Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado adjudicó y contrató tres obras sin contar previamente con un proyecto ejecutivo, especificaciones generales y particulares de construcción, ni normas de calidad.
Esto ocasionó retrasos en las obras de más de 100 y 200 días, y culminó en la rescisión de los contratos con las constructoras. Sin embargo, no se cuantificaron los montos de lo contratado ni las afectaciones derivadas de las obras inconclusas.
Cabe recordar que durante 2023, la Fiscalía General del Estado incurrió en nueve irregularidades al otorgar contratos para obras menores, como mantenimiento, remodelación o ampliación de sus diferentes instalaciones en varios municipios.
De acuerdo con el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública de la Fiscalía General del Estado correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2023, elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y aprobado por el Congreso del Estado el 12 de septiembre, del cual AM tiene copia, estas irregularidades fueron evidenciadas.
La primera obra fue la “Adecuación de espacios para las oficinas de las agencias especializadas de la Fiscalía Regional ‘D’ en Guanajuato, Guanajuato”.
Esta fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación directa y ejecutada bajo el contrato FGEG-DBS-CI-OP-004/2022, firmado el 30 de septiembre de 2022 con Marco Antonio Murillo Chávez.
Además, la ejecución de los trabajos enfrentó retrasos debido a diversas indefiniciones por parte de la Fiscalía hacia el contratista sobre los alcances reales de la obra.
Esto derivó en un atraso de 274 días, contados desde el día siguiente a la última fecha autorizada para el término de los trabajos, el 31 de marzo de 2023, según el segundo convenio modificatorio del contrato.
Por lo anterior, la Fiscalía inició el proceso de rescisión del contrato el 29 de septiembre de 2023, el cual fue suspendido el 24 de octubre del mismo año tras la respuesta del contratista.
En su comunicación, el contratista manifestó su disposición a una conciliación, siempre que se consideraran sus argumentos sobre la nulidad del acto impugnado, su derecho a continuar ejecutando la obra, la reprogramación de las fechas de inicio y término del contrato, y el reconocimiento de pago por trabajos realizados, incluidos conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes.
Finalmente, se celebró un convenio de conciliación el 29 de diciembre de 2023. No obstante, dos días después, aún no se tenía constancia del cierre financiero y administrativo de la obra.
Es importante destacar que, tras la última fecha autorizada para el término de la obra, el contratista continuó ejecutando trabajos y recibiendo indicaciones de supervisión.
Esto quedó registrado en la bitácora del 14 de junio de 2023, que señala: “Se sigue con los trabajos de baños públicos de hombres y mujeres área de patio (…)”. Sin embargo, no se formalizó un instrumento legal que facultara a las partes para continuar con la ejecución de la obra.
El 20 de marzo de 2024, se solicitó a la Coordinadora de Auditoría y Enlace de la Fiscalía el expediente de la obra, junto con información relativa al registro contable y comprobantes de pago (cheque o transferencia electrónica) correspondientes al anticipo y las estimaciones de la obra. La respuesta fue recibida el 4 y 24 de abril de 2024.
Fiscalía no entregó información técnica para realizar trabajos
El 29 de abril de 2024, se solicitó al contratista responder varios cuestionamientos, en los cuales reveló lo siguiente:
En cuanto a la fecha en que se puso a disposición información como proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigentes:
- “No se ha puesto a disposición del contratista (por parte de la Fiscalía) el proyecto y documentación técnica completa referente a la obra contratada como tal.
- “A la fecha no se nos entregó programa de obra, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigentes.
- “El proyecto tampoco se puso a nuestra disposición, el cual se solicitó en diferentes ocasiones.
A consecuencia de no existir un proyecto ejecutivo, diversos procesos de la obra se vieron retrasados en espera de solución técnica por parte de la Fiscalía General. Se realizaron diversos trabajos sin la entrega de planos con especificaciones, lo cual quedó asentado en las notas de bitácora (…)”.
En varias notas de bitácora de la obra se revelaron otras informaciones y documentos faltantes en la Fiscalía, necesarios para que el contratista pudiera realizar su trabajo:
El 23 de noviembre de 2022 se señaló que faltaban planos de instalaciones y colocación de contactos. Cinco días después, se solicitó a la Fiscalía General el plano eléctrico, pero informaron que no lo tenían y que estaba en revisión.
El 8 de diciembre de 2022 se tuvo una reunión con el responsable eléctrico para definir el diseño y la colocación de gabinetes de control, debido a la falta de proyecto ejecutivo por parte de la Fiscalía General.
El 2 de febrero de 2023 apenas se entregan planos de cancelería y plafones. Dichos planos solo fueron plantas arquitectónicas de donde se ubican los canceles y plafones, pero no se incluyeron las especificaciones técnicas de dichos canceles y plafones, como detalles constructivos, cortes, simbología, especificaciones generales y particulares. Ni siquiera incluyeron información elemental, como el nombre de la obra y la orientación geográfica”.
“Los niveles señalados en los planos proporcionados por la Fiscalía General no coincidieron con lo encontrado en físico, por lo que se tuvieron que modificar dichos niveles”.
“El 17 de febrero de 2023 se hace entrega de nuevos planos corregidos de plafones. Lo anterior es motivo de atraso en los frentes de trabajo de tablarroca, voz y datos, y cancelería”.
“El 24 de febrero de 2023 se hace reubicación de mamparas en agencias 7-9 por parte del supervisor de la Fiscalía General sin planos, ya que los planos entregados con anterioridad no coincidían con las medidas y tapaban las ventanas. Así que se hizo en la obra la distribución”.
El 8 de marzo de 2023 se anotó: “Solo se ha entregado plano de sembrado de lámparas y no un plano con especificaciones (circuitos, trayectorias, cableado, etc…)”.
Se informó que los sites se quedarían en el lugar original, lo que acarrea retrasos, ya que ya se había colocado la tubería y el cableado para las salidas que irían en el comedor. Esto originó una pérdida económica para el contratista por la canaleta ya instalada donde se ubicaría el site.
Por todas las carencias anteriores, el contratista solicitó diferir el programa de ejecución de los trabajos mediante un escrito del 27 de marzo de 2023, recibido en la Fiscalía General el 30 de marzo.
La ASEG concluyó:
“El sujeto fiscalizado (es decir, la Fiscalía) no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado. De los argumentos expuestos y la información proporcionada, no se presenta documentación con la cual se acredite la entrega al contratista de la documentación administrativa y técnica necesaria para regularizar la ejecución de los trabajos encomendados contractualmente, materia de la presente observación.
“Es importante mencionar que, si bien se proporciona la resolución mediante la cual se determina la rescisión del contrato, la verificación del cumplimiento de dicho procedimiento no es materia de análisis para la presente observación.
“Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización la observación se considera No Solventada, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado”.
Tampoco en unidades de atención para mujeres
La segunda obra que la Fiscalía adjudicó y contrató sin contar previamente con un proyecto ejecutivo, especificaciones generales y particulares de construcción, así como normas de calidad, fue: la “Adecuación de espacios para la Unidad de Atención Integral a las Mujeres y Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía Regional ‘D’, en el municipio de Guanajuato”.
La obra fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación directa y ejecutada al amparo del contrato FGEG-DBS-CI-OP-005/2022, del 30 de septiembre de 2022, por la Constructora RESTAURARQ S.A.
Tomando en cuenta lo anterior, la ejecución de los trabajos se vio afectada al presentarse diversas indefiniciones por parte de la contratante al contratista sobre los alcances reales de la obra, lo que derivó en un atraso de 222 días contados a partir del día siguiente de la última fecha autorizada para el término de los trabajos, 22 de mayo de 2023, de acuerdo con el “Tercer convenio modificatorio del contrato número FGEG-DBS-CI-OP-005/2022”.
La Fiscalía inició el proceso de rescisión de contrato el 2 de octubre de 2023, mismo que fue suspendido el 24 de octubre de 2023 con base en la respuesta de la contratista, quien, mediante la exposición de evidencia y argumentos, manifestó su interés en conciliar el proceso iniciado.
Posteriormente, se celebró un convenio de conciliación el 29 de diciembre de 2023. Al 31 de diciembre de 2023, no se tiene constancia de que la obra cuente con un cierre financiero y administrativo.
Esta irregularidad también se consideró como No Solventada por la ASEG.
Y otra en Purísima del Rincón
La tercera obra que la Fiscalía General del Estado contrató sin proyecto ejecutivo fue: “Adecuación de espacios para bodega en el Centro de Procuración de Justicia de Purísima del Rincón, Gto.”.
La obra fue contratada mediante adjudicación directa y ejecutada al amparo del contrato FGEG-DBS-CI-OP-008/2022, del 29 de noviembre de 2022, por la Constructora RESTAURARQ S.A.
Tomando en cuenta lo anterior, la ejecución de los trabajos se vio afectada al presentarse diversas indefiniciones por parte de la contratante al contratista sobre los alcances reales de la obra, lo que derivó en un atraso de 121 días contados a partir del día siguiente de la última fecha autorizada para el término de los trabajos, 31 de agosto de 2023, de acuerdo con el convenio modificatorio del contrato.
La Fiscalía inició el proceso de rescisión de contrato el 16 de octubre de 2023, mismo que fue suspendido el 6 de noviembre de 2023, derivado de la respuesta de la contratista, quien manifestó estar de acuerdo con el inicio de una conciliación, siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones:
- Que le fueran considerados sus argumentos sobre la nulidad de la rescisión del contrato.
- Su derecho a continuar ejecutando la obra.
- La reprogramación de las fechas de inicio y término del contrato.
- El reconocimiento de pago de trabajos ejecutados no liquidados, tanto de conceptos considerados en el presupuesto contratado, como de conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes.
- El reconocimiento de una indemnización por un porcentaje sobre los trabajos por ejecutar, así como el correspondiente recálculo de indirectos.
Lo anterior tenía como finalidad dar pauta a una conciliación, sin que para ello se tenga registro de haber formalizado algún convenio para tal fin. Al 31 de diciembre de 2023, no se tiene constancia de que la obra cuente con un cierre financiero y administrativo.
El sujeto fiscalizado no aportó elementos que desvirtúen el hecho observado. De los argumentos expuestos y la información proporcionada por el sujeto fiscalizado, no se presentó documentación que acreditara la entrega al contratista de la documentación administrativa y técnica necesaria para regularizar la ejecución de los trabajos encomendados contractualmente, materia de la presente observación.
“Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización la observación se considera No Solventada, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado”, concluyó la ASEG.
Primera parte: Fiscalía de Guanajuato acumula observaciones por 60 millones en compras directas sin licitar
Segunda Parte: Fiscalía de Guanajuato incumplió con obras de infraestructura por 4 millones de pesos, concluye auditoría
AAK