Guanajuato.- Debido a que se tiene identificado el reclutamiento de menores de edad por grupos del crimen organizado, diputados de Morena presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal estatal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
La iniciativa contempla incrementar la pena por el delito de trata de personas, si este es cometido en contra de niños, niñas y adolescentes con el fin de que participen en las actividades ilícitas de los grupos delictivos.
Actualmente se prevén sanciones de entre ocho y hasta 23 años de prisión por este delito. La propuesta de Morena es que el castigo incremente de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo de la que corresponde de acuerdo con el artículo 179-c.
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Una de las consecuencias más alarmantes que trae consigo el fortalecimiento de los grupos delictivos es el reclutamiento que realizan de las niñas, niños y adolescentes para su participación en actividades ilícitas de grupos delictivos. Las formas de explotación cuando son reclutados dentro de los grupos armados son muy variadas, ya que incluyen el desempeño de labores que van desde ser: mensajeros, soldados, espías o halcones, hasta ser utilizados con fines sexuales, entre muchas más”, explicó la diputada Martha Edith Moreno Valencia.
La legisladora enfatizó que los grupos delictivos reclutan mayormente menores que se encuentran en zonas marginadas y de bajos recursos, en regiones en donde estos grupos han tomado el control, lo que dijo reflejaba que el reclutamiento tiene una dimensión de clase que afecta a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Argumentó que si bien el Código Penal reconoce el delito trata de personas y varias agravantes, no se considera motivo de mayor sanción cuando el delito se llevaba a cabo con el objetivo de someter a formas de explotación especialmente perniciosas, tales como la participación en actividades ilícitas de grupos delictivos.
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Moreno Valencia agregó que la propuesta busca establecer en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la obligación de las autoridades estatales y municipales de implementar políticas públicas que permitan prevenir, detectar y atender a las niñas, niños y adolescentes de los actos de explotación para fines de participación de actividades ilícitas en grupos delictivos.
La parte correspondiente al Código Penal se remitió para su análisis a la Comisión de Justicia, mientras que lo relativo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
JATR
