio e inclusive se nos ha señalado de que hay opacidad de parte nuestra pero nunca se nos ha dicho dónde está la opacidad y las dudas sobre el manejo de ese dinero, nunca nos han manifestado dónde está esa anomalía”, sostuvo.
Esperan diputados recibir resolución para opinar
AM buscó a algunos de los diputados panistas que votaron en contra de acatar la orden judicial de mantener para 2025 el presupuesto de 840 millones de pesos para apoyos del Fidesseg quienes evitaron opinar al respecto.
Rolando Alcántar Rojas solo dijo que una vez que le notifiquen o pueda leer directamente el acuerdo o resolución del juez emitirá una opinión. Jared González Márquez dijo que revisará a fondo la información para poder opinar.
Los diputados Aldo Márquez y Víctor Zanella coincidieron en que todavía no reciben la notificación de la resolución de la juez en la que se informa sobre la multa.
Hasta el mediodía aún no teníamos notificación de esta situación, habrá que conocer el detalle completo de lo que señala la jueza. Pero lo que estoy cierto es que no se ha sido omiso, ni se ha incumplido ninguna situación, pero hasta no conocer los alcances de la resolución podré tener mayor opinión”, declaró Víctor Zanella.
Aldo Márquez dijo que hasta este viernes no ha recibido notificación al respecto, “una vez que nos sea notificado y analicemos el caso seguramente las y los diputados estaremos presentando la impugnación correspondiente”.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla no emitió ninguna opinión.
‘Faltó diálogo para no llegar a un proceso jurídico’
“Faltó diálogo para no llegar a un proceso jurídico”, así lo consideró Daniel Barrera, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato A.C., sobre los recursos legales a los que las organizaciones civiles han acudido para evitar la extinción del Fidesseg.
Yo creo que de ambas partes debería de haber algo que se llama diálogo y poner por encima de todo el interés superior de la sociedad que es beneficiada a través del Fidesseg de las organizaciones de la sociedad civil”, mencionó.
Un juez federal ordenó que se imponga una multa de 10 mil 857 pesos a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y los diputados que votaron en contra de acatar la orden judicial de mantener para el 2025 el presupuesto de 840 millones de pesos para apoyos del Fidesseg.
El comandante comentó que no existe la problemática entre el estado y las organizaciones civiles no tiene razón, mencionó que han faltado consensos y apertura al diálogo de ambas partes.
“Yo no estoy a favor de que haya multas y más litigio, yo estoy a favor de que haya un diálogo verdadero que privilegie el interés superior de la gente”, comentó el comandante de bomberos.
Explicó que con el Fidesseg hubo cientos de asociaciones civiles que lograron beneficiar a la población con su trabajo, tan solo los bomberos pudieron comprar una unidad nueva y equipo de protección que sirve para atender las emergencias de la población y salvar vidas.
Por lo que el beneficio social del Fidesseg no está en tela de juicio. Dijo que está a favor de la transferencia y evaluación de los proyectos para recibir el apoyo económico que ahora gestionará Gobierno del Estado, pero que siempre debe prevalecer la finalidad social.
No importa que sea Gobierno del Estado quien lo maneje ahora, eso no tenemos problema, la petición es que verdaderamente sí apoye a las organizaciones civiles”, mencionó Daniel Barrera al aclarar que lo que debe ser primordial es no perder de vista que la intención es ayudar a la población.
Reserva postura Gobierno estatal
El Gobierno del Estado no dará una postura por el momento respecto a la multa por desacato porque no han recibido la notificación oficial y completa de la resolución del Juzgado.
Así lo informó Comunicación Social de Gobierno, a petición expresa de AM, pues explicó que el acuerdo publicado en los estrados electrónicos es solo un aviso, pero tienen que leer la resolución completa para conocer todos sus términos.
El 18 diciembre, ya casi al final de la sesión del Congreso en la que se discutió y aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025, la diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, informó en la tribuna legislativa que un acuerdo judicial establecía que se dejara el mismo presupuesto de 2024 para 2025: 840 millones de pesos al Fidesseg.
Esto, mientras se resuelve un amparo que se había presentado, para evitar la extinción del Fidesseg (Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública).
La legisladora emecista advirtió que en caso de no asignar nuevo presupuesto, incurrirían en desacato y serían sancionados hasta con pena de prisión.
De no atender esa resolución del Presupuesto de Egresos, estaremos desacatando”, previno Sandra Pedroza. Enseguida sometió a votación su propuesta de acatar esta resolución judicial, pero fue rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios: PAN, PRI, PRD, PVEM y MC. Solo Morena y MC votaron a favor.
AM cuenta con ese acuerdo judicial, desde ese día, y efectivamente eso fue lo que se ordenó.
El 20 de diciembre, AM también publicó la versión de Jorge Espadas, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y coordinador de la fracción del PAN, que es la más grande de la Legislatura, quien afirmó:
“Sí acatamos. Lo que pidió el juez se acató. Yo te aseguro que en el documento que llegó del Poder Judicial no viene eso. No te lo puedo leer íntegro. A lo que nos obliga es a dos o tres cosas, primero: que se dé conocimiento en la sesión en la que se discuta la Ley del Presupuesto. Segundo, que el conocimiento sea previo a la discusión”.
Agregó que se dio a conocer a los diputados en correspondencia, se subió a la Gaceta Parlamentaria, además se les mandó a todos los diputados el documento, tan es así que lo mencionaron algunos diputados en la sesión.
Y cumplimos con lo que nos requirió el juez de amparo”.
HLL