Guanajuato.- La gestión de Carlos Zamarripa como Procurador y ahora Fiscal, durante 15 años, ha tenido pros y contras, de acuerdo con testimonios recogidos por AM en vísperas de que el funcionario deje su cargo.
Para Juan Yúdico Errasti, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, “el desempeño del Fiscal tiene claroscuros. Ha habido cosas en las que ha habido mejora. No todo es negro, no todo es blanco”.
Consideró que hay aciertos que se llevaron bien en su gestión, como el combate al secuestro. Guanajuato se caracterizó por tener un bajo nivel de secuestro durante su periodo. Pero también señaló que hay algunos temas que quedaron pendientes.
A veces las percepciones son muy complicadas, porque a veces la percepción no es la realidad y debemos de ver los números, y en ocasiones no son favorables, como los delitos.
“Pero hay que ver otros datos que hay que revisar y que nos dicen que la Fiscalía de Guanajuato es una de las más eficientes del país, dicho por el Observatorio Nacional de México, por la Secretaría de Gobernación en su momento con Adán Augusto López como titular.
“Tal vez podría haber sido mejor, yo creo que sí, pero en el ámbito nacional el desempeño de la Fiscalía fue bueno en la persecución de muchos de los delitos que se llevaron a cabo hubo eficiencia”, opinó en entrevista con AM.
El dirigente empresarial celayense reconoció que desafortunadamente el rubro más fuerte y que nos impacta más es el de asesinatos, que dio señales de poca fortaleza en la persecución de este tipo de delitos.
“Pero al final nada es perfecto. Creo que hubo aciertos”, calificó.
Dentro de las principales denuncias que hicieron los empresarios celayenses agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, Juan Yúdico señaló en general la extorsión que han estado tratando de promover para que haya la denuncia y funcionen las investigaciones, porque hay una cifra negra de extorsiones.
Y la otra es la necesidad de revisar y cuidar las carreteras. “Creo que ahí está siendo importante, principalmente el patrullaje para la disuasión de estos delitos, porque se cometen en los mismos lugares, porque siempre se dan en las mismas zonas con un patrón específico, para llevar a la detención de esta gente”.
Un problema sistemático
Vicente Lahud Martínez, integrante de la mesa de seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de León, coincide en que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre dejará una gestión con claroscuros y que la falta de impartición de justicia es un problema sistemático.
El dirigente empresarial señaló que los 15 años que estuvo en los cargos de procuración de justicia reflejan una continuidad en la estrategia de seguridad que hubo en el Estado.
Esa misma permanencia genera un debate importante sobre los resultados que se obtuvieron en todos los tipos de delitos que se cometen en la sociedad, creo que hay claroscuros, hubo acciones muy destacables y otras no tanto”, afirmó en entrevista con AM.
El también presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del estado de Guanajuato (CICUR) señaló que Zamarripa Aguirre no es el único responsable en una cadena de seguridad y justicia que al menos la conforman siete elementos.
La prevención de los delitos, la policía y los cuerpos de seguridad, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, las defensas, el sistema penitenciario y la reinserción social, son los factores que en conjunto bajan los índices delictivos.
“Se necesita alguien que orquesta todos estos eslabones y que no trabajen, como lo hemos comentado en el Consejo Coordinador Empresarial, cada uno por separado, sino tiene que haber alguien que realmente coordine y esto es tarea del gobernador o gobernadora”, dijo.
La atención del Ministerio con el sector empresarial
Lahud Martínez indicó que también fue variable la atención del Ministerio Público ante las denuncias que llegó a presentar el sector empresarial en cuanto delitos como robos.
En algunos casos fueron atendidas con eficacia y se lograron avances en el seguimiento y la recuperación de algunos bienes, camiones, que se robaron. Sin embargo, también en muchos otros, debido al alto índice de criminalidad, la percepción es de que la respuesta no fue lo suficientemente ágil o eficaz en los procesos y que eran lentas y complicadas”, apuntó.
“Todos los cambios son buenos si detrás de ellos hay un plan, una estrategia. Yo le digo a la sociedad, a los empresarios, que no esperemos que con un cambio de secretario de Seguridad o de Fiscal, las cosas se pueden resolver, esto no es con un solo hombre”, apuntó.
El empresario afirmó que la modificación tiene que ser sistemática y por lo tanto recalcó la importancia de poder presentarle al gobierno estatal un plan que elaboró el Consejo Coordinador Empresarial de León en materia de seguridad.
“De qué sirve que aprendas a un delincuente y que tengan un alto índice de detención, que digamos estamos funcionando bien, si cuando se presenta con el fiscal, la carpeta no está completa y se le tiene que soltar”, dijo.
“La policía puede hacer un buen trabajo, pero si el siguiente eslabón no hace su chamba entonces ese delincuente vuelve a estar en la calle y qué te digo si en el sistema penitenciario no se mejoran las condiciones, resulta que el delincuente que entra al sistema penitenciario sale casi con maestría en delincuencia”, añadió.
Ve insensibilidad e ineficiencia en violencia contra las mujeres
María Márquez Carré, abogada especializada en casos de violencia contra las mujeres y niños, consideró que en la gestión de Carlos Zamarripa durante 15 años hubo insensibilidad para atender a las víctimas.
Además de ineficiencia y tardanza en las agencias del Ministerio Público para recabar pruebas, describir contenido de pruebas digitales, lo que desalienta a las víctimas, quienes tienen que contratar a abogados privados para darle celeridad a sus casos.
Mencionó que las unidades que están cercanas, como la Unidad de Delitos de Alto Impacto, tienen una buena calificación.
Sin embargo, mientras más se alejan las unidades de especialización, como las Fiscalías en las regiones, hay una constante ineficiencia, porque están violentando derechos humanos básicos. Es decir se siguen consecuentando las malas prácticas, como no darte acceso a la carpeta de investigación sin previa cita.
“Entonces las víctimas generalmente sufren de esa falta de atención y eso deriva en que hay una falta de eficiencia y eficacia en la investigación, y eso genera una bola de nieve, porque si ven una consecuente violación a los derechos humanos, buscan abogados privados que impacta en sus recursos”, expresó en entrevista con AM.
Señaló que otras malas prácticas en las agencias del Ministerio Público son las violencias contra las mujeres, porque no se les da el acompañamiento inmediato cuando tienen que explicar las medidas y no se explican de manera inmediata a las víctimas, sino de manera tardía.
Sobre todo no se da esta celeridad cuando no son horarios laborales, que para el Ministerio Público no lo son, como cuando se necesita realizar una separación de la víctima de su agresor. Es decir, siguen dejando a las víctimas solas.
Mencionó que algunos de los pretextos que se dan para no hacer estas separaciones son que la casa esté a nombre del hombre o no dar un refugio a una mujer que no tiene recursos.
Y por supuesto la falta de sensibilización a la Fiscalía para atender a las mujeres que llegan con un tema de género”, agregó.
María Márquez Carré conoce el tema de cerca. trabajó seis años como agente del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (San Miguel de Allende) y en la Unidad especializada en combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (Guanajuato). Renunció en febrero de 2020.
Desde entonces a la fecha se dedica al litigio privado. Ha llevado alrededor de 50 casos, sobre todo de violencia sexual hacia mujeres, adolescentes, niños, y niñas, y feminicidios.
Desde 2012, con el aumento de las denuncias por violencia contra las mujeres, en la Fiscalía del Estado existen las Unidades de Atención Integral a la Mujer en León, San Miguel de Allende, Irapuato, Dolores Hidalgo, Celaya, y el Centro de Justicia para las Mujeres. Aunque con una reforma hecha en junio pasado por el Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la Fiscalía, se cambió el nombre de unidades por el de fiscalías.
Atención “solo de papel”
Consideró que estas fiscalías atienden a las mujeres “creo que en el papel, porque son mujeres, pero en la práctica no se dan porque siguen siendo cubículos abiertos, donde no hay privacidad para ellas.
“Se siguen dando casos de maltrato de servidoras públicas a las víctimas, en el cuestionamiento, porque se nota que tienen prisa por sacar la entrevista, o no le creen porque no van a denunciar inmediatamente. Cuando la Ley General de Víctimas y la del Estado dicen que debe de haber un principio de buena fe y tienes que creerles.
“Sí noto cierta ineficiencia. Si la víctima no va a acompañada de un asesor privado, sus casos tienden a dilatarse mucho. Y sus datos de prueba la Fiscalía no está preocupada en recabarlos.
A pregunta expresa de cómo ha funcionado el Centro de Justicia para las Mujeres, Márquez Carré declaró que al ser un centro específico en un municipio, Irapuato, esto provoca que otras víctimas no pueden acceder a él, tienen que prever un gasto económico para trasladarse hasta allá. Y lo que les queda es denunciar en los municipios y se quedan anclados ahí.
Lo que sí consideró positivo, es que como tiene acceso a multiservicios, esto evita que se estén trasladando de un lugar a otro para diferentes trámites.
Pérdida de datos, tardanza
“He notado que se han perdido datos de prueba, como videograbaciones, si con de C4 o C5 tardan en solicitarlas y muchas veces la respuesta es que las cámaras no tienen funcionamiento”.
Lamentó que en los datos de prueba digitales tardan hasta meses en la descripción de lo que se muestra, y esto genera para las víctimas desistirse, porque es pesado para ellas porque no saben si fue bueno o no para ellas haber aportado esa prueba.
La abogada mencionó que “cuando la ciudadanía aporta pruebas, como videos, hay eficiencia, pero en casos que no son tan mediáticos, sí notamos cierta dilación como en búsqueda de cámaras que hubieran aportado algo.
“No solo que los encargue el MP no solo para describirlos, sino que hay veces en que tardan en solicitarlos y muchas veces se pierde.
‘Cambiar a una persona por otra no quiere decir que ello implique un cambio’
René Gerez López, investigador de Causa en Común, externó que la renovación de la “cabeza” de la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene que llevarse a cabo con transparencia.
Causa en Común es la unión de dos organizaciones: “Ciudadanos por una causa en común AC” y “Horizonte y Oportunidad AC”, que se centran en la defensa de los derechos y libertades, las víctimas y la democracia y sus instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad.
René, quien ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en proyectos para acercar a la sociedad el entendimiento del sistema legal, especialmente en materia penal, dijo que la renovación de la FGE también debe tener un diagnóstico al interior y dejó en claro que el cambio de titular no va resolver el problema de inseguridad en el estado.
Definitivamente cambiar a una persona por otra no quiere decir que ello implique un cambio. La primera tarea que tiene el Estado es hacer un verdadero diagnóstico y escrutinio de los perfiles que pueden llegar a ser fiscales, con el único objetivo de escoger a la persona con la mayor capacidad a efectos de enfrentar uno de los mayores retos que tiene el país, que es la violencia en el estado de Guanajuato”, señaló el investigador.
Y agregó: “La primera tarea que hay que tomar es reconocer el estado actual que tiene Guanajuato, dejar de desmentir, minimizar o apartar la atención de lo que está sucediendo”. Sigue leyendo aquí.
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