Guanajuato.- Por falta de pruebas o porque demostraron su inocencia, 705 acusados de asesinar, violar o robar, fueron liberados en Guanajuato, de enero de 2018 a octubre del 2022.

De ellos, 117 obtuvieron sentencias absolutorias, es decir, se declaró su inocencia.

El Poder Judicial del Estado, en respuesta a una solicitud de información de AM, precisa que 588 inculpados por la Fiscalía General del Estado, quedaron libres antes de una sentencia.

Esto significa que un juez, en cada caso, determinó que los datos de prueba de la Fiscalía no fueron suficientes para demostrar la culpabilidad del detenido.

Los fiscales pueden integrar otra carpeta con más pruebas y pedir que se reabra el proceso contra el acusado. 

Los casos de robo aparentemente son más difíciles de probar. En el lapso de casi cinco años, 424 casos presuntos ladrones detenidos quedaron libres. 

Acusados de violación recuperaron su libertad 29; por narcomenudeo 12 no fueron vinculados a proceso; por secuestro 2; por homicidio 12 y por feminicidio, 8 presuntos fueron liberados.

Las 117 sentencias absolutorias, es decir, que el tribunal declaró que el imputado no es culpable del delito, corresponden a 32 acusados por violación, 5 por secuestro, 62 por robo y 5 por narcomenudeo.

Por homicidio 16 personas fueron declaradas inocentes y por feminicidio otras 17. 

Reducen años de cárcel al concederles amparos

Criminales encontrados culpables por un juez y con sentencia condenatoria, han conseguido disminuir los años de cárcel gracias a que obtuvieron amparos.

El violador de una menor de edad fue uno de los que se benefició con este recurso legal, se amparó tras ser condenado a 10 años de cárcel como culpable de ese delito.

Su defensa argumentó mala valoración de las pruebas, resultado de la tipicidad del delito, la reparación de daño y la individualización de la pena, lo que le valió reducir su sentencia más de un año.

El decimosexto circuito, en el juicio de amparo directo, dejó sin efecto la resolución pronunciada el 3 de septiembre de 2021 y redujo su sentencia. 

“Se modifica la sentencia condenatoria, materia de impugnación; para el solo efecto de establecer que el grado de culpabilidad revelado por el acusado es ligeramente superior al mínimo, lo que trajo como consecuencia que se impusiera pena de prisión modificada y disminuida de ocho años y seis meses”, explica la sentencia. 

En uno de los párrafos se explica la angustia de la joven que aguantó las violaciones por 10 años, al convivir con su agresor. 

“En un principio le causó miedo lo que le hizo y sí quería denunciar los hechos, lo que decidió porque su estado de ánimo estaba muy mal, siempre lloraba recordando lo que le había hecho… en los últimos pensaba mucho en quererse morir”: 
Incluso en una ocasión la víctima intentó quitarse la vida, y después de la denuncia ha estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico con el que ha sentido una mejora, señala el informe de las declaraciones. 

Abusa de su hijastra

En 2015, antes de cumplir 14 años, una joven fue abusada sexualmente por la pareja de su mamá. 

Ya mayor de edad, señaló los tocamientos que le hizo, y tras ser sentenciado por un juez el agresor se amparó y logró una reducción de sentencia de prisión disminuida de 31 años con 10 meses. 

También disminuyeron la multa a 24 mil 559 pesos por el abuso cometido en 2015. 

En una ocasión, su padrastro la encerró en un cuarto con él, “le agarró adelante y la apretó bruscamente; le dijo que ese era su secreto; cuando salió, su mamá subió y le preguntó qué le había ocurrido, ella respondió que nada, que estaban jugando… su padrastro le dijo que si decía algo la iba a matar, se sintió muy asustada”.

La sentencia se logró disminuir por la probatoria en las imputaciones que señaló la Fiscalía y el trato a debido proceso, declaradas por el juez. 

Liberan a acusado de feminicidio

Lupita fue asesinada en marzo de 2021 supuestamente por su novio y este presunto homicida fue liberado por una jueza el 19 de octubre de este año. 

El juicio ya llevaba casi año y medio de proceso, la última audiencia del 26 de octubre daría a la familia razones por la que el joven salió de la cárcel, pero esta prefirió reservarse el avance por ahora. 

El papá de Lupita, José González Rivera, insistió a medios de comunicación que hay pruebas contra el agresor de su hija pues sus propios trabajadores lo delataron, pero esta información se excluyó en el juicio por no  estar integrada de forma correcta la declaración en la carpeta.

Guadalupe “Lupita” González Herrera tenía 26 años. El jueves 11 de marzo de 2021 salió de paseo con su novio, Sergio Antonio, a una cabaña de la Sierra de Lobos en León, Guanajuato

Once días después fue encontrada sin vida en la zona cerril de Camino Real de Vergel, en la sierra alta del municipio de San Felipe; la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció la detención de Sergio Antonio el 30 de marzo del año pasado y su vinculación a proceso penal por el delito de feminicidio.

En el juicio describieron que “en determinado momento tuvieron una discusión que derivó en una reacción violenta por parte del Sergio Antonio, quien con un arma de fuego disparó en contra de la víctima provocando su fallecimiento”.

Lupita ya no volvió a su casa en León, donde la esperaban sus dos hijos.

Acredita tortura y lo absuelven

El documento de sentencia señala que en 2010, un hombre fue encerrado por presuntamente formar parte de una banda de secuestradores que la Fiscalía desarticuló. 

Su defensa señaló que “se aplicó con inexactitud la ley, se violaron los principios que regulan la valoración de la prueba, se alteraron los hechos” en la versión que dio el inculpado, pues nunca se tomó en cuenta en el proceso judicial.  

La versión ministerial señala que durante un rondín de vigilancia en Valle de Santiago, Guanajuato, el 3 de junio de 2010 se atendió el llamado de una persona anónima que reportó una casa de seguridad. 

En el operativo, además de detener a cuatro personas, fue rescatado un hombre que dijo haber sido “sustraído de su domicilio por varias personas armadas”, luego de un enfrentamiento.  

De los detenidos, uno comenzó el proceso legal para su liberación, acusó de tortura a la Fiscalía y de creación de su caso.  

El imputado “fue obligado a declarar y a admitir los hechos sobre el secuestro que se le imputó. Determinación que originó la exclusión de declaración que en sede ministerial”, todo comprobado por el Protocolo de Estambul, que señala si hubo tortura. 

AM revisó el expediente público del 6 de abril de 2022 de un juicio de amparo directo penal, que resolvió: 

“Los agravios esgrimidos por la Defensa Pública son parcialmente fundados pero inoperantes, se concluye que existe insuficiencia probatoria para acreditar el delito de secuestro agravado y en consecuencia la responsabilidad penal del acusado”, señala el documento público. 

MCMH
 

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